La ONG denuncia la falta de previsión, recursos e inspecciones en los centros de protección de la Región de Murcia
El grupo local de Amnistía Internacional en Murcia ha lanzado un contundente comunicado en el que responsabiliza al Gobierno de la Región de Murcia de no garantizar la protección debida a los menores migrantes no acompañados, ni en términos de recursos ni de planificación. La organización denuncia que, pese a que desde hace dos años el Ejecutivo regional admite que el sistema de protección de menores está desbordado, no ha puesto en marcha ninguna medida eficaz para remediarlo.
“La Región no ha hecho los deberes”, aseguran desde Amnistía, que recuerda que solo en 2023 la Fiscalía de Menores tramitó 420 expedientes de determinación de edad de personas migrantes, de los que 364 se confirmaron como menores no acompañados. A pesar de estas cifras, la Comunidad Autónoma no ha desarrollado estructuras específicas ni ha planificado la acogida adecuada, incumpliendo así —según la organización— las obligaciones legales recogidas en la legislación estatal sobre protección de la infancia.
Críticas a la falta de solidaridad y a los discursos criminalizadores
El comunicado denuncia también la negativa del Gobierno regional a participar en el proceso de reubicación de menores no acompañados procedentes de Canarias y Ceuta, un mecanismo solidario reclamado insistentemente por estas comunidades ante el colapso de sus propios recursos. Amnistía rechaza que se utilice esta reubicación como excusa para desviar la atención de una responsabilidad incumplida: “No es de recibo culpar a otras comunidades por la falta de medios propios”, señalan.
Además, la organización exige que no se utilicen discursos políticos “criminalizadores o deshumanizadores” contra estos menores, a quienes describe como “los más vulnerables entre los vulnerables”. Reclama también un enfoque específico para aquellos jóvenes que han sido víctimas de abusos, persecución o que tienen alguna discapacidad, con programas de atención adaptados a sus necesidades.
Una gestión opaca, sin datos clave y con pocas inspecciones
Amnistía Internacional ha enviado recientemente un escrito al presidente del Gobierno regional con un análisis exhaustivo de la situación. En él se denuncia que no existe diferenciación clara entre menores acompañados y no acompañados, ni en los informes públicos ni en los datos ofrecidos por la administración regional. De hecho, la respuesta obtenida por el coordinador de relaciones institucionales de la organización a través del Portal de Transparencia de la CARM admite que no se dispone de datos fundamentales, como el número de menores que abandonan el sistema de protección sin haber obtenido permiso de residencia o los que permanecen sin documentación a partir de los 16 años.
Otro dato preocupante es el escaso control institucional: según la Memoria Fiscal de 2024 de la Fiscalía de la Región de Murcia, en 2023 solo se realizaron inspecciones a 4 de los 24 centros ordinarios de atención a menores existentes. Desde Amnistía se exige un programa de inspecciones periódicas, sin previo aviso, para garantizar un control real sobre la calidad y legalidad de la atención prestada en estos centros.
Desamparo para los extutelados al cumplir los 18 años
Una de las críticas más duras del comunicado se centra en el abandono de los jóvenes extutelados por la Administración regional al alcanzar la mayoría de edad. La organización compara esta situación con la hipotética de un joven español que, al cumplir 18 años, fuese “echado a la calle sin medios de subsistencia, sin hogar, sin educación y sin apoyo”. Según Amnistía, esto es exactamente lo que está ocurriendo con muchos jóvenes migrantes que han estado bajo tutela y quedan en situación de exclusión al llegar a la mayoría de edad.
Para la organización, esto no solo constituye una vulneración del principio del interés superior del menor, sino que además condena a muchos de estos jóvenes al sinhogarismo, la marginalidad y la explotación laboral o sexual, ante la falta de dispositivos de transición a la vida adulta y la ausencia de documentación legal.
Amnistía exige cumplimiento legal y políticas dignas de protección
Desde el grupo local de Amnistía Internacional se subraya que la legislación española en materia de infancia y adolescencia garantiza los mismos derechos a todos los menores, sin discriminación por origen o situación administrativa. Por ello, exigen a la Región de Murcia que asuma su parte de responsabilidad tanto en la acogida de los menores migrantes como en la dotación de recursos y dispositivos específicos de atención.
Entre sus peticiones concretas figuran:
- Aprobación de un plan urgente de recursos e infraestructuras adaptadas.
- Participación activa en el plan estatal de reubicación de menores migrantes.
- Aumento de las inspecciones por parte de la Fiscalía de Menores.
- Acceso a datos públicos fiables, actualizados y desglosados.
- Programas específicos para jóvenes extutelados y personas en situación de especial vulnerabilidad.
La organización también se ofrece a colaborar con las instituciones públicas para facilitar propuestas técnicas y legales que garanticen una atención integral y respetuosa con los derechos humanos de estos menores.
En un contexto de polarización creciente sobre las políticas migratorias, Amnistía Internacional recuerda que la defensa de los derechos de los menores no es una opción política, sino una obligación legal y moral. La falta de respuesta del Ejecutivo regional —afirman— es un síntoma de desinterés institucional que perpetúa la desprotección de quienes más apoyo necesitan.
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