El Gobierno regional incumple sus obligaciones de transparencia por no dotar de medios suficientes a la División de Auditoría Pública
El Interventor General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha reconocido por escrito que la falta de personal y las dilaciones ajenas a su competencia están detrás del incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los informes de auditoría de las cuentas públicas de 2023 y 2024, tal como establece la Ley de Transparencia. Así lo recoge la resolución oficial firmada por el alto funcionario el 19 de junio, en respuesta a una solicitud de acceso a la información formulada por un ciudadano a través del portal de transparencia.
En el documento, el interventor David Rodríguez Vicente explica que los informes correspondientes al ejercicio 2023 —que debían estar disponibles hace meses según el marco legal vigente— aún no se han hecho públicos porque están en fase de alegaciones. Los de 2024, por su parte, ni siquiera han sido concluidos: se encuentran todavía en proceso de elaboración, lo que implica que su publicación podría retrasarse durante meses.
Pero más allá del calendario técnico, la causa del incumplimiento apunta directamente al Ejecutivo regional: la Intervención General alega “escasez de efectivos” y “diversas incidencias de salud en su personal” como motivos principales del retraso, señalando explícitamente que no cuenta con los recursos humanos suficientes para realizar su labor en tiempo y forma.
Un déficit de medios que compromete el control público y la rendición de cuentas
La situación descrita por el máximo responsable del control financiero en la administración autonómica pone en evidencia una grave carencia estructural dentro de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, de la que depende la División de Auditoría Pública. La resolución admite también que otras dilaciones en los trabajos han sido “ajenas al ámbito de decisión de esta Intervención General”, lo que apunta a una posible falta de colaboración por parte de otras unidades o entidades fiscalizadas.
El resultado es que, a día de hoy, la ciudadanía sigue sin tener acceso a los informes de auditoría de decenas de organismos y empresas públicas, incluidos entes como el Instituto de Turismo (ITREM), la Entidad de Saneamiento (ESAMUR) o el Instituto de Fomento (INFO), a pesar de que el artículo 10 de la Ley estatal de Transparencia y el artículo 17 de la Ley regional 12/2014 obligan a su publicación proactiva y periódica.
Ni la Consejería ni el Consejo de Gobierno han ofrecido hasta el momento explicaciones sobre por qué no se han reforzado los medios humanos de la Intervención General, un órgano clave para fiscalizar el uso de recursos públicos, especialmente en un momento en el que se gestionan millones de euros procedentes de fondos europeos y estatales.
Transparencia en entredicho: sin fecha para cumplir la ley
Aunque en su respuesta la Consejería admite la legitimidad de la petición y se compromete a publicar los informes “tan pronto como sea posible”, no aporta ninguna fecha concreta ni calendario de cumplimiento. El texto tampoco ofrece alternativas para facilitar de forma inmediata al solicitante la información ya disponible, a pesar de tratarse de documentación pública.
Este retraso crónico vuelve a situar al Gobierno de la Región de Murcia en el centro de la crítica por su falta de compromiso con la transparencia, y se suma a las denuncias de opacidad recogidas recientemente por LasNoticiasRM en relación con los informes de fiscalización de las empresas públicas regionales, que no han sido publicados en años a pesar de las reiteradas obligaciones legales.
Desde el ámbito jurídico, la resolución advierte al ciudadano que puede interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia o acudir a la vía contencioso-administrativa. Sin embargo, la responsabilidad última recae sobre un Gobierno que no dota de medios suficientes al órgano que debe fiscalizarlo.
Mientras tanto, decenas de millones de euros gestionados por entes públicos siguen sin un control plenamente accesible para la ciudadanía. Una situación insostenible que no se explica por problemas técnicos, sino por una decisión política: la de no invertir en transparencia real.
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