
Denuncian que la Junta Electoral Regional ha descartado arbitrariamente cerca del 30 % de los apoyos recogidos, pese a superar con creces el mínimo legal

La Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una vivienda digna en la Región de Murcia ha presentado un recurso ante la Junta Electoral Regional para exigir que se verifiquen todas las firmas entregadas, más de 16.000 en total, de las cuales alrededor de 5.000 han sido descartadas por el órgano electoral, pese a que la ILP supera ampliamente el mínimo legal requerido.
Denuncia por filtración injustificada de firmas
La polémica surge después de que la Junta Electoral haya admitido solo unas 11.000 rúbricas, descartando cerca del 30 % bajo el criterio de ser “excedentes” respecto al mínimo legal, algo que la comisión promotora califica de “arbitrariedad” y considera contrario a la ley autonómica que regula las ILP en la Región de Murcia. Los impulsores del recurso comparan esta actuación con “no contar los votos del extranjero porque no modificarían el escrutinio”, y advierten de que se trata de un intento de restar legitimidad a la voluntad popular.
Recurso pendiente y debate parlamentario adelantado
El recurso fue presentado el 23 de junio, el mismo día que la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional fijaba el debate de la ILP para el 8 de julio, antes incluso de que se resuelva la reclamación. La Comisión Promotora considera que ambas decisiones –descartar firmas y adelantar el debate– buscan minimizar el impacto social de la propuesta y desactivar su potencial justo antes del periodo estival.
Más de 16.000 voces por una ley efectiva de derecho a la vivienda
La ILP, impulsada por más de veinte entidades sociales y respaldada por más de 16.000 firmas (un 60 % más del mínimo exigido), es la propuesta ciudadana más apoyada de la historia reciente de la Región de Murcia. Entre sus principales demandas figuran impedir la venta de vivienda pública, la creación de un servicio regional de mediación en alquiler, un registro de demandantes de vivienda, compensaciones por demora en ayudas y el derecho de retracto autonómico sobre viviendas protegidas.
Estos apoyos llegan tras meses de movilización ciudadana y acciones públicas, como la manifestación del pasado enero en la que más de 500 personas reclamaron el derecho a una vivienda digna y denunciaron el incumplimiento de la ley autonómica de vivienda.
La Comisión Promotora exige que la Junta Electoral revise y valide todas las firmas presentadas para que la voz de miles de ciudadanos sea tenida en cuenta y la ILP pueda ser debatida con todas las garantías democráticas en la Asamblea Regional.
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