El consejero de Hacienda anula la capacidad de la consejera Conchita Ruiz para adquirir viviendas tras la polémica por los menores migrantes y la amenaza de veto de Vox a los presupuestos
El Gobierno de Fernando López Miras ha consumado en el día de hoy un nuevo gesto de sumisión ante Vox que deja al descubierto el nivel de dependencia y humillación que atraviesa el Ejecutivo regional. El consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, ha firmado una orden —publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)— por la que revoca oficialmente las competencias patrimoniales a la consejera de Política Social, impidiéndole comprar viviendas o inmuebles públicos. El movimiento se produce apenas unas horas después de que Vox vetara públicamente el plan de acogida de menores migrantes no acompañados, forzando al Gobierno a recular.
La retirada de competencias se formaliza mediante la Orden 3180, con fecha 1 de julio, que anula la delegación aprobada el pasado 25 de junio. En apenas una semana, Marín ha pasado de conceder a Conchita Ruiz la capacidad de comprar viviendas al servicio de la política social, a quitarle esa autoridad por completo. ¿La razón? El temor a que vuelva a actuar con autonomía en un terreno que Vox considera “innegociable”.
Una decisión administrativa para blindar el chantaje político
El texto de la orden recurre al lenguaje habitual: razones de “interés público” y la posibilidad de revocar la delegación en cualquier momento. Pero el contexto es evidente: tras el anuncio de compra de viviendas para alojar a menores tutelados, Vox amenazó con tumbar los presupuestos regionales. El Gobierno se disculpó públicamente y canceló el proyecto. Ahora, Marín completa la operación retirando cualquier posibilidad de que la consejera vuelva a tomar una decisión semejante.
La maniobra no responde a un criterio técnico ni económico, sino al puro cálculo político y a la necesidad de apaciguar a los socios ultras del Ejecutivo. En la práctica, el mensaje es claro: ningún consejero podrá volver a “salirse del tiesto” sin consecuencias.
Un gobierno rehén que gobierna bajo amenaza
Lo ocurrido trasciende lo administrativo. Supone la institucionalización del chantaje como forma de gobierno y confirma que Vox no solo condiciona el discurso del PP, sino que impone vetos y controla la estructura interna del Ejecutivo murciano. Marín, al firmar esta orden, actúa como garante de ese control, no como consejero de Hacienda.
Diversos grupos sociales y políticos, desde IU hasta el PSOE, ya han denunciado que lo ocurrido con los menores migrantes ha sido un acto de “mercadeo deleznable” y “una claudicación moral”. El hecho de que ahora se formalice además la retirada de competencias a Política Social no hace más que profundizar en esa humillación pública, que no afecta solo a una consejera, sino a todo el sistema de protección de la infancia en la Región.
Cuando proteger a menores se convierte en un riesgo político
El caso ha dejado en evidencia que, en la Región de Murcia, proteger a menores tutelados puede costarle el puesto o las competencias a un miembro del Gobierno. La prioridad, una vez más, ha sido blindar los apoyos parlamentarios, aunque eso implique vulnerar derechos o sacrificar políticas públicas legítimas.
Con esta orden, el Gobierno regional no solo cede ante Vox, sino que reestructura su funcionamiento para evitar futuros “errores”. La lección es clara: cualquier iniciativa social, progresista o vinculada a derechos humanos que incomode a la ultraderecha, será vetada. Y quienes se atrevan a impulsarla, desautorizados.
En la Región de Murcia, ya no solo se gobierna con Vox. Se gobierna para Vox. Y ahora, también con miedo a Vox.
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