Desde el 1 de julio, todas las viviendas turísticas deben contar con número de registro oficial para operar en plataformas digitales
España se ha convertido en el primer Estado miembro de la Unión Europea en desplegar por completo el nuevo reglamento comunitario sobre alquileres de corta duración. Desde este 1 de julio, todas las viviendas que se anuncien en plataformas digitales como Airbnb o Booking están obligadas a contar con un número de registro válido emitido por las autoridades competentes. La medida entra en vigor tras seis meses de fase transitoria, y busca combatir la oferta ilegal y proteger el derecho a la vivienda frente al auge del turismo descontrolado.
El sistema, gestionado a través de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, permite clasificar si el uso es turístico o de temporada, así como si el arrendamiento se realiza por habitaciones o vivienda completa. A partir de ahora, los portales digitales estarán obligados a retirar todos los anuncios que no estén debidamente registrados, que utilicen un número incorrecto o que hayan sido revocados por incumplimiento de la normativa.
Más de 215.000 solicitudes registradas, 2.400 en la Región de Murcia
Desde enero de 2025 se han presentado 215.438 solicitudes de inscripción en toda España. De ellas, 94.209 alojamientos ya cuentan con número de registro activo, 102.732 están aún en fase provisional y 18.497 han sido revocados por incumplimiento de requisitos.
En la Región de Murcia se han tramitado 2.403 solicitudes. Según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, 712 alojamientos ya tienen registro activo, 1.457 se encuentran en fase provisional y 234 han sido revocados. El 88,18 % de las inscripciones corresponden a alquileres con fines turísticos.
La ministra Isabel Rodríguez ha defendido esta iniciativa como “un paso clave para ordenar el mercado, evitar la expulsión de vecinos de sus barrios, frenar la especulación con precios y garantizar el acceso a una vivienda digna”.
El objetivo: combatir la oferta ilegal y proteger el derecho a la vivienda
El despliegue de esta normativa busca reforzar el control sobre el alquiler de corta duración, garantizar una competencia justa y frenar el impacto que este modelo está teniendo sobre el mercado residencial en ciudades y municipios turísticos.
A partir de este mes de julio se abre un nuevo periodo de supervisión, en el que las administraciones públicas deberán resolver los expedientes de revocación pendientes, evaluar las solicitudes provisionales y garantizar que las plataformas digitales cumplan con su obligación de verificar el registro de cada alojamiento.
Desde el Gobierno central insisten en que la normativa no tiene carácter sancionador directo, pero sí permitirá detectar con mayor agilidad las ofertas ilegales y actuar sobre ellas de forma más eficaz. Las plataformas que incumplan se enfrentarán a la retirada de anuncios y, en caso de reincidencia, a posibles sanciones.
Con esta medida, España se adelanta al resto de países de la UE en la aplicación del reglamento comunitario y lanza un mensaje claro: la vivienda no puede ser una mercancía sin control. La nueva norma trata de equilibrar el desarrollo del turismo con el derecho de la ciudadanía a vivir en su ciudad sin ser expulsada por la presión del alquiler turístico.
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