La saturación del sistema y la falta crónica de recursos explican buena parte de las negligencias que terminan en compensaciones económicas
El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha abonado un total de 4.464.075,69 euros en indemnizaciones por daños causados a pacientes entre enero de 2019 y marzo de 2025, según el listado oficial de expedientes consultado por LasNoticiasRM.es. Detrás de cada uno de estos pagos hay un fallo asistencial, un retraso diagnóstico, una intervención fallida o una omisión clínica, muchos de los cuales derivaron en lesiones permanentes, secuelas irreversibles e incluso fallecimientos.
El análisis de los datos evidencia que estos errores médicos no responden a hechos aislados, sino a una dinámica estructural de saturación crónica, falta de personal sanitario, sobrecarga de servicios y recursos materiales insuficientes. Lejos de actuar de forma preventiva, la administración sanitaria regional ha venido resolviendo las consecuencias de estos fallos mediante indemnizaciones millonarias, mientras los factores de riesgo siguen sin abordarse.
Ginecología, urgencias y cirugía: las especialidades con mayor número de casos
Las especialidades más afectadas por estos pagos son urgencias, ginecología y obstetricia, cirugía general, traumatología y atención primaria, lo que coincide con las áreas del sistema sanitario más expuestas a la presión asistencial y al déficit de profesionales. En muchos hospitales de la Región de Murcia, los servicios de urgencias llevan años operando por encima de su capacidad, con tiempos de espera desbordados, profesionales doblando turnos y plantillas insuficientes.
Uno de los casos recogidos en el listado incluye una indemnización de 850.000 euros por un fallo en un parto, que provocó secuelas neurológicas en el recién nacido. Otro expediente, también relacionado con ginecología, supuso un pago de 330.672 euros. En el ámbito de urgencias, se indemnizó con 229.157 euros a una familia tras un error en la atención inmediata. Casos similares se repiten en oncología, oftalmología, cirugía cardiovascular o anestesia.
Estas cifras no solo evidencian la gravedad del daño causado, sino también la incapacidad del sistema para garantizar una atención segura en entornos clínicos donde el riesgo se incrementa por la presión estructural.
Pagos millonarios que encubren un problema crónico de financiación y gestión
El total abonado, más de 4,4 millones de euros en seis años, equivale al presupuesto anual de un centro de salud o a la contratación de más de un centenar de profesionales durante un año. Sin embargo, esta carga económica no se traduce en cambios estructurales ni en refuerzos permanentes.
Desde sindicatos y asociaciones sanitarias se viene advirtiendo de manera reiterada sobre las condiciones de precariedad laboral, la fuga de profesionales, la sobrecarga de las plantillas y la infrafinanciación de la sanidad regional, que sigue siendo una de las más castigadas en términos de inversión por habitante. La Región de Murcia se encuentra sistemáticamente por debajo de la media estatal en gasto sanitario público, lo que repercute directamente en la calidad asistencial.
Estos fallos no son, en la mayoría de los casos, fruto de la imprudencia individual, sino consecuencia directa de una gestión política que ha recortado recursos, ha permitido el colapso de servicios esenciales y ha priorizado otros gastos frente a la inversión estructural en salud pública.
Una administración que indemniza el daño pero no corrige sus causas
A pesar de las cifras millonarias abonadas, no consta que la Consejería de Salud haya impulsado planes específicos para reforzar los servicios implicados. Las indemnizaciones se pagan de forma aislada, sin un análisis público de causas, sin rendición de cuentas y, sobre todo, sin cambios estructurales que eviten que estos errores se repitan.
El silencio institucional frente a estos pagos contrasta con la transparencia exigible a cualquier administración pública. En comunidades como Navarra, Asturias o Euskadi existen sistemas de evaluación continua de la calidad asistencial que permiten identificar riesgos, anticiparse a errores y reforzar las áreas más vulnerables. En la Región de Murcia, por el contrario, la respuesta es reactiva, no preventiva: se indemniza al paciente dañado, pero no se refuerza al servicio colapsado.
La acumulación de estos expedientes de responsabilidad patrimonial pone de manifiesto una sanidad al límite, cuyo principal riesgo no son los profesionales, sino la falta de recursos que padecen. Y mientras tanto, los pacientes siguen pagando las consecuencias, a veces con su salud, otras con su vida. Y siempre, con dinero público.
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