La Delegación del Gobierno advierte que el acuerdo de PP y Vox vulnera la libertad religiosa, la igualdad y la neutralidad institucional, y constituye una desviación de poder
El Gobierno de España ha requerido formalmente al Ayuntamiento de Jumilla que anule el acuerdo aprobado el pasado 28 de julio, impulsado por el Partido Popular con el apoyo indirecto de Vox, que modifica el Reglamento de Uso y Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales para restringir su utilización a actividades deportivas o actos organizados por el propio consistorio. La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia considera que esta medida es contraria al ordenamiento jurídico, al vulnerar el derecho fundamental a la libertad religiosa, el principio de igualdad y la neutralidad confesional que exige la Constitución.
El requerimiento, firmado por la delegada María Dolores Guevara, detalla que la norma, pese a presentarse como una reorganización técnica del uso de espacios, encubre en realidad un veto dirigido específicamente a impedir que la comunidad musulmana local siga celebrando sus festividades religiosas, como el Eid al-Fitr o la Fiesta del Sacrificio, en el pabellón municipal. Según el propio escrito, estas celebraciones se han venido realizando “desde hace décadas” con licencia municipal y sin incidentes, constituyendo una manifestación sociocultural legítima amparada por el reglamento vigente.
Una medida nacida de una moción de Vox
El origen del acuerdo está en una moción del Grupo Municipal Mixto Vox, cuyo texto incluía ataques directos a la “Fiesta del Cordero” y a otras celebraciones islámicas, calificándolas de “prácticas ajenas a la identidad nacional”. Vox instaba a prohibir su desarrollo en cualquier espacio público y a reforzar “las manifestaciones religiosas tradicionales” frente a costumbres “foráneas”. Tras una enmienda del PP, la moción se redujo a dos puntos: la promoción de “valores y manifestaciones religiosas tradicionales” y la modificación del reglamento deportivo para excluir actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento.
Para la Delegación del Gobierno, las declaraciones posteriores de representantes de Vox y del propio PP demuestran que la motivación real no es técnica, sino ideológica. Entre ellas, la del concejal de Vox, Juan Agustín Navarro, quien afirmó: “A partir de ahora no se volverá a celebrar ni el fin del Ramadán ni el rezo del cordero”. En redes sociales, Vox llegó a proclamar que “gracias a Vox se ha aprobado el primer decreto que prohíbe las ceremonias islámicas en lugares públicos en España”.
Fundamentos jurídicos del requerimiento
El escrito del Gobierno central sostiene que la medida incurre en “desviación de poder”, ya que utiliza competencias municipales para fines distintos a los previstos por la ley, vulnerando derechos fundamentales. Recuerda que el artículo 16 de la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa reconocen el derecho a la manifestación pública del culto, y que cualquier restricción debe estar debidamente motivada, ser necesaria y proporcional, cosa que no ocurre en este caso.
El requerimiento cita también jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que impide a las corporaciones locales establecer limitaciones a derechos fundamentales sin cobertura legal expresa. Recuerda además que la neutralidad institucional obliga a garantizar el uso equitativo de los espacios públicos, sin favorecer ni obstaculizar el ejercicio de culto en función de la confesión religiosa implicada.
La Delegación subraya que el reglamento municipal vigente permite expresamente el uso de instalaciones deportivas para actividades socioculturales, y que las celebraciones religiosas forman parte de este concepto. Limitarlo sin justificación supone una infracción de los principios de adecuación y suficiencia del uso de bienes de dominio público y una exclusión discriminatoria hacia una confesión minoritaria.
Reacciones y consecuencias
El requerimiento da un plazo de un mes al Ayuntamiento de Jumilla para revocar el acuerdo. Si no lo hace, el Gobierno podría impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Mientras tanto, la medida ha generado un amplio rechazo social e institucional. La Comisión Islámica de la Región de Murcia ha denunciado un ataque directo a la convivencia y a la integración, recordando que la comunidad musulmana de Jumilla ha mantenido una relación cordial con el resto de vecinos.
Colectivos sociales, sindicatos y formaciones políticas progresistas han advertido del riesgo de convertir a Jumilla en “laboratorio” de políticas de exclusión religiosa. Incluso la Iglesia Católica, a través de voces autorizadas, ha manifestado su desacuerdo con el veto.
Desde el Gobierno central, el ministro Félix Bolaños ha afirmado que “frente a la deriva extremista de PP y Vox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa”. La ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, ha criticado el “doble rasero” de quienes invocan la tradición mientras niegan el derecho a celebrar festividades con décadas de arraigo en el municipio.
El caso ha abierto un debate a nivel nacional sobre los límites de la autonomía municipal y el respeto a los derechos fundamentales, situando a Jumilla en el centro de la controversia sobre la libertad religiosa y la igualdad en el uso de los espacios públicos.
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