El Juzgado de lo Social nº3 de Cartagena responsabiliza al consistorio de precarizar a sus socorristas y encadenar contratos ilegales
LasNoticiasRM ya adelantó en enero de 2023 que el Ayuntamiento de San Javier acumulaba más de 100.000 euros en posibles indemnizaciones por contratos en fraude de ley
El Ayuntamiento de San Javier ha sido condenado por el Juzgado de lo Social nº3 de Cartagena tras una serie de sentencias que declaran improcedentes los despidos de varios socorristas que trabajaron en las playas de La Manga del Mar Menor y Santiago de la Ribera entre 2021 y 2023.
Los fallos judiciales constatan que el consistorio utilizó contratos temporales en fraude de ley para cubrir necesidades permanentes y que, al externalizar el servicio a una empresa privada, no procedió a la extinción legal de las relaciones laborales. El juzgado concluye que los trabajadores mantenían en realidad una condición de fijos discontinuos y que sus ceses fueron despidos improcedentes.
“Estamos ante un contrato en fraude de ley”
Las resoluciones son especialmente duras contra la gestión municipal. Una de las sentencias afirma de manera tajante que “estamos pues ante un contrato en fraude de ley y hay que determinar qué contrato se esconde en el substrato de la relación contractual real, y efectivamente no es otro que el de fijo pero con carácter discontinuo”.
El magistrado también reprocha al Ayuntamiento la forma de extinguir los vínculos laborales: “Si la empresa, el Ayuntamiento, externaliza el servicio debía haber procedido a la extinción del contrato con cualquier modalidad lícita, por ejemplo a través del despido objetivo, pero no haciéndolo así el despido debe ser declarado improcedente”.
Indemnizaciones y censura al “despido tácito”
Las indemnizaciones fijadas alcanzan hasta los 2.600 euros por trabajador en función de los periodos trabajados. El juzgado rechaza además la tesis del Ayuntamiento de que los afectados conocían que no serían llamados para las campañas posteriores, y advierte que “cuando de una Administración Pública, como es el Ayuntamiento se trata, la aplicación de una caducidad en un despido tácito se hace de difícil comprensión”.
Los fallos subrayan que el consistorio debió notificar de manera formal cualquier cese y ofrecer vías de impugnación, algo que nunca ocurrió.
Privatización encubierta y denuncias desde 2023
Los sindicatos recuerdan que el Ayuntamiento negó reiteradamente su intención de privatizar el servicio de socorrismo y salvamento, pese a que finalmente lo adjudicó a la empresa Abumar Sys S.L. en 2024. La CGT denuncia que se engañó a los representantes sindicales en una reunión en septiembre de 2023, apenas unas semanas antes de la licitación.
La Justicia, sin embargo, ha absuelto a la empresa adjudicataria al entender que no tenía obligación legal de subrogar al personal, dejando al Ayuntamiento de San Javier como único responsable de las irregularidades.
Exclusiva de LasNoticiasRM.es en 2023
Este medio ya adelantó en enero de 2023 que el Ayuntamiento de San Javier acumulaba más de 100.000 euros en posibles indemnizaciones por contratos en fraude de ley, en una exclusiva que ahora se ve confirmada con las sentencias firmes contra el consistorio.
Un patrón de precariedad institucionalizado
La serie de resoluciones pone de manifiesto un patrón: contratos temporales sin causa, ceses no notificados y externalización sin garantías. En palabras del propio juzgado: “Estamos ante un contrato en fraude de ley” y la actuación del Ayuntamiento se tradujo en despidos improcedentes que vulneran derechos básicos de los trabajadores.
Consecuencias y posibles nuevas reclamaciones
Además de las indemnizaciones ya fijadas, expertos jurídicos consultados advierten de que las sentencias pueden abrir la puerta a nuevas demandas de otros trabajadores en la misma situación, lo que incrementaría la responsabilidad económica y reputacional del Ayuntamiento de San Javier.
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