Un auto judicial apunta a indicios de prevaricación administrativa y pone bajo la lupa la gestión del regidor desde su llegada a la Alcaldía
García Bernabé niega la mayor y afirma que “ese local lo cerré yo”
El alcalde de Alguazas, José Gabriel García Bernabé, se encuentra en el centro de un proceso judicial que amenaza con abrir una crisis política en el municipio. El Juzgado de Instrucción de Molina de Segura ha dictado un auto, fechado el 6 de agosto de 2025, en el que acuerda continuar por procedimiento abreviado la investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa vinculado al local Radikal Café. La decisión no supone condena, pero sí reconoce indicios suficientes para trasladar el caso a la Fiscalía y a las acusaciones, que deberán decidir si piden la apertura de juicio oral.
Indicios de permisividad en una actividad ilegal
El auto pone de relieve que, desde su toma de posesión en junio de 2023, el regidor habría permitido de forma consciente que el local funcionara como discoteca pese a carecer de licencia y a la imposibilidad legal de obtenerla por su ubicación en suelo no urbanizable. El juez cita un informe del Defensor del Pueblo de julio de 2023 que ya advertía de los niveles de ruido por encima de lo permitido, la contaminación sonora y lumínica y el incumplimiento de la normativa urbanística, hechos de los que el Ayuntamiento estaba advertido.
El escrito judicial recuerda que existían informes policiales desde 2021, que en 2022 ya se había denegado la licencia y que no fue hasta noviembre de 2023 —tras la denuncia presentada el día 10— cuando se decretó el cese de actividad. Incluso entonces, el local volvió a abrir en junio de 2024. Todo ello configura un relato procesal que apunta a la inacción municipal frente a las quejas vecinales y frente a la propia evidencia documental.
Un caso con fuerte impacto político y vecinal
La denuncia inicial, que recogía protestas vecinales, informes policiales y resoluciones municipales previas, acusaba a la Alcaldía de haber tolerado una actividad “jurídicamente clandestina” durante meses. El juzgado, al ordenar la continuación en procedimiento abreviado, confirma que existen elementos para depurar responsabilidades, aunque la última palabra la tendrán el Ministerio Fiscal y, en su caso, el tribunal que juzgue los hechos.
Más allá de la letra judicial, el caso tiene un claro componente político: la figura del alcalde queda señalada por su gestión de un asunto que afecta directamente a la convivencia vecinal y a la aplicación de la legalidad urbanística y ambiental. Que un regidor figure como investigado por prevaricación administrativa sitúa al municipio en una posición incómoda y erosiona la confianza en la institución local.
La versión del alcalde: “Ese local lo cerré yo”
Tras conocerse el auto, el propio José Gabriel García Bernabé ha querido fijar públicamente su postura. En conversación con LasNoticiasRM, recuerda que «el Radikal Café abrió en 2020, y que continuó funcionando hasta 2023″. Según su relato, ninguno de los anteriores mandatarios actuó para clausurar el local.
García Bernabé asegura que, tras asumir la Alcaldía en julio de 2023, cerró el establecimiento en octubre de ese mismo año, resolviendo una licencia solicitada en 2020 que “llevaba casi cuatro años sin respuesta”. “Me denuncian a mí por no cerrar algo que SÍ he cerrado”, subraya, insistiendo en que actualmente el local está clausurado.
El regidor interpreta la denuncia como una búsqueda de “titulares de prensa fáciles” y recalca que su actuación ha sido la de poner fin a una situación heredada de gobiernos anteriores.
La reacción del PSOE: “Alguazas merece un Ayuntamiento limpio”
Tras conocerse el auto, el PSOE de Alguazas difundió un comunicado en sus redes sociales en el que acusa al alcalde de haber permitido durante meses la actividad de un local con orden de cierre, incluso organizando actos municipales allí e ignorando las quejas vecinales. Los socialistas señalan que García presume ahora de una gestión “ejemplar”, pero que el auto judicial refleja lo contrario.
El partido recuerda que en julio el regidor cesó a un concejal por supuestas irregularidades afirmando que “nadie, se llame como se llame”, estaba por encima de la legalidad, y le reprocha no aplicar la misma vara de medir a su propia situación. “Alguazas merece un Ayuntamiento limpio, no un alcalde procesado por la Justicia que mancha el nombre de nuestro pueblo”, concluye el comunicado difundido en redes sociales.
La justicia decidirá, pero la presión aumenta
Con el procedimiento ya en fase intermedia, corresponde a Fiscalía decidir si se formula acusación o se solicita el sobreseimiento. Entretanto, el alcalde mantiene intacta su presunción de inocencia, aunque el auto judicial fija un relato que compromete su credibilidad política.
El futuro judicial del alcalde está ahora en manos de la Fiscalía y de los tribunales, pero el desgaste político es ya un hecho: la gestión de García Bernabé ha quedado ligada a un caso que cuestiona su respeto a la legalidad y que seguirá marcando la agenda pública del municipio en los próximos meses.
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