La Audiencia Nacional condena a Ruiz, Alonso, Martínez y Saura por desviar fondos públicos para trabajos de reputación digital vinculados a las elecciones de 2015
Más de una década después de iniciarse la investigación, la Operación Púnica –una de las mayores tramas de corrupción en España– ha llegado a sentencia en su rama murciana. Esta macrocausa, destapada en 2014, investigó el amaño sistemático de contratos públicos en varias regiones, incluidos municipios de la Comunidad de Madrid y Cartagena (Murcia), con adjudicaciones por al menos 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales.
En la Región de Murcia, las pesquisas se centraron en un esquema de mejora de reputación online de políticos financiado con fondos públicos. Según la Fiscalía Anticorrupción, desde abril de 2014 el entonces consejero de Industria, Turismo y Empresa, Juan Carlos Ruiz (PP), aspirante a candidato a la presidencia regional, mostró interés en unos trabajos de “lavado de imagen” en internet que le ofrecieron el exalcalde cartagenero José Antonio Alonso y el empresario Alejandro de Pedro.
El plan consistía en cuidar la reputación del consejero en redes sociales y potenciar su visibilidad positiva –incluyendo un “Informe de Percepción Inicial” sobre su presencia online– de cara a mejorar sus opciones como candidato del Partido Popular en las elecciones de 2015. A cambio, Ruiz habría acordado con su jefe de gabinete, José Fidel Saura, y los intermediarios Alonso y De Pedro camuflar el pago de esos servicios personales mediante contratos públicos amañados a las empresas de la trama (Eico y Madiva).
En particular, se simuló la licitación de contratos desde el Instituto de Turismo y el Instituto de Fomento –entidades dependientes de la Consejería y presididas por el propio Ruiz– para encubrir los trabajos de reputación, como un contrato de ~20.000 euros adjudicado a Eico con apariencia de promocionar el turismo náutico.
La Guardia Civil llegó a imputar en 2015 a varios altos cargos murcianos por estos hechos, entre ellos la directora del Instituto de Turismo Mariola Martínez Robles, el secretario general de la consejería Jesús Norberto Galindo y la directora del Instituto de Fomento Reyes Samper.
La investigación también salpicó al entonces alcalde de Puerto Lumbreras y futuro presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, por reuniones con De Pedro para mejorar su imagen (deteriorada por el caso Auditorio) antes de las elecciones de 2015. No obstante, esos contratos nunca se formalizaron –la operación policial estalló en pleno contacto– y la Audiencia Nacional acabó archivando la causa contra Sánchez en 2019 por falta de pruebas de desvío de dinero público. (También la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, investigada por hechos similares, fue exculpada por el Tribunal Supremo en 2018 al expirar los plazos de instrucción.)
Condenas de la Audiencia Nacional en la rama murciana
El juicio de la rama murciana de Púnica, celebrado en la Audiencia Nacional en enero de 2025, ha concluido con penas de prisión e inhabilitación para los principales acusados. En la sentencia hecha pública este lunes 8 de septiembre de 2025, el tribunal declara culpables de fraude a la administración y cohecho a los cuatro cabecillas de la trama murciana, imponiendo penas de cuatro años de cárcel a cada uno:
- Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Industria y Turismo de Murcia: 1 año de prisión por fraude y 3 años por cohecho, además de varias inhabilitaciones para cargo público y la obligación de pagar las costas procesales del juicio.
- José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena (1991-1995) y considerado “conseguidor” de la trama: 1 año de prisión por fraude y 3 años por cohecho, junto con multa de 3.650 euros, inhabilitación para empleo o cargo público durante varios años y la pérdida del derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena.
- Alejandro de Pedro Llorca, empresario valenciano socio de Alonso y experto en marketing digital: 4 años de prisión (fraude y cohecho). Fue quien orquestó técnicamente las campañas de imagen y cuyas empresas (Eico y Madiva) recibieron las adjudicaciones amañadas.
- Mariola Martínez Robles, exdirectora del Instituto de Turismo de Murcia: 1 año de prisión por fraude y 3 años por cohecho, más multa de 3.650 euros e inhabilitación para empleo público.
Asimismo, otros acusados han recibido penas menores: el exjefe de gabinete José Fidel Saura ha sido condenado a 4 años de prisión (fraude + cohecho) e inhabilitación; el exsecretario general Jesús Norberto Galindo fue penado con 1 año de cárcel por fraude; y dos colaboradores de la trama –Francisco Javier Bueno y Sara G. (empleados vinculados a las empresas)– fueron considerados cómplices en el delito de fraude y sentenciados a 6 meses de prisión, con sus respectivas inhabilitaciones, además del pago de costas procesales.
Por otra parte, el tribunal absolvió a varios acusados del delito de prevaricación administrativa, entre ellos Alonso, De Pedro y otros, al no quedar probado este cargo específico en esta pieza murciana.
La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que las defensas podrán apelar. De hecho, una de las magistradas del tribunal ha emitido un voto particular discrepante en algunos aspectos, criticando que en la resolución se mencionen actuaciones de personas no acusadas formalmente en esta pieza –como la exdirectora del INFO, Reyes Samper– y mostrando desacuerdo con la calificación de algunos delitos como cohecho.
Mientras tanto, con este fallo la rama murciana se suma a otros juicios del caso Púnica ya resueltos: en la pieza de León, por ejemplo, la Audiencia Nacional absolvió a los acusados de los delitos más graves y solo impuso inhabilitaciones sin cárcel, al estimar que no se probó un beneficio personal indebido en los contratos de reputación pagados por aquella diputación provincial. En el caso murciano, en cambio, el tribunal ha considerado acreditado el uso de dinero público para fines particulares, castigándolo con penas de prisión.
Se trata de un hito relevante en la lucha contra la corrupción en la Región de Murcia, que refuerza el mensaje de que el desvío de fondos públicos en beneficio propio conlleva consecuencias penales severas.
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