El Gobierno central asegura que puede licitar la obra de inmediato, pero el proyecto sigue pendiente de la cesión de la parcela y los accesos desde la CT-33
El eterno proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cartagena vuelve a escena. El Ministerio de Justicia asegura que está listo para licitar las obras “de inmediato”, pero señala directamente al Ayuntamiento de Cartagena como responsable de los retrasos. Sin la cesión formal de la parcela frente al Hospital de Santa Lucía y sin el desarrollo del plan de accesos desde la CT-33, el proceso no podrá arrancar.
El Ministerio culpa al Ayuntamiento de frenar el proyecto
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, trasladó en una entrevista en Onda Regional que la pelota está en el tejado municipal. “El Ministerio está preparado para licitar, pero necesitamos que el Ayuntamiento cumpla con sus obligaciones”, apuntó.
Se trata de dos compromisos básicos: por un lado, formalizar la cesión de la parcela donde se construirá el complejo judicial; por otro, definir los costes de urbanización y asumir el desarrollo de los accesos desde la CT-33, vitales para la viabilidad del proyecto. Mientras tanto, la Administración central asegura tener preparado el expediente de licitación para ponerlo en marcha en cuanto se despejen estos obstáculos.
La lectura política es clara: Madrid muestra disposición y recursos, pero exige que Cartagena resuelva lo que considera bloqueos locales. El Ministerio insiste en que su compromiso con la ciudad es “firme” y que el retraso ya no depende de él.
Una infraestructura pendiente durante décadas
La Ciudad de la Justicia no es una promesa nueva. Se trata de una reivindicación que se arrastra desde hace más de dos décadas en Cartagena. En todo este tiempo, los problemas burocráticos, la falta de acuerdo institucional y las dudas sobre la financiación de los accesos han convertido el proyecto en un símbolo del abandono en materia de infraestructuras judiciales.
Actualmente, los juzgados cartageneros continúan dispersos en varios edificios, con problemas de espacio, accesibilidad y eficiencia. La concentración en un único complejo supondría mejorar el servicio, modernizar instalaciones y facilitar el trabajo de la plantilla judicial, además de ahorrar costes a medio plazo. Sin embargo, el enredo administrativo mantiene todo en suspenso.
El reloj político y la presión ciudadana
Cada nuevo anuncio genera expectativas y, al mismo tiempo, frustración. Para el Ministerio, el gesto de señalar al Ayuntamiento busca presionar para que se tomen decisiones sin más demoras. Para la ciudadanía, se trata de un déjà vu: otro capítulo en una historia de compromisos incumplidos que nunca terminan de traducirse en obras reales.
El contexto electoral y la necesidad de mostrar avances en proyectos emblemáticos convierten la Ciudad de la Justicia en un campo de batalla política. Mientras, profesionales y usuarios del sistema judicial en Cartagena siguen esperando que el eslogan de “listos para licitar” se convierta por fin en máquinas trabajando sobre el terreno.
La pregunta que flota es evidente: ¿será esta vez la definitiva o continuará el proyecto atrapado en el laberinto burocrático que ha marcado su historia?
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