El Gobierno regional mira hacia otro lado mientras crecen los delitos de odio y los menores se sumergen sin control en las redes sociales
El repunte de delitos de odio en la Región de Murcia, acompañado por el creciente acceso temprano de menores a las redes sociales, es una bomba de relojería social. El fiscal superior regional, José Luis Díaz Manzanera, lo advirtió recientemente: la combinación de odio digital y niños conectados desde edades tempranas está alimentando una cultura peligrosa de agresión, discriminación y normalización del discurso violento en nuestra comunidad. Pero no basta con señalar el problema: el Ejecutivo murciano tiene responsabilidades que no puede seguir eludiendo.
En 2023, el número de casos de delitos de odio en Murcia se ha duplicado respecto al año anterior, alcanzando 25 procedimientos tramitados. Aunque en términos absolutos siguen siendo cifras moderadas, el crecimiento es alarmante, especialmente cuando se suma que muchos de esos casos tienen difusión en redes sociales y afectan a colectivos vulnerables (etnia, orientación sexual, discapacidad…). El fiscal ha reclamado una ley nacional que limite el uso de Internet en la infancia y medidas que refuercen la prevención más allá de la mera represión. Pero mientras la Fiscalía lanza la alarma, el Gobierno regional ha demostrado una pasividad preocupante en sus competencias, prioridades presupuestarias y políticas educativas.
Carencias del Gobierno regional ante el desafío digital
1. Falta de presupuesto específico para educación digital preventiva
Murcia suele anunciar partidas millonarias para innovación y digitalización. En 2025, por ejemplo, el Gobierno regional apropió 229 millones para reforzar innovación empresarial y empleo tecnológico. Pero ese gasto no se traduce en presupuestos concretos para educación digital, prevención del ciberodio o formación docente en diversidad y convivencia digital.
Al mismo tiempo, el gasto en educación general no prioriza áreas como mediación digital o programas contra el ciberacoso: al consultar los presupuestos por programas de la Consejería de Educación, se observa que no hay partidas diferenciadas para estos fines ni seguimiento institucional explícito. El Gobierno regional parece más dedicado a “innovación empresarial» que a innovar la convivencia en las aulas digitales.
2. Ausencia de estrategia regional de convivencia digital y de equidad
Hasta ahora no existe en Murcia una estrategia autonómica formal contra el discurso de odio en entornos digitales ni una guía de actuación para colegios. Los centros educativos dependen de iniciativas locales o de programas estatales, sin un marco regional estable.
La legislación nacional (leyes educativas) reconoce que los centros deben promover convivencia y respeto, pero el nivel autonómico puede reforzar esa responsabilidad con protocolos obligatorios, formación obligatoria de docentes y recursos de mediación digital. Que Murcia no lo tenga muestra una falta de voluntad política: no basta con dejar en manos del profesorado una labor para la que no ha sido dotado.
3. Recursos judiciales y atención institucional insuficientes
El fiscal ha señalado que la Fiscalía murciana está desbordada, y que los procesos se ralentizan por falta de personal. En 2023, la Fiscalía delegada de delitos de odio también ostenta la responsabilidad de criminalidad informática, lo que multiplica su carga de trabajo sin una atención diferenciada.
Además, los Presupuestos regionales de 2025 fueron aprobados con retardo (más de medio año después del plazo habitual) y con la complicidad de Vox, cuyas posturas xenófobas no fueron cómodas de nombrar ni criticar en la tramitación del presupuesto (aunque los disturbios de Torre-Pacheco provocados por mensajes de odio se produjeron ese mismo verano). Esto indica que el Ejecutivo regional prioriza el pacto político sobre la firmeza en derechos fundamentales.
Cuando el silencio equivale a complicidad
La Región de Murcia no es ajena a fenómenos de odio explícito. En julio de 2025, los sucesos de Torre-Pacheco evidenciaron algo muy grave: una “cacería” de inmigrantes, alentada por discursos xenófobos que circularon por redes sociales y convocatorias desde grupos radicales. Las agresiones físicas no fueron espontáneas, hubo planificación digital, manipulación y discursos públicos de odio que encontraron eco. Vox justificó esos actos, mientras que PP y Gobierno regional guardaron silencio más allá de condenas formales tardías. Esa omisión es política.
Cuando un presidente de partido regional o concejal emite mensajes racistas y no enfrenta consecuencias inmediatas, se envía un mensaje terrible: que el odio tiene cabida en lo público. Que las pequeñas agresiones verbales pueden ser normales. Que ciertos colectivos pueden ser demonizados sin coste político. La Fiscalía investiga ahora al presidente regional de Vox por posibles delitos de odio tras sus declaraciones en Torre-Pacheco, pero ese esfuerzo llega “después del incendio”, no antes.
El Gobierno regional, siendo responsable de educación, bienestar social y políticas juveniles, no puede mirar a otro lado mientras los discursos de odio crecen entre jóvenes. Aprobar un presupuesto tarde, pactar con partidos que legitiman el odio, no dotar estructuras educativas contra el ciberodio: todo eso evidencia que, en Murcia, proteger a la infancia digital no es prioridad.
La Región de Murcia necesita pasar a la acción
La Región de Murcia necesita urgentemente pasar del diagnóstico a la acción. El fiscal nos ha advertido de un fenómeno emergente y peligroso: menores vulnerables, discursos radicados, silencios institucionales. El Gobierno regional no puede seguir delegando su responsabilidad a las aulas, la Justicia o el Estado: es hora de liderar con valentía una política regional clara frente al odio digital. Si no lo hace, lo que crece no es solo el número de casos, sino la impunidad social del odio.
En la Región, las nuevas generaciones están ante un desafío: no solo deben aprender a usar Internet, sino a convivir en él con respeto. La política, la educación y la justicia tienen la obligación de acompañarlos. Y el Ejecutivo regional debe decidir si asume ese deber o elige mirar para otro lado.
Bonus Track: cuando difundir bulos también es ciberodio
El Partido Popular de la Región de Murcia puso en marcha hace 10 días la operación «Destruir a LasNoticiasRM». En ella, uno de sus pilares fundamentales fue el de desprestigiar a este humilde medio a base de bulos y con la cobertura de su inmenso poder mediático. Ha utilizado hasta a medios nacionales, unos con más calado que otros, para amplificar su mensaje.
Mienten relacionando a una empresa con esta web. Mienten cuando atribuyeron a la administradora de esa empresa delitos graves como el tráfico de drogas. Y mienten cuando proclaman que en LasNoticiasRM solo hemos publicado noticias calumniosas con el único fin de perjudicar al Gobierno regional.
Por analizar alguna de estas mentiras, queremos explicar que si una empresa registra un dominio no es necesariamente quien crea, desarrolla y mantiene la web que se aloje en él. Este detalle es importante, y está claro que muestra ignorancia o mala fe. Juzguen ustedes. Y todo pese a que desde hace años, cualquiera puede ver quién es el titular de la web acudiendo al enlace del Aviso Legal que se encuentra al pie. En él encontrarán una dirección física de contacto, un email, y el nombre de la persona responsable de la web. Pero claro mejor inventar una conspiración de los socialistas bolivarianos amigos de narcoterroristas que ser un poco más diligente.
En relación a los falsos delitos atribuidos a la administradora de la empresa solo decir que han tocado fondo con ello. Se aprovecharon de un error en un informe de la Guardia Civil para amplificar un bulo. Y lo peor es que pese a que el cuerpo armado ha rectificado su informe y admitido su error, el PP se niega a eliminar sus mensajes donde difundieron bulos de una persona totalmente anónima y ajena al mundo de la política. Por desgracia esta censurable actitud también la practican varios medios que también se niegan a rectificar y eliminar la información falsa. Dañar a toda costa en lo personal, ese es su fin. Juzguen ustedes el nivel de catadura moral al practicar estas estrategias.
Y por último y no menos censurable, su afirmación de que más del 90% de las noticias publicadas por LasNoticiasRM son calumniosas, falsas o inventadas con el único fin de dañar al Partido Popular y al Gobierno regional. Y soltar esta barbaridad y quedarse tan pancho también tiene su aquel, porque ni el 90% de las noticias son informaciones referentes al PP y al Gobierno regional (las he contado y no llegan ni al 9%), ni son falsas. Una premisa fundamental cuando LasNoticiasRM comenzó su andadura fue aportar junto a la información las pruebas documentales en las que se basaba la misma. Así, el lector podría comprobar por si mismo la veracidad de la información y sacar sus conclusiones, independientemente de lo que se publique. Y así ha sido siempre, pueden comprobarlo.
Finalmente, solo destacar que la cacería iniciada por el PP contra LasNoticiasRM tendrá consecuencias que espero poder contarles en un muy breve espacio de tiempo. Hasta la semana que viene y muchas gracias por seguir confiando en nosotros pese al ruido generado en nuestra contra.
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