La resolución constata que la asociación de consumidores supera los 102.000 socios frente a los 29.876 de Thader Consumo y denuncia irregularidades en la designación
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha dado un tirón de orejas al Gobierno de López Miras por su exclusión de la Unión de Consumidores de España (UCE) de la vocalía que representa a las personas consumidoras en el Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia. En un dictamen remitido el 24 de julio al Ejecutivo regional —que LasNoticiasRM ha podido consultar— el alto comisionado concluye que la Administración vulneró el principio constitucional de representatividad y designó de manera injustificada a otra entidad con menos afiliados. La decisión dejó fuera a UCE, pese a ser la asociación con mayor base social en el registro de organizaciones de consumidores de la comunidad, con 102.223 socios inscritos frente a los 29.876 de Thader Consumo.
Este pronunciamiento se produce tras la denuncia presentada por UCE, que llevaba años reclamando su derecho a ocupar ese puesto en el CES. La asociación aportó pruebas de que, entre 2020 y 2024, dirigió escritos al propio Consejo, al consejero de Presidencia y al de Economía y Hacienda para pedir su incorporación y plantear incluso la alternancia con otras organizaciones representativas. Sin embargo, sus solicitudes nunca fueron respondidas. La resolución del Defensor considera “incomprensible” que la Consejería de Empresa y Empleo condicionase la designación a un certificado inexistente en la normativa y que no informara a todas las asociaciones más representativas del proceso de renovación.
Un dictamen que destapa irregularidades
El informe del Defensor del Pueblo revela las contradicciones del Gobierno regional al asignar la vocalía de consumidores en el CES. Según el registro oficial, solo dos entidades ostentan la condición de “más representativas”: la Federación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Thader Consumo, con 29.876 miembros, y la Unión de Consumidores de España (UCE), con 102.223. La legislación autonómica y el reglamento del Consejo establecen que el representante del sector debe ser designado por el Consejo de Gobierno a propuesta de las entidades, con un mandato de cuatro años. En la práctica, la Consejería propuso en 2023 a Thader Consumo basándose en un certificado de la Dirección General de Consumo que la declaraba “federación más representativa”, ignorando que existía otra organización con mayor base social.
El Defensor critica que la consejería recabara un certificado de representatividad que no está previsto en la normativa y que no hubiera informado a todas las asociaciones del proceso de renovación. “No se comprende el motivo por el que la posibilidad de ser designado dependa de solicitar un certificado para constatar una información que es pública”, recoge el dictamen. También remarca que la Dirección General de Consumo no tiene constancia de ninguna queja o reclamación previa a la del Defensor, lo que contradice los escritos aportados por UCE. Esta falta de transparencia es lo que lleva al alto comisionado a solicitar que se repare el agravio.
La Sugerencia formulada por Ángel Gabilondo es clara: “Que se lleven a cabo las actuaciones oportunas para que la Asociación Unión de Consumidores de España (UCE) Región de Murcia pueda ser designada entre los miembros del Consejo Económico y Social en el puesto correspondiente a la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, ya sea como vocal único o en alternancia con otras asociaciones más representativas”. Al tratarse de un dictamen no vinculante, corresponde al Gobierno autonómico aceptar o rechazar la recomendación. De la respuesta que dé al Defensor dependerá el siguiente paso, aunque los antecedentes muestran que sus resoluciones suelen ser acatadas para evitar un nuevo conflicto.
El peso de UCE frente al favoritismo a Thader Consumo
La controversia pone en evidencia la falta de equidad en la representación institucional de los consumidores murcianos. UCE, integrante de la Federación Unidad y Acción, acredita 102.223 socios en el registro autonómico. Por su parte, Thader Consumo, federación de asociaciones de amas de casa, cuenta con 29.876 socios. Pese a esta diferencia, la Consejería de Empresa y Empleo la consideró “más representativa” y le otorgó la vocalía. UCE sostiene que esta decisión responde a intereses políticos y económicos y no a criterios objetivos. La resolución del Defensor refuerza su argumento al afirmar que la exclusión carece de fundamento y que la Administración no cumplió su obligación de garantizar la máxima representatividad.
Para UCE, lo que está en juego no son privilegios ni subvenciones, sino el derecho de las personas consumidoras a estar representadas por la organización que realmente las agrupa. “No reclamamos favores ni protagonismo, solo el respeto al derecho de los consumidores a estar representados por la organización que realmente los agrupa y defiende. Este informe deja en evidencia una gestión opaca y discriminatoria que debe corregirse de inmediato”, señala la directiva de la asociación. La UCE subraya que el Consejo Económico y Social es un órgano consultivo esencial en la elaboración de políticas públicas y que su ausencia les priva de voz en decisiones que afectan a miles de familias. Por ello, exige la restitución inmediata de su vocalía y el establecimiento de un sistema claro y transparente de designación.
El dictamen también desmonta el argumento de la Consejería de que UCE no solicitó el certificado requerido. El Defensor detalla que la asociación no solo cursó varias peticiones de información, sino que propuso alternar su participación con otras organizaciones representativas. Además, recuerda que la normativa no contempla ningún trámite de certificación previo y que el registro autonómico ya acredita la representatividad de las entidades. Esta situación, a juicio de UCE, demuestra un trato desigual y una intención deliberada de mantenerles al margen de la mesa de diálogo social.
Una oportunidad para recomponer el diálogo social
Más allá de la pugna entre asociaciones, el dictamen de Ángel Gabilondo reabre el debate sobre la calidad democrática en la Región de Murcia y la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones. El Consejo Económico y Social, creado en 1993 como órgano asesor del Gobierno regional, aglutina a representantes de empresas, sindicatos, consumidores y colectivos sociales. Su legitimidad se sustenta en la representatividad de sus miembros y en la pluralidad de voces que incorpora. La exclusión de UCE, una de las dos asociaciones de consumidores más representativas, pone en cuestión esa legitimidad y deja en evidencia las carencias del proceso de designación.
El propio Defensor del Pueblo recuerda que la Constitución obliga a los poderes públicos a fomentar la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios y a remover los obstáculos que impidan su ejercicio. Recomienda al Gobierno murciano que corrija la designación del CES para no vulnerar este mandato. Para UCE, la salida pasa por restituir la vocalía y establecer criterios objetivos, transparentes y consensuados que eviten futuras controversias. Los colectivos sociales exigen que se garantice el acceso de todas las asociaciones representativas y que se dé publicidad a los procesos de renovación.
Si la Administración regional acata la Sugerencia, la designación de UCE se formalizaría en el próximo acuerdo del Consejo de Gobierno y la asociación ocuparía la vocalía del grupo tercero, bien en solitario o alternándose con otras entidades reconocidas. De lo contrario, UCE podría recurrir a los tribunales y prolongar un conflicto que, según sus dirigentes, “nunca debió existir”. En un contexto marcado por la crisis social y económica y por la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones, el caso de UCE se convierte en un termómetro de la voluntad del Ejecutivo murciano de abordar las políticas públicas con transparencia y espíritu dialogante.
Mientras tanto, la asociación continúa con sus campañas de defensa de los consumidores y advierte de que no renunciará a sus derechos. “Nuestros socios —más de cien mil en la Región— nos han elegido para ser su voz. No vamos a permitir que se nos silencie”, señalan desde la organización. El desenlace de esta controversia determinará hasta qué punto el Gobierno regional está dispuesto a rectificar, abrir la participación y cumplir la ley que dice defender.
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