El grupo parlamentario denuncia que la norma vulnera la libertad sindical y el modelo constitucional de diálogo social al imponer la “gratuidad obligatoria” de la participación institucional
El grupo parlamentario SUMAR, junto al Grupo Socialista, ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 2/2025, aprobada por el Gobierno de PP y Vox en la Región de Murcia, que suprime las compensaciones económicas a los sindicatos y organizaciones empresariales más representativos por su labor en los órganos de participación institucional.
Según explicó la portavoz de SUMAR en la Región de Murcia, Lorena Lorca, esta iniciativa autonómica “forma parte de una estrategia deliberada de desmantelamiento institucional, orientada a debilitar los contrapesos democráticos, el diálogo social y la negociación colectiva, sustituyendo la cooperación social por autoritarismo y confrontación”.
“Lo que PP y Vox pretenden con esta ley no es ahorrar dinero público, sino silenciar la voz organizada de los trabajadores y romper el equilibrio social que garantiza la Constitución. El ataque al sindicalismo es el primer paso hacia el vaciamiento de los derechos sociales y laborales”, afirmó Lorca.
Una ley que vulnera derechos constitucionales y competencias estatales
El recurso, respaldado por 50 diputados y diputadas del Congreso, denuncia que la norma vulnera los artículos 7, 28.1 y 129.1 de la Constitución Española, así como los artículos 149.1.7ª y 149.1.18ª, que reservan al Estado la competencia exclusiva en materia laboral y de subvenciones.
El texto señala que la ley murciana invade competencias estatales al regular el régimen económico y funcional de las organizaciones sindicales y empresariales, imponiendo la “gratuidad obligatoria” de su participación institucional y eliminando las compensaciones económicas reconocidas por la legislación anterior.
“Esta medida supone una injerencia directa en la libertad sindical, al privar a las organizaciones de los medios materiales necesarios para ejercer sus funciones constitucionales”, recoge el recurso.
Un golpe al sindicalismo y al Estado del bienestar
Desde Movimiento SUMAR se advierte de que retirar los fondos destinados a la participación sindical no solo debilita la representación de los trabajadores, sino que pone en riesgo la estructura misma del Estado social.
“Los sindicatos desempeñan un papel insustituible en la defensa de los derechos laborales, en la prevención de abusos empresariales, en la formación continua y en la protección frente a la precariedad. Retirarles los fondos que les permiten participar en órganos como el Consejo Económico y Social es, en la práctica, debilitar el Estado del bienestar y favorecer la economía sumergida y la temporalidad estructural”, afirma el comunicado de SUMAR.
El propio recurso subraya que “la eliminación de las compensaciones convierte un derecho operativo en una mera declaración formal, vaciando de contenido el mandato constitucional de promover la participación de los agentes sociales en la vida económica y social”.
Murcia, la única comunidad que rompe el modelo de diálogo social
SUMAR recuerda que todas las comunidades autónomas mantienen sistemas de compensación similares, plenamente conformes con la Ley General de Subvenciones y el mandato constitucional de fomentar el diálogo social.
“La Región de Murcia se convierte así en la única comunidad que rompe unilateralmente ese modelo, generando una desigualdad territorial que menoscaba el derecho de los trabajadores y empresarios murcianos a una representación efectiva”, denunció Lorca.
“Cuando se atacan los sindicatos, se ataca la democracia”
La portavoz regional de SUMAR insistió en que el recurso no es solo una cuestión jurídica, sino una defensa política del modelo democrático:
“Cuando se atacan los sindicatos, se está atacando la democracia. Cuando se destruye el diálogo social, se abre la puerta a la arbitrariedad y al miedo en los centros de trabajo”.
Lorca recordó además que el informe de los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional del 17 de febrero de 2025 ya alertó de la inconstitucionalidad de la ley, al vulnerar la libertad sindical, el régimen competencial del Estado y la normativa básica en materia de subvenciones.
“Pese a esas advertencias, PP y Vox impusieron una tramitación de urgencia y lectura única, sin solicitar nuevo informe jurídico y sin atender las objeciones técnicas. Es un desprecio a la legalidad y a la lealtad institucional que debe regir el trabajo parlamentario”, añadió.
“Desfinanciar a los sindicatos es desmantelar el Estado social”
Lorca concluyó que la ley impulsada por el Gobierno murciano “no busca eficiencia, sino sumisión”, y reafirmó el compromiso de SUMAR con la defensa del diálogo social y los derechos constitucionales:
“Desfinanciar a los sindicatos no solo es un ataque político: es una agresión al modelo constitucional de Estado social y democrático de derecho, consagrado en el artículo 1.1 de la Constitución”.
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