La Intervención destapa un entramado de contratos irregulares y pagos indebidos en la Desaladora de Escombreras

La Intervención destapa un entramado de contratos irregulares y pagos indebidos en la Desaladora de Escombreras
La Intervención destapa un entramado de contratos irregulares y pagos indebidos en la Desaladora de Escombreras

El informe fiscalizador revela subcontrataciones prohibidas, pagos indebidos y fraccionamientos de gasto en una empresa pública ya declarada en quiebra técnica

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La Intervención General de la Comunidad Autónoma ha destapado graves irregularidades en la contratación y gestión económica de la sociedad pública Desaladora de Escombreras (DESAU), una entidad ya inmersa en causa legal de disolución desde 2016. El nuevo informe detalla deficiencias en contratos, pagos indebidos y subcontrataciones no autorizadas, que refuerzan la imagen de una empresa sin control interno ni garantías de transparencia.

El documento, referido al ejercicio 2023, señala que DESAU abonó facturas sin justificar, fraccionó contratos menores y permitió subcontrataciones expresamente prohibidas por ley, todo ello en un contexto de desequilibrio financiero estructural y sin inventario actualizado de bienes.

La Intervención destapa un entramado de contratos irregulares y pagos indebidos en la Desaladora de Escombreras
Extracto informe Intervención General

Subcontrataciones ilegales y contratos duplicados

La Intervención identifica como especialmente grave el contrato de asesoramiento jurídico con Sinergia Económico-Legal S.L.P., que subcontrató parte del trabajo con Cuello Abogados sin autorización, contraviniendo los principios de la Ley de Contratos del Sector Público. Además, se advierte un posible fraccionamiento del gasto en la contratación de Praxis Tributario S.L.P., empresa vinculada al mismo grupo profesional.

Estas prácticas, según el informe, “vulneran los principios de libre concurrencia y eficiencia en la contratación pública” y podrían acarrear responsabilidades contables o disciplinarias.

Pagos indebidos a PricewaterhouseCoopers

El informe también revela que DESAU abonó 17.850 euros a PricewaterhouseCoopers Tax & Legal S.L. (PwC) por trabajos no finalizados ni formalmente aceptados, una actuación que el órgano fiscalizador califica de “indebida y contraria a las normas básicas de control del gasto público”.

El pago, autorizado por la dirección sin evidencias del cumplimiento contractual, se efectuó pese a que los informes técnicos exigían verificación previa de resultados y aceptación expresa del servicio.

Falta de control interno y opacidad institucional

Más allá de las irregularidades en los contratos, la Intervención denuncia que DESAU carece de un sistema efectivo de control interno, opera sin manuales de procedimiento y mantiene una contabilidad opaca, sin inventario de bienes ni registro fiable de sus activos.

El documento constata que parte de las instalaciones y equipos empleados por la empresa pertenecen a la Entidad de Saneamiento y Depuración (ESAMUR), sin que exista ningún contrato ni convenio formal que respalde su cesión o uso.

La Intervención destapa un entramado de contratos irregulares y pagos indebidos en la Desaladora de Escombreras
Extracto informe Intervención General

La Intervención concluye que “la gestión administrativa y financiera de DESAU no garantiza el cumplimiento de los principios de legalidad, eficacia y transparencia exigibles a una sociedad pública”, lo que pone de manifiesto un deterioro sistémico de la gobernanza empresarial en el sector público regional.

Una empresa en el limbo jurídico y económico

Aunque la quiebra técnica de DESAU ya había sido reconocida en informes previos, el nuevo documento pone el foco en el uso irregular de fondos públicos y la ausencia de medidas correctoras pese a las advertencias reiteradas de la Intervención.

El órgano fiscalizador recuerda que la sociedad debía haber sido liquidada en 2016, tras el acuerdo del Consejo de Gobierno, pero nueve años después sigue activa, con pérdidas acumuladas, falta de personal y una gestión “residual y sin objetivos definidos”.

El informe concluye con una advertencia inequívoca: mantener la actividad de DESAU en estas condiciones supone un riesgo financiero y legal para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y su continuidad “solo puede entenderse como una decisión política, no económica”.

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