El organismo cultural del Gobierno regional no presentó el plan de acción obligatorio y mantiene incidencias graves desde hace años
El Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia (ICA) vuelve a quedar señalado por la Intervención General tras la publicación de un informe demoledor que certifica irregularidades contables, fallos estructurales de control interno, incumplimientos de la Ley de Contratos y más de tres millones de euros sin aplicar a su finalidad desde hace casi una década. El documento revela además que el ICA no ha presentado el plan de acción obligatorio, exigido por la normativa presupuestaria regional, para corregir las deficiencias detectadas en la auditoría de 2022. La ausencia de este plan supone un incumplimiento legal que, según la propia Intervención, obliga a su publicación pública como advertencia formal.
La información difundida arroja una imagen de desorden financiero persistente, acumulado durante años, que afecta tanto a la gestión de subvenciones, la contabilidad de fondos europeos y autonómicos, la transparencia institucional y la contratación pública. Todo ello en un organismo que depende directamente del Gobierno regional y que gestiona recursos esenciales para el desarrollo de la política cultural en la Región de Murcia.
Fondos MRR mal contabilizados y un desfase de 465.630 euros
Uno de los puntos más delicados del informe señala que el ICA registró de forma incorrecta la totalidad de los 1.180.188 euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Aunque esta cantidad debía destinarse a ayudas concretas, a 31 de diciembre de 2022 solo se habían concedido 714.557,90 euros. Pese a ello, el organismo autonómico contabilizó el importe completo como si ya hubiera sido ejecutado, generando un desfase de 465.630 euros y sobredimensionando de forma artificial sus cuentas.
La Intervención advierte que este error no es menor: afecta directamente a la imagen fiel de las cuentas y compromete el rigor exigido en la gestión de fondos europeos, sometidos a los estándares más estrictos de control y fiscalización. Además, el ICA registró como provisión una cantidad que debería figurar como deuda a corto plazo transformable en subvención, una mala práctica que distorsiona el balance de la entidad.
Más de 3,1 millones de euros sin aplicar desde 2016
El informe también saca a la luz una cifra de enorme relevancia: 3.141.336,32 euros de transferencias de financiación recibidas por el ICA entre 2016 y 2023 siguen sin aplicarse a su finalidad. Estos fondos incluyen tanto subvenciones de capital como transferencias corrientes que, según la normativa, deberían estar ejecutadas o adecuadamente justificadas. La Intervención lo recoge como una incidencia crítica por su permanencia en el tiempo y por la falta de explicación que la entidad ofrece al respecto.
Esta situación evidencia un problema de gestión grave: dinero público inmovilizado, sin ejecución y sin transparencia, durante siete años consecutivos. Un bloqueo que afecta tanto al funcionamiento interno del ICA como a los sectores culturales a los que supuestamente iban dirigidos estos fondos.
Irregularidades graves en contratación: del uso indebido del contrato menor al concierto del 40 aniversario
Otro de los bloques más contundentes del informe recoge una batería de infracciones a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). La Intervención destaca que en todos los contratos menores analizados no se justificó la no alteración del objeto, una exigencia básica para evitar fraccionamientos ilegales. Tampoco se publicaron trimestralmente en el perfil del contratante, vulnerando el artículo 63.4 de la LCSP.
La gravedad aumenta al examinar las contrataciones artísticas, donde el ICA habría encargado prestaciones con valor superior a 15.000 euros sin aplicar ningún procedimiento de contratación, incumpliendo de forma frontal lo que establece la ley. El caso más llamativo es el convenio firmado el 6 de octubre de 2022 para organizar un concierto conmemorativo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, con un presupuesto total de 158.000 euros, de los cuales el ICA aportó 90.000 euros.
Según la Intervención, esta operación debió tramitarse como contrato mediante un procedimiento negociado sin publicidad, y no como convenio. La advertencia implica que la entidad pudo haber evitado las garantías y controles que exige la ley para operaciones de esta magnitud.
Contabilidad desordenada, taquillas sin conciliar y transparencia incumplida
El listado de incidencias no termina ahí. El ICA mantiene cuentas con saldos contrarios a su naturaleza —un error básico que altera la imagen financiera— y no ha conciliado 351.199,77 euros correspondientes a anticipos de clientes por la venta de entradas. Este descuadre, vinculado al cierre de taquillas, es especialmente sensible en un organismo que gestiona actividades culturales y eventos públicos.
Además, la entidad tiene facturas por 211.724,73 euros sin reconocer como acreedores, alojándolos erróneamente en provisiones. Tampoco dispone de convenio colectivo, lo que impide verificar si las nóminas están ajustadas a la categoría profesional de cada trabajador.
En materia de legalidad y transparencia, la situación es aún más preocupante: el ICA no publica su misión, visión ni objetivos, carece de un mapa de riesgos, no ha rendido cuentas completas a la Intervención y acumula incumplimientos en obligaciones de publicidad activa, que abarcan desde información institucional y de altos cargos hasta datos económico-financieros y contractuales.
Un organismo clave sin plan de acción y con deficiencias acumuladas
La Intervención certifica que el ICA no presentó el plan de acción, pese a la obligación legal de hacerlo y al plazo establecido de tres meses. La ausencia del documento impide conocer las medidas previstas para corregir los errores detectados y supone un incumplimiento formal que activa su publicación en el Portal de la Transparencia.
El informe dibuja así un panorama preocupante: un organismo público esencial para la política cultural regional que acumula errores en contabilidad, control interno, contratación, transparencia y ejecución presupuestaria. Y todo ello, sin planificación correctora.
El resultado es una radiografía seria sobre el funcionamiento del ICA, en la que la falta de mecanismos de control y la persistencia de deficiencias ponen en cuestión la calidad de la gestión pública en un área estratégica para la Región de Murcia.
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