El sindicato acusa al Servicio Murciano de Salud de aplicar un procedimiento “denigrante” y con sesgo ideológico en hospitales como La Arrixaca
CCOO Región de Murcia ha denunciado públicamente el protocolo aplicado en el Servicio Murciano de Salud (SMS) para los abortos terapéuticos, al considerar que constituye un caso claro de violencia obstétrica y una vulneración del derecho de las mujeres a recibir una atención digna dentro del sistema público. Según detalla la nota difundida por el sindicato, el proceso actualmente en uso externaliza parte del procedimiento, obligando a las pacientes a someterse a la primera fase del aborto en una clínica privada para después regresar al hospital público, un método que califican de “denigrante” y clínicamente inaceptable .
La denuncia se centra especialmente en lo que denominan “método mixto” o “procedimiento en doble fase”, según el cual la mujer debe acudir a una clínica privada para someterse al feticidio —la interrupción del latido fetal mediante fármacos— y volver después al hospital público para completar el proceso con la fase de expulsivo. Durante ese intervalo, según recoge el documento, la paciente es enviada a su domicilio “con el feto muerto en su vientre” durante dos días, una situación que CCOO considera no solo traumática, sino contraria a la buena práctica sanitaria.
CCOO denuncia una motivación ideológica y recuerda que el Constitucional prohibió las derivaciones fuera de la región
Según explica la organización sindical, este protocolo responde a una motivación ideológica vinculada a la objeción de conciencia de profesionales que se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo. Aunque CCOO afirma respetar ese derecho individual, advierte que “no está por encima de las necesidades médicas de las pacientes”, y denuncia que la Consejería de Salud lo esté utilizando como instrumento para eludir la prestación sanitaria.
El sindicato recuerda además que, antes de este protocolo, las mujeres que superaban ciertas semanas de gestación eran derivadas a otras comunidades autónomas para realizarse el procedimiento completo. Esta práctica fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2023, que estableció que ninguna administración puede enviar a una mujer fuera de su comunidad para ejercer un derecho reconocido por ley.
Asimismo, el comunicado señala que ninguna clínica privada en la Región de Murcia está acreditada para realizar abortos más allá de la semana 23, lo que hace todavía más irregular que el SMS derive a las pacientes a centros que no pueden completar el proceso y tengan que devolverlas al sistema público para la fase final del aborto terapéutico .
El sindicato exige el fin inmediato del protocolo y acusa al Gobierno regional de vulnerar derechos
La secretaria de Mujer, Igualdad y LGTBIQ de CCOO Región de Murcia, María Ángeles Guevara, reclama a la Consejería de Salud que ponga fin de inmediato a este procedimiento y garantice que el aborto terapéutico se realice íntegramente dentro del sistema público, conforme a la legislación vigente. CCOO sostiene que el protocolo actual “denigra a las mujeres”, las somete a un proceso “innecesariamente doloroso” y se basa en criterios que califican de “ultraconservadores”.
En su análisis, el sindicato advierte de que el SMS está incumpliendo la obligación legal de ofrecer a las mujeres un tratamiento seguro, completo y digno en la red pública, vulnerando tanto derechos sanitarios como derechos reproductivos. Además, denuncia que esta forma de proceder no solo carece de justificación técnica, sino que incrementa el sufrimiento físico y emocional de quienes ya atraviesan el trance de una interrupción voluntaria del embarazo por motivos médicos.
La organización reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres usuarias del sistema público de salud y señala que continuará exigiendo transparencia, responsabilidad y el cumplimiento de la ley en todos los procedimientos vinculados a la salud sexual y reproductiva en la Región de Murcia.
CCOO concluye la nota afirmando que no aceptará que “la ideología ultraconservadora pase por encima de los derechos de las mujeres”, reclamando una rectificación inmediata del Gobierno autonómico y el fin de un protocolo que consideran incompatible con los estándares de calidad asistencial exigidos en el sistema público .
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