El documento revela errores contables, falta de transparencia, ausencia de control del Patronato, retribuciones irregulares y fallos en ciberseguridad en una entidad pública clave en la política de agua de la Región de Murcia
La Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua (FIEA), entidad pública dependiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, acumula irregularidades graves, persistentes y estructurales en su gestión contable, administrativa y legal durante más de seis años, según recoge el informe de la Intervención General correspondiente al ejercicio 2023. El documento, catalogado como “Plan de Acción presentado, pero incompleto”, detalla 21 incidencias que afectan a la transparencia, la legalidad, la gobernanza interna y el uso adecuado de fondos públicos.
Entre las deficiencias más relevantes destacan errores contables que sobreestiman el patrimonio de la entidad en casi 190.000 euros, la falta de publicación de información obligatoria conforme a la Ley de Transparencia, la ausencia de reuniones del Patronato durante al menos dos años consecutivos, retribuciones por encima de los límites legales y contratos menores ejecutados al margen de la normativa estatal.
Errores contables que inflan el patrimonio y distorsionan resultados
El informe señala que la fundación mantiene registrada como subvención pendiente una transferencia del Ministerio correspondiente a los ejercicios 2002 y 2003, un error que ha provocado el reconocimiento indebido de ingresos y que sobrestima el resultado del ejercicio en 694,58 euros. Además, la Intervención advierte que el epígrafe de “subvenciones, donaciones y legados recibidos” está inflado en 189.857,93 euros, mientras que el apartado de excedentes aparece infradimensionado en la misma cifra.
Sin manual de procedimientos y sin protocolos de ciberseguridad
La Intervención constata que la FIEA no cuenta con manual de procedimientos, una herramienta imprescindible para garantizar la correcta gestión interna. Tampoco dispone de un protocolo para salvaguardar activos ni para actuar en caso de ciberataque, a pesar de manejar información y sistemas esenciales para su actividad.
Aunque el informe reconoce que existe un firewall, un antivirus y copias de seguridad cada tres días, considera estas medidas insuficientes sin un protocolo formalizado.
Uso de un inmueble público sin documentación acreditativa
Otra irregularidad destacada es la falta de documentación que acredite la cesión gratuita del inmueble en Espinardo por parte de la Comunidad Autónoma. A pesar de ello, la fundación mantiene reflejado en pérdidas y ganancias un ingreso de 12.960 euros por este concepto, sin soporte administrativo que lo respalde.
Opacidad prolongada: incumplimiento de la Ley de Transparencia desde 2016
Según la Intervención, la fundación ha incumplido de manera continuada entre 2016 y 2022 la obligación de publicar información exigida por la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la CARM. Se trata de uno de los incumplimientos más graves, al afectar directamente a la rendición de cuentas en una entidad que gestiona fondos públicos.
Órgano de gobierno inactivo: el Patronato no se reunió ni en 2021 ni en 2022
El informe señala que el Patronato —máximo órgano de gobierno de la fundación— no se reunió durante los ejercicios 2021 y 2022, incumpliendo la normativa que exige aprobar las cuentas anuales en un plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio. Como consecuencia, las cuentas de 2022 no solo fueron formuladas fuera de plazo, sino que no fueron aprobadas ni presentadas al Protectorado, vulnerando la Ley de Fundaciones.
Sobresueldos y masa salarial por encima de lo permitido
La Intervención también detecta que el gerente cobró retribuciones superiores al límite legal para cargos de la Administración regional, con una subida del 3,68% frente al 3,50% permitido, lo que implica un exceso de 170,79 euros. Asimismo, las retribuciones del personal laboral superan la masa salarial autorizada.
Contratos irregulares y ausencia de control institucional
El documento recoge un caso de contrato menor —“Análisis de los planes hidrológicos del tercer ciclo”— que tuvo una duración de 14 meses, vulnerando el límite de 12 meses establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.
Además, la Intervención constata que la Consejería no realizó el seguimiento del contrato-programa, a pesar de que sus objetivos están definidos de manera genérica y no permiten evaluar resultados con precisión.
Un sistema contable incompleto y una gobernanza debilitada
La fundación no estructura su sistema contable en los subsistemas requeridos, no inserta diligencias obligatorias de rendición de cuentas, y presenta múltiples carencias documentales, como la ausencia de firmas en el certificado de dotación fundacional y de actas del órgano de gobierno del ejercicio revisado.
El informe alerta de que esta sucesión de incumplimientos “compromete la idoneidad en la continuidad de las actividades realizadas por la fundación”.
Un diagnóstico demoledor que exige responsabilidades
La suma de irregularidades descritas convierte el informe de la Intervención en un diagnóstico de alto impacto sobre el funcionamiento de una entidad pública estratégica en materia de agua. La ausencia de control político, administrativo y financiero, unido al incumplimiento reiterado de obligaciones legales, abre la puerta a la exigencia de explicaciones y medidas correctivas por parte de la Comunidad Autónoma.
El documento no incluye propuestas de acción completas, pero sí advierte que el plan presentado por la fundación es “incompleto”, evidenciando que aún no ha corregido las deficiencias históricas detectadas.
La Intervención deja claro que, sin cambios profundos en la gestión y la supervisión, la fundación seguirá funcionando sin garantías de transparencia, legalidad ni eficacia en el uso de recursos públicos.
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