El órgano fiscalizador detecta opacidad, cuentas incompletas, errores contables, falta de control y ausencia total de cumplimiento en una fundación pública que ni siquiera ha remitido la información obligatoria al Tribunal de Cuentas
La Fundación Mariano Ruiz Funes, entidad dependiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, arrastra irregularidades graves y sostenidas durante al menos cuatro años, según el informe de la Intervención General correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023. El documento, al que ha tenido acceso este medio, sitúa a la fundación en una situación especialmente preocupante: no ha presentado el Plan de Acción que debe acompañar a cualquier informe de control desfavorable, algo muy inusual en el sector público regional.
El informe detalla incumplimientos en materia de contabilidad, legalidad, contratación, transparencia y control financiero que ponen en cuestión el funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de sus obligaciones como fundación pública.
Errores contables básicos y años sin contabilidad completa
La Intervención señala que la fundación no registró la amortización correspondiente a noviembre y diciembre de 2022, un fallo elemental en la gestión económico-financiera que afecta a la imagen fiel de las cuentas.
Además, detecta que la fundación ha registrado facturas en ejercicios incorrectos: una correspondiente a gastos devengados en 2021 aparece en 2022, y otra de 2022 aparece registrada en 2023. Este tipo de errores altera el resultado del ejercicio y dificulta la fiscalización pública.
A ello se suma que la fundación lleva únicamente una contabilidad económico-financiera y patrimonial, sin contabilidad presupuestaria ni contabilidad de costes, incumpliendo el artículo 8 del Decreto 299/2017.
Cuentas anuales incompletas: falta documentación obligatoria desde 2020
El informe también recoge que la fundación no ha presentado la documentación complementaria obligatoria que debe acompañar a las cuentas anuales, un incumplimiento continuado desde 2020.
Sin esta documentación, el control público sobre la actividad y la gestión económica de la fundación queda gravemente limitado.
Opacidad extrema: incumplimiento de la Ley de Transparencia
Entre los hallazgos más relevantes aparece un incumplimiento sistemático de la Ley de Transparencia de la Región de Murcia:
- La fundación no publica información sobre relaciones con la ciudadanía y la sociedad.
- No ha publicado los contratos celebrados en 2022.
- Los presupuestos de 2022 se han publicado sin la actualización trimestral exigida.
En resumen, según la Intervención, la fundación no ha cumplido con la publicidad activa que exige la ley entre 2020 y 2023.
Sin control de contratación: ni perfil del contratante ni información al Tribunal de Cuentas
El documento subraya dos incumplimientos legales especialmente graves:
- La fundación no dispone de perfil del contratante, vulnerando la normativa básica de contratación pública.
- No ha remitido información al Tribunal de Cuentas sobre su actividad contractual, como exige la ley.
Estos fallos comprometen la vigilancia externa sobre la gestión de los contratos y abren la puerta a la opacidad en la adjudicación de servicios.
Sin informar a la Dirección General de Presupuestos
De 2020 a 2023, la fundación tampoco ha facilitado información sobre los saldos y movimientos de sus cuentas bancarias a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, a pesar de estar obligada por normativa.
Un vacío informativo crítico que impide a la administración regional conocer con precisión el estado financiero de la entidad.
Retrasos en pagos y riesgo de incumplimiento de la ley de morosidad
La Intervención advierte además de que el periodo medio de pago de la fundación supera el máximo legal permitido, vulnerando la Ley 3/2004 de medidas contra la morosidad.
Este incumplimiento afecta directamente a proveedores y puede conllevar responsabilidades administrativas.
Sin plan para corregir los fallos: la anomalía más llamativa
A pesar de la gravedad de las incidencias, la Fundación Mariano Ruiz Funes no ha presentado ningún Plan de Acción, un requisito obligatorio para todas las entidades sujetas al control de la Intervención. El informe lo señala desde la primera línea: “Plan de Acción: NO PRESENTADO”.
La ausencia total de un plan para corregir irregularidades contables, legales y de transparencia supone un hecho excepcional en el sector público regional.
Una lista de incumplimientos que exige explicaciones
El conjunto de irregularidades recogidas por la Intervención apunta a una falta de control institucional prolongada, con un patronato que no ha fiscalizado adecuadamente su funcionamiento y con una ausencia casi total de cumplimiento normativo en áreas clave como contratación, transparencia y gestión económico-financiera.
El informe obliga ahora a la Comunidad Autónoma, responsable última de la supervisión de esta entidad pública, a explicar por qué la fundación no ha cumplido durante años con obligaciones esenciales y por qué no ha presentado ninguna propuesta de corrección.
Según el órgano fiscalizador, la situación actual compromete la legalidad, la transparencia y la fiabilidad de una fundación que debería ser ejemplar en su funcionamiento administrativo.
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