El órgano fiscalizador denuncia fallos contables, opacidad desde 2016, ausencia de control del gasto, contratación sin garantías y la falta de un plan de acción para corregir las deficiencias en una entidad que protege a personas vulnerables
La Fundación Murciana para la Defensa Judicial y Curatela (FMDJC), organismo público dependiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la tutela y protección legal de personas especialmente vulnerables, acumula irregularidades graves, persistentes y reiteradas desde hace años, según el informe de la Intervención General correspondiente a 2023.
El documento, categorizado desde su primera línea como “Plan de Acción: NO PRESENTADO”, revela que la fundación no solo incumple múltiples obligaciones legales y contables, sino que además ni siquiera ha presentado un plan para corregirlas.
El diagnóstico del órgano fiscalizador abarca fallos graves en la gestión económica, ausencia de transparencia, contratación irregular, cuentas incompletas, falta de control sobre fondos públicos y vulneración de obligaciones esenciales ante el Tribunal de Cuentas y la propia administración regional.
250.502 euros sin aplicar a su finalidad: tres años de remanentes sin devolver
Uno de los hallazgos más relevantes del informe aparece en el apartado P23n11: la fundación recibió financiación de la Comunidad Autónoma para sus actividades en 2020, 2021 y 2022, pero no la aplicó a su finalidad, acumulando remanentes durante tres ejercicios consecutivos.
A 31 de diciembre de 2022, la cantidad pendiente de devolución ascendía a:
➡️ 250.502,59 euros públicos sin utilizar y sin reintegrar.
Una situación especialmente grave al tratarse de una entidad que atiende y tutela a personas en situación de extrema vulnerabilidad, y que debería justificar con máximo rigor el uso de cada euro recibido.
Errores contables estructurales y saldos incoherentes
La Intervención detecta fallos básicos en la contabilidad:
- Saldos deudores sin movimiento durante uno y dos años.
- La cuenta de anticipos de remuneraciones aparece con saldo acreedor, algo incompatible con su naturaleza.
- Errores acumulados en el registro de deterioros, que arrastran descuadres documentados de –804,54 euros desde 2021 y 2022.
El informe advierte que estas deficiencias afectan directamente a la imagen fiel de las cuentas, vulnerando principios esenciales de gestión pública.
Sin contabilidad presupuestaria ni analítica: incumplimiento grave
La fundación carece de dos instrumentos obligatorios para cualquier ente del sector público:
- Contabilidad presupuestaria.
- Contabilidad analítica o de costes.
Solo lleva la contabilidad económico-financiera, lo que imposibilita conocer con precisión cómo se ejecuta el gasto y cómo se estructuran los costes de la entidad.
Cuentas sin documentación obligatoria y sin diligencias desde 2016
Los apartados P23n9 y P23n10 alertan de que:
- Las cuentas anuales no incluyen la documentación complementaria exigida por normativa.
- No se insertan las diligencias obligatorias de formulación desde 2016.
Esto significa que la fundación lleva siete años sin cumplir con la normativa esencial de rendición contable, pese a gestionar fondos y servicios públicos.
Inmueble cedido sin valorar y sin registro contable
El informe revela que las oficinas de la fundación fueron cedidas gratuitamente por la Consejería competente, pero:
- No existe valoración económica de esta cesión.
- No figura gasto por uso del inmueble.
- No se registra el ingreso compensatorio correspondiente.
Un incumplimiento que afecta al patrimonio público y a la correcta representación contable de la actividad de la fundación.
Contratación sin garantías: sin perfil del contratante y sin documentación
La fundación:
- No dispone de perfil del contratante, obligatorio para cualquier entidad pública.
- En los expedientes de contratos menores solo aparece la factura, sin informes, sin memorias justificativas y sin autorizaciones de gasto.
Además, la Intervención advierte de que la entidad no ha remitido la información contractual al Tribunal de Cuentas, incumpliendo su obligación de control externo.
Opacidad total: incumplimiento de la Ley de Transparencia desde 2016
El apartado P23n18 detalla que la fundación incumple de manera sistemática los principios de transparencia pública:
- No publica información institucional ni organizativa.
- No ofrece datos sobre altos cargos ni retribuciones más allá del mínimo imprescindible.
- No publica contratos, convenios, subvenciones, ejecución presupuestaria ni contenido relativo a participación ciudadana.
Según la Intervención, estos incumplimientos se repiten desde 2016 hasta 2023.
Gastos de personal sin control y sin remisión de información
El informe también señala que la fundación no ha reportado bimestralmente la información sobre dietas, compensaciones y gastos de personal, incumpliendo la orden que regula estas obligaciones.
Libros contables sin legalizar
La fundación tampoco ha legalizado los libros de contabilidad obligatorios, vulnerando el artículo 43.3 del Reglamento estatal de fundaciones.
Un vacío de control incompatible con la protección de personas vulnerables
Los hallazgos de la Intervención dibujan un escenario de descontrol prolongado, tanto institucional como administrativo, en una entidad cuya misión —la protección de personas con discapacidad, dependencia o vulnerabilidad extrema— exige el máximo rigor.
La ausencia de un plan de acción, la falta de contabilidad adecuada, la opacidad, los fondos sin aplicar y el incumplimiento sistemático de la ley comprometen gravemente la credibilidad de la fundación y la supervisión por parte de la administración regional.
El informe obliga ahora a la Comunidad Autónoma a dar explicaciones sobre por qué la fundación lleva años sin corregir irregularidades esenciales y por qué no se ha instaurado un sistema efectivo de control sobre una entidad que gestiona funciones tan sensibles dentro del sistema público de protección.
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