El Ayuntamiento de Cartagena acumula facturas sin contrato por millones de euros y muestra riesgos para el déficit y la regla de gasto

El Ayuntamiento de Cartagena acumula facturas sin contrato por millones de euros y muestra riesgos para el déficit y la regla de gasto
El Ayuntamiento de Cartagena acumula facturas sin contrato por millones de euros y muestra riesgos para el déficit y la regla de gasto
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La situación económico-presupuestaria del Ayuntamiento de Cartagena continúa agravándose, según reflejan los últimos informes de la Intervención municipal. A las advertencias ya formuladas en el Informe de Control Financiero de 2024 —que revelaba un uso reiterado de servicios sin contrato, reparos suspensivos y graves deficiencias en el control patrimonial— se suma ahora la dación de cuentas del tercer trimestre de 2025, que confirma que los riesgos advertidos por el órgano fiscalizador ya se han traducido en un déficit real de 1.372.742 euros.

El análisis conjunto de ambos documentos dibuja un escenario preocupante para la gestión económica municipal: servicios prestados sin cobertura legal, un volumen acumulado de 8.019.755 euros en la cuenta 413 (obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto), seis años sin actualizar el Inventario General de Bienes Municipales y un control insuficiente de los ingresos urbanísticos. Todo ello compromete la estabilidad financiera del Ayuntamiento y dificulta el cumplimiento de la regla de gasto exigida por la legislación estatal.

Servicios prestados sin contrato y reparos de Intervención

El informe de control financiero correspondiente a 2024 recoge 175 reparos suspensivos, la mayoría derivados de obras, servicios o suministros realizados sin contrato en vigor, prorrogados de hecho o asociados a contratos de tracto sucesivo caducados. Estas prácticas, advierte la Intervención, generan obligaciones económicas carentes de cobertura legal, vulnerando los principios de publicidad, concurrencia y control del gasto.

El órgano fiscalizador insiste en que esta reiteración de facturas sin contrato demuestra una planificación inadecuada y compromete la fiscalización previa, que constituye una garantía esencial para la protección del interés público. Entre sus recomendaciones figura adelantar la licitación de contratos susceptibles de vencimiento con al menos tres meses de margen, con el objetivo de frenar el recurso sistemático a soluciones irregulares.

La Intervención también alerta de deficiencias en el uso de los contratos menores, con expedientes que presentan falta de justificación, insuficiente acreditación de la necesidad o ausencia de control sobre la acumulación de encargos a un mismo proveedor.

Ocho millones pendientes de aplicar y un reparto contable con efectos en déficit y regla de gasto

Uno de los elementos más delicados del informe es el volumen acumulado en la cuenta 413, que al cierre de 2024 ascendía a 8.019.755 euros, un importe que permanece sin imputación presupuestaria. El órgano fiscalizador advierte de que una regularización tardía o masiva de estas obligaciones podría impactar de forma directa en el déficit y en el cumplimiento de la regla de gasto.

La dación de cuentas del tercer trimestre de 2025 confirma que parte de estos riesgos ya se han materializado: el Ayuntamiento registra una necesidad de financiación de –1.372.742,04 euros, incumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria y comprometiendo la capacidad municipal para afrontar nuevos compromisos de gasto.

El documento recomienda anticipar el cierre contable del ejercicio, agilizar la tramitación de facturas, reforzar el seguimiento de ingresos y extremar el rigor en la ordenación del gasto para evitar que esta situación se agrave al cierre del año.

Ejecución presupuestaria insuficiente y tensiones en ingresos y gastos

Los datos de ejecución presupuestaria también evidencian tensiones estructurales. A 30 de septiembre de 2025, los ingresos reconocidos netos del Ayuntamiento se sitúan en 211,9 millones (61,32%) y los ingresos recaudados en 185,5 millones (87,53%). En el capítulo de gastos, los compromisos alcanzan 221,5 millones (64,11%), mientras que las obligaciones reconocidas ascienden a 179,4 millones (51,93%).

La Intervención señala que la ejecución del gasto continúa siendo baja en términos comparativos y que esta situación dificulta la puesta en marcha de inversiones y la correcta prestación de servicios municipales.

Aunque el Periodo Medio de Pago (PMP) se mantiene en cifras legales —10,63 días en julio; 18,41 en agosto; 11,59 en septiembre—, el contexto general de facturación sin contrato y obligaciones no aplicadas evidencia que el PMP no refleja completamente la presión real que soportan los proveedores.

Control urbanístico, patrimonio sin actualizar y advertencias sobre transparencia

El informe también detecta carencias en el control de los ingresos urbanísticos: la cuenta del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) figura con saldo cero, una anomalía que la Intervención relaciona con un seguimiento contable insuficiente. Esto impide verificar que los recursos obtenidos por esta vía se destinen a los fines legalmente establecidos.

A ello se suma que el Inventario General de Bienes Municipales no se actualiza desde 2018, incumpliendo la normativa que exige su revisión anual. La Intervención advierte de que esta falta de actualización provoca una desconexión entre el inmovilizado contable y los bienes realmente existentes, dificultando la gestión patrimonial y la transparencia.

El documento añade que las limitaciones internas del Departamento de Contabilidad —con falta de medios y problemas de interoperabilidad entre sistemas informáticos— han impedido ejecutar todas las actuaciones previstas en el plan de control financiero, lo que agrava la necesidad de reforzar los recursos técnicos y humanos del área.

¿Qué implican realmente estos datos para la ciudadanía?

En la práctica, que el Ayuntamiento acumule facturas sin contrato y más de ocho millones en obligaciones pendientes significa que se están prestando servicios sin control adecuado y generando gastos que no figuran en el presupuesto oficial. Esto puede provocar sobrecostes, pagos irregulares y un “agujero” final en las cuentas municipales, que a su vez dificulta cumplir la regla de gasto y la estabilidad que exige la ley. El resultado es un Ayuntamiento que gasta más de lo que ingresa, como confirma el déficit ya registrado en 2025.

Además, el hecho de que el inventario municipal lleve seis años sin actualizarse y que el Patrimonio Municipal del Suelo figure a cero implica falta de control sobre los bienes y recursos públicos. En términos sencillos, significa que el Ayuntamiento no tiene una fotografía real de su patrimonio ni un seguimiento claro del dinero que debe destinarse a vivienda pública y equipamientos, lo que compromete la planificación y limita la capacidad de invertir en mejoras para los barrios y diputaciones.

Un diagnóstico que exige medidas estructurales

En sus conclusiones, la Intervención municipal es clara: el Ayuntamiento de Cartagena necesita corregir debilidades estructurales, reforzar el control interno, mejorar la planificación de los contratos y actualizar los instrumentos de gestión patrimonial y presupuestaria.

La coexistencia de facturación sin contrato, obligaciones no aplicadas, déficit real, bajo nivel de ejecución y un inventario obsoleto configura un escenario que compromete la estabilidad financiera y la credibilidad de la administración municipal.

El Gobierno local deberá ahora decidir si atiende las recomendaciones del órgano fiscalizador o mantiene un modelo de gestión que, según los informes oficiales, presenta riesgos significativos y crecientes para las cuentas públicas del Ayuntamiento.

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