Justicia, ¿ciega?

«Dos dirigentes socialistas, dos causas penales, dos archivos judiciales. Y en los dos casos, la misma ‘casualidad’: la justicia les da la razón cuando ya se han bajado del escenario, cuando ya han pagado el precio político y personal, cuando el PP ya ha exprimido lo que podía exprimir»

Este jueves se ha archivado la causa contra Pepe Vélez por los encierros taurinos de Calasparra. No es un detalle menor, ni una nota de tribunales más: es el punto y seguido de una historia muy larga de desgaste, sospecha y barro. Y, sobre todo, es una historia que se parece demasiado a otra: la de Diego Conesa y aquella multa de tráfico en Alhama de Murcia que el Partido Popular convirtió en munición política antes de que los tribunales desmontaran el relato.

Dos dirigentes socialistas, dos causas penales, dos archivos judiciales. Y en los dos casos, la misma “casualidad”: la justicia les da la razón cuando ya se han bajado del escenario, cuando ya han pagado el precio político y personal, cuando el PP ya ha exprimido lo que podía exprimir.

No es solo una cuestión jurídica, es, sobre todo, una cuestión moral

En el caso de Pepe Vélez, la Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa por prevaricación, malversación y falsedad documental vinculada a la Feria Taurina del Arroz de Calasparra, entre 2017 y 2019, cuando era alcalde del municipio. La decisión es firme y no es recurrible.

Mientras tanto, ¿qué ha pasado en la vida de Vélez? El mismo dirigente que llegó a ser secretario general del PSRM-PSOE y portavoz en la Asamblea Regional, además de Delegado del Gobierno, dejó la secretaría general y el escaño meses antes de este auto, su carrera política truncada por la sombra de un caso que ahora se esfuma en sede judicial.

El PP, que alentó y amplificó el caso, lo utilizó para desgastar al adversario. No hace falta imaginación: basta escuchar a la propia dirección socialista hablando de “cacería política” y exigiendo al PP que pida perdón por el daño causado, tanto a Vélez como a sus compañeros investigados, algo que tengan por seguro que no hará.

La justicia archiva. La política, en cambio, rara vez repara

Lo de Diego Conesa fue distinto en los detalles, pero dolorosamente parecido en el método. Se le investigó por un presunto delito de prevaricación administrativa al no tramitar una multa de tráfico a un concejal de IU cuando era alcalde de Alhama de Murcia. La Fiscalía pidió el archivo de la causa al no ver indicios de delito, y el Juzgado de Instrucción nº 3 de Totana decidió archivar. Más tarde, la Audiencia Provincial confirmó definitivamente ese archivo en julio de 2022.

Otra vez lo mismo: el ruido político, las portadas, los editoriales y el PP explotando el caso como símbolo de corrupción socialista. Otra vez las familias en el centro del huracán, los señalamientos personales, las insinuaciones sobre la honradez de alguien que había sido delegado del Gobierno y secretario general del PSRM. Y otra vez, cuando la justicia habla de verdad, ya no estamos en el mismo escenario político.

Conesa no solo renunció a revalidar la secretaría general en 2021; dejó el acta de diputado regional poco después, hablando de “ataques furibundos” en el plano personal y familiar que cruzaban todas las líneas rojas. El archivo definitivo llegó en 2022, cuando la maquinaria política ya había hecho su trabajo: dejarle marcado. El PSOE de Alhama llegó a exigir perdón al PP por una denuncia que, una vez más, se quedó en nada.

Nada… salvo el desgaste, la sospecha y el coste humano

Aquí es donde la palabra “justicia” se vuelve incómoda. Porque sí, jurídicamente el sistema ha funcionado: ha habido control judicial, recursos, resoluciones motivadas. Pero políticamente, éticamente, humanamente, el resultado tiene un regusto amargo.

Cuando el PP impulsa, jalea o se agarra a estas denuncias como si fueran pruebas definitivas de la maldad ajena, sabe muy bien lo que está haciendo. Sabe que, aunque el caso acabe archivado, el efecto corrosivo se mantiene. Que el “algo habrá hecho” queda flotando en el ambiente. Que siempre aparecerá quien diga “bueno, lo absolvió un juez, pero ya se sabe cómo va esto”.

Y, mientras tanto, no les tiembla el pulso a la hora de exagerar, retorcer o directamente adornar los hechos. No lo digo yo: lo dicen las propias reacciones socialistas, que denuncian una estrategia sistemática de “cacería” y linchamiento político, alimentada desde el PP y sus terminales mediáticas.

Porque, seamos claros: si el objetivo fuera que se esclarecieran los hechos, se tendría algo más de prudencia a la hora de juzgar en público lo que aún no se ha juzgado en los tribunales. Pero el objetivo no era ese. El objetivo era desgastar, erosionar, triturar. Y ahí, misión cumplida.

Lo que une a Vélez y a Conesa no es solo el partido, ni el cargo, ni el lugar donde han hecho política. Lo que les une es ese patrón perverso:

1. señalamiento público,
2. proceso judicial utilizado como munición,
3. retirada política en un clima de acoso y desgaste,
4. y finalmente archivo de la causa, cuando el daño ya es irreversible.

Hay algo profundamente injusto en esa secuencia. Y sí, podemos hablar de separación de poderes, de tiempos judiciales, de independencia de los jueces. Pero también tenemos que hablar de cómo algunos convierten cualquier atisbo de procedimiento penal en espectáculo, en campaña, en arma.

Por otro lado, el PP, tan cómodo, tan suelto, tan dispuesto a ir a por la siguiente pieza, sin un atisbo de autocrítica. Donde antes hubo acusaciones de corrupción, ahora hay silencio administrativo y amnesia selectiva.

Pienso en las noches de ambos. En las de Diego, con su familia, leyendo titulares sobre una multa que un juez acabaría diciendo que no era delito alguno. Pienso en las de Pepe, su mujer y sus hijas, preguntándose en qué momento su nombre pasó de representar la victoria en la Región de Murcia a ser sinónimo de un juicio que nunca llegaría a celebrarse.

Que nadie se engañe: aunque hoy haya autos que archivan causas, aunque jurídicamente no haya condena, la condena social ya se dictó hace tiempo. La dictó la derecha que convirtió la sospecha en eslogan. Y la hemos tolerado como sociedad, porque nos encanta ver sangre política, aunque luego nos llevemos las manos a la cabeza cuando comprobamos que, en realidad, no había delito.

¿Justicia ciega? Ojalá. Demasiadas veces, la justicia llega tarde, pero la política nunca llega ciega: sabe exactamente a quién quiere destruir y en qué momento le conviene hacerlo.

Quizá lo más honesto hoy sería escuchar a quienes han pasado por ese proceso y no volver a mirar hacia otro lado. Aceptar que usar los tribunales como herramienta de demolición política no es “juego democrático”, sino una forma de corrupción moral. Una que no se castiga en ningún juzgado, pero que sale carísima: expulsa a gente válida, desanima vocaciones, manda un mensaje letal a cualquiera que se plantee dar un paso adelante.

Porque, cuando el PP monta el espectáculo, la justicia habla al final… pero la sentencia que queda es la del fango previo. Vélez y Conesa han sido archivados, sí. Pero el relato que queda en muchas cabezas no es el del archivo, sino el del escándalo.

Y esa es la trampa: que incluso cuando se demuestra que no había caso, el daño ya está hecho. Que incluso cuando la justicia firma el sobreseimiento, la política ya ha dictado su propia condena.

Por eso, hoy, más que celebrar archivos, toca preguntarse cuántas carreras, cuántas familias y cuántas biografías vamos a dejar que se trituren antes de decir basta. Y, a partir de ahí, decidir si seguimos tragando con esta forma de entender la política… o si empezamos a exigir que, como mínimo, la decencia pese tanto como el titular fácil.

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