Carmina Fernández denuncia que la Asamblea Regional se usa “como herramienta partidista” y que la ultraderecha redactará el documento clave sobre una ley ya suspendida por el Tribunal Constitucional
El PSOE ha denunciado con contundencia la decisión adoptada este viernes por la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional, que ha otorgado a dos diputados de Vox la elaboración del informe sobre la personación del parlamento autonómico contra los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Socialista. Ambos recursos, admitidos a trámite, impugnan la Ley 2/2025, de modificación de la Ley de Participación Institucional, aprobada por PP y Vox este verano.
La portavoz socialista, Carmina Fernández, calificó la decisión como una cesión directa del Partido Popular a la ultraderecha: “El PP deja en manos de Vox los derechos de los trabajadores”, advirtió, denunciando que el partido de López Miras utiliza la Asamblea “en función de lo que les interesa políticamente, sin ningún respeto a su papel institucional”.
Según Fernández, el episodio constituye un nuevo ejemplo del “uso partidista de los servicios jurídicos” por parte del PP, que actúa de manera variable según le convenga: “Cuando quiere, sí pide informes jurídicos; cuando no le interesa, impide que se emitan”.
Una cronología que evidencia cambios de criterio del PP según su pacto con Vox
La portavoz socialista repasó la trayectoria legislativa de esta norma, recordando que fue Vox quien presentó inicialmente la proposición de ley a comienzos de 2025, con el objetivo —según el PSOE— de “silenciar la participación institucional de sindicatos y organizaciones empresariales”, vulnerando el artículo 7 de la Constitución.
En aquel momento, los servicios jurídicos de la Cámara sí emitieron un informe advirtiendo de que la propuesta limitaba la actividad sindical y empresarial en órganos de participación institucional. Ese informe llevó al propio PP a pedir a Vox la retirada de la iniciativa, que finalmente fue retirada.
Pero el escenario cambió meses después: en junio de 2025, en pleno proceso de negociación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma entre PP y Vox, la ultraderecha volvió a registrar la misma proposición de ley, “prácticamente calcada”. Esta vez, el PP evitó que se solicitara informe jurídico y forzó la votación urgente para aprobarla pese a las advertencias del PSOE, que reclamó garantías legales antes de votar.
El resultado fue la aprobación exprés de la norma gracias a la mayoría sumada por PP y Vox.
La ley está suspendida por el Tribunal Constitucional
Tras la aprobación, el PSOE anunció que presentaría un recurso de inconstitucionalidad, coordinado con UGT y CCOO. El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso registró efectivamente el recurso, al que se sumó otro del Gobierno de España.
Ambos fueron admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional, que acordó suspender la aplicación de la ley, un hecho que la portavoz socialista subrayó como “una enmienda total a la maniobra política de PP y Vox”.
“Intentaron colar por la puerta de atrás una ley que elimina derechos constitucionales de participación, y el Constitucional la ha paralizado”, recordó Fernández.
Pese a ello, el PP ha apoyado ahora que sea Vox quien redacte el informe con el que la Asamblea Regional pretende personarse ante el Tribunal Constitucional para defender la ley suspendida.
“El PP vendió los derechos de los trabajadores por un presupuesto”
Para Carmina Fernández, la actuación del PP responde a un único objetivo: mantener a López Miras en el poder. “El PP vendió los derechos de los trabajadores por un presupuesto”, afirmó. “Vox impone su agenda ideológica y el PP la asume sin pestañear para seguir en el Gobierno”.
La portavoz socialista advirtió de que su grupo continuará actuando “en defensa de los trabajadores y trabajadoras de la Región de Murcia, y por supuesto del lado de la Constitución”.
El PSOE considera que la decisión de encargar a Vox un informe tan relevante pone de manifiesto la degradación institucional de la Asamblea Regional y supone un intento de avalar una ley cuestionada por vulnerar la participación sindical y empresarial más representativa.
Fernández concluyó recordando que la ley cuestionada afecta directamente a la interlocución entre los agentes sociales y el Gobierno regional: “Quieren amordazar a los sindicatos, eliminar la participación institucional y silenciar la voz de quienes representan a miles de trabajadores. Y el PP es cómplice directo”.
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