La sentencia obliga a retrotraer el proceso y reconoce que no hubo negociación colectiva ni compromiso real para ampliar la plantilla de bomberos
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia ha estimado el recurso interpuesto por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) y ha anulado la aprobación del Presupuesto General de 2024 del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia. En su sentencia 00316/2025, el tribunal declara la nulidad del acto administrativo publicado en el BORM el 3 de mayo de 2024 y ordena retrotraer las actuaciones al momento previo a su aprobación para garantizar la negociación colectiva obligatoria prevista en el artículo 37.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015. Además, impone las costas procesales al propio Consorcio.
El fallo supone un revés jurídico de primer nivel para la administración responsable del servicio de bomberos y da la razón a CCOO en su principal argumento: los presupuestos se aprobaron sin llevar a cabo la negociación previa y preceptiva sobre materias laborales esenciales, vulnerando la normativa estatal que regula los derechos sindicales y la participación de los trabajadores en la elaboración de los presupuestos que afectan directamente a sus condiciones laborales.
Un presupuesto que ignoraba compromisos de plantilla y mejoras laborales
La sentencia también avala las alegaciones del sindicato respecto al contenido del presupuesto anulado. Según denunció CCOO, las cuentas aprobadas para 2024 incluían únicamente un incremento del 2,32 % en el capítulo de personal con respecto a 2023, una subida que apenas cubría las retribuciones pactadas a nivel estatal y que no contemplaba ningún crecimiento real de la plantilla.
Esto contradecía los compromisos asumidos públicamente por el presidente regional, Fernando López Miras, quien había anunciado un refuerzo de 120 bomberos para afrontar las necesidades del servicio. Sin embargo, el presupuesto impugnado no incorporaba ni una sola plaza nueva respecto a las contempladas en 2022, reproduciendo el mismo escenario de 2023 y perpetuando la falta de personal que afecta a la operatividad del Consorcio.
CCOO también denunció que el documento económico aprobado carecía de una partida destinada a abordar las repercusiones de la necesaria actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), pese a que la administración había adquirido ese compromiso. Ni siquiera se incluyó una dotación mínima con carácter simbólico que permitiera iniciar el proceso.
Según el sindicato, la ausencia de estas medidas no solo incumplía las promesas realizadas, sino que agravaba la situación de un servicio que arrastra carencias estructurales: falta alarmante de personal, exceso de horas extraordinarias, dificultades para aplicar reducciones de jornada y una merma evidente en la prestación del servicio público. Todo ello, afirma CCOO, ha quedado corroborado en la evolución posterior del Consorcio durante 2024 y 2025.
El tribunal obliga al Consorcio a negociar un nuevo presupuesto con garantías
La resolución judicial es clara: el Consorcio debe sentarse a negociar con los sindicatos de forma real y efectiva, tal como exige la normativa legal, antes de aprobar un nuevo presupuesto. Esta negociación deberá abordar cuestiones esenciales como:
- la ampliación urgente de la plantilla,
- la revisión y actualización de la RPT,
- la negociación de un nuevo Acuerdo Marco,
- y cualquier aspecto con impacto laboral que deba reflejarse en las cuentas del organismo.
Para CCOO, la sentencia confirma tanto el incumplimiento de los procedimientos de negociación obligatoria como la falta de respuestas en ámbitos claves para la estabilidad y eficacia del servicio de bomberos de la Región de Murcia.
Un toque de atención al Consorcio y al Gobierno regional
La decisión judicial supone un toque de atención directo no solo al Consorcio de Extinción de Incendios, sino también al Gobierno de la Región de Murcia, del que depende su financiación y planificación. El tribunal deja sin efecto un presupuesto que —según el sindicato— se aprobó ignorando compromisos pactados y prescindiendo de la participación sindical obligatoria.
Con la sentencia, el Ejecutivo regional se ve emplazado a rehacer todo el proceso y a cumplir con el marco legal de negociación colectiva. Este paso resulta determinante para corregir años de incumplimientos que, según denuncia CCOO, han contribuido a mantener un servicio esencial en una situación de precariedad y falta de medios.
La sentencia abre ahora un nuevo escenario para 2026, donde el Consorcio deberá reformular sus cuentas con la participación efectiva de los representantes de los trabajadores y garantizar que los compromisos adquiridos se traduzcan en mejoras reales para el personal y para la seguridad ciudadana.
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