«Cuando un presidente autonómico repite un bulo desmentido, el problema ya no es económico, sino democrático«

Hay un punto en el que la mentira deja de ser un desliz retórico y se convierte en una estrategia política consciente. Ese punto se alcanza cuando un dirigente público, con acceso a toda la información oficial y rodeado de asesores, insiste en difundir un bulo ya desmontado para sostener su relato. Eso es exactamente lo que ocurre en la Región de Murcia con el falso argumento de los “60.000 millones de euros de fondos europeos perdidos” por el Gobierno de España.
Fernando López Miras lo repitió esta semana en la Asamblea Regional. No como una duda, no como una interpretación discutible, sino como una afirmación categórica: España habría renunciado a decenas de miles de millones de euros procedentes de la Unión Europea. Lo hizo desde la tribuna institucional más importante de la Región, sabiendo —o debiendo saber— que esa afirmación es falsa.
Y ahí está el verdadero problema.
No estamos ante un debate técnico sobre financiación europea, ni siquiera ante una exageración política habitual. Estamos ante la normalización de la mentira como herramienta de confrontación, utilizada de forma deliberada para construir un agravio inexistente y desviar la atención de los problemas reales de gestión.
Un bulo desmontado por los hechos… y por los ministros
Los datos son claros, públicos y verificables. España no ha renunciado a ninguna subvención europea. Ni un euro. Los fondos a los que alude el PP corresponden a préstamos reembolsables, no a ayudas a fondo perdido. Préstamos que el propio diseño del Mecanismo de Recuperación permite solicitar o no, en función de las condiciones financieras de cada Estado.
Y España, hoy, se financia en los mercados en mejores condiciones que las ofrecidas por esos créditos europeos.
Esto no lo dice una interpretación interesada. Lo han explicado, con claridad y de forma reiterada, la entonces vicepresidenta económica Nadia Calviño, el actual ministro de Economía Carlos Cuerpo y el portavoz del Gobierno Óscar Puente. Tres responsables públicos, en distintos momentos, con el mismo mensaje: no hay renuncia, no hay pérdida y no hay recorte de fondos europeos.
Cuando, pese a todo eso, el presidente de una comunidad autónoma insiste en hablar de “60.000 millones perdidos”, ya no estamos ante un error. Estamos ante una decisión política de mentir.
¿Por qué necesita el PP este bulo?
La pregunta clave no es si el dato es falso —lo es—, sino por qué resulta tan útil para el Partido Popular. La respuesta es incómoda, pero evidente: porque permite construir un relato victimista en el que la Región de Murcia siempre sale perjudicada por un Estado central negligente o hostil.
Es un marco mental sencillo, emocional y rentable:
– Madrid nos roba.
– Europa nos da dinero, pero el Gobierno lo rechaza.
– La culpa nunca está aquí.
Ese relato cumple una función esencial: ocultar la responsabilidad propia. Ocultar que la Región de Murcia es una de las comunidades con mayores dificultades para ejecutar los fondos que sí tiene asignados. Ocultar los retrasos, los expedientes bloqueados, las oportunidades perdidas en vivienda, transición energética o modernización administrativa.
Mientras se habla de un dinero que supuestamente no llega, no se habla del que ya está y no se gestiona.
El daño institucional de mentir desde la tribuna
Que un cargo público mienta no es nuevo. Que lo haga un presidente autonómico, en sede parlamentaria, con datos económicos falsos y fácilmente desmontables, es algo mucho más grave.
Porque erosiona la confianza en las instituciones, degrada el debate democrático y envía un mensaje peligroso: que la verdad es opcional si el relato funciona. Que los datos importan menos que el titular. Que da igual que sea falso, si sirve para atacar al adversario.
Ese es el terreno en el que la política deja de ser confrontación legítima de ideas y se convierte en propaganda. Y la propaganda, cuando se normaliza, siempre acaba debilitando a la democracia.
No se trata de una discusión ideológica entre izquierda y derecha. Se trata de algo más básico: el respeto a los hechos. Sin un mínimo acuerdo sobre la realidad, no hay debate posible. Solo ruido.
La mentira repetida no se convierte en verdad
Hay una vieja tentación en política: repetir una falsedad hasta que cale. Confiar en que la saturación del mensaje termine imponiéndose sobre la explicación técnica. El PP lleva meses intentándolo con los fondos europeos. Pero la realidad es obstinada.
Los documentos de la Unión Europea no cambian porque se repita un bulo. Las declaraciones oficiales no desaparecen porque se ignoren. Y, sobre todo, la mentira no se convierte en verdad por muy alto que se diga.
Lo preocupante es que esta estrategia no parece un error aislado, sino una forma de hacer política cada vez más habitual: simplificar, falsear y confrontar. Convertir cualquier debate complejo en una consigna falsa pero emocionalmente eficaz.
El coste democrático de mirar hacia otro lado
La responsabilidad no es solo de quien miente, sino también de quien normaliza la mentira. De quien la reproduce sin contrastar. De quien la amplifica por afinidad ideológica. De quien calla por comodidad.
Aceptar que un presidente autonómico puede difundir un bulo económico desmentido sin consecuencias es aceptar que todo vale. Y cuando todo vale, la política deja de servir al interés general y pasa a servir únicamente a la supervivencia del poder.
El problema de fondo no son los 60.000 millones que nunca se perdieron. El problema es el precio que pagamos cuando se pierde el respeto por la verdad.
Porque una democracia no se deteriora solo con grandes escándalos. A veces se erosiona de forma silenciosa, bulo a bulo, mentira a mentira, hasta que la frontera entre la realidad y la propaganda se vuelve irreconocible.
Y entonces ya no importa quién gobierne. Importa que, cuando se miente desde el poder y no pasa nada, la democracia empieza a perder.
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