El sindicato denuncia salarios insuficientes, contratos parciales forzosos y mayor presión comercial sobre los repartidores
El sindicato Comisiones Obreras ha decidido no firmar el nuevo Convenio de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que regula las condiciones laborales de los repartidores de gas butano en la Región de Murcia, al considerar que el acuerdo supone un retroceso en derechos laborales y no garantiza unas condiciones salariales ni profesionales dignas para el colectivo.
La firma del convenio se ha producido sin el respaldo de CCOO, que ha hecho pública su negativa tras constatar que la patronal no ha aceptado una serie de reivindicaciones planteadas durante el proceso de negociación. Según el sindicato, el texto finalmente acordado empeora aspectos clave del convenio anterior y consolida un marco laboral más precario para las personas trabajadoras del sector .
Desde CCOO subrayan que su postura responde a la defensa de condiciones laborales estables y justas para un colectivo que desempeña un trabajo físicamente exigente y esencial, especialmente en zonas rurales y durante los meses de mayor demanda.
Subidas salariales absorbibles y contratación parcial
Uno de los principales motivos del rechazo sindical es que la patronal no ha aceptado que la subida salarial pactada en el convenio sea ni absorbible ni compensable. Esto implica, según denuncia CCOO, que aquellos trabajadores que ya tengan mejoras salariales pactadas por encima del convenio podrían verlas reducidas al aplicarse el nuevo incremento, perdiendo poder adquisitivo real.
El sindicato considera esta cláusula especialmente lesiva, ya que vacía de contenido la mejora salarial anunciada y penaliza a quienes habían conseguido acuerdos más favorables en etapas anteriores.
A ello se suma la introducción de la posibilidad de contratar fijos discontinuos a jornada parcial, permitiendo que personas que ya no trabajan todo el año puedan ser contratadas por menos de ocho horas diarias. Para CCOO, esta medida fomenta la precariedad, reduce ingresos y dificulta la estabilidad laboral en un sector que tradicionalmente ha sufrido una alta temporalidad.
Más presión comercial sin garantías económicas
Otro de los puntos más controvertidos del nuevo convenio es la modificación del artículo 27, que obliga a los trabajadores a ajustar su actuación profesional a la política comercial, de imagen y de servicio fijada por la empresa en cumplimiento de las directrices del operador principal de GLP, como Repsol Butano, u otros operadores con los que mantenga relación contractual.
El texto incluye la obligación de colaborar en la consecución de objetivos comerciales conforme a dichas directrices, incorporando estas exigencias como parte de las obligaciones profesionales del trabajador. Sin embargo, la patronal ha rechazado introducir una garantía clave exigida por CCOO: que el cumplimiento o incumplimiento de esos objetivos comerciales no pueda afectar a las percepciones económicas ni dar lugar a sanciones disciplinarias.
Para el sindicato, esta omisión abre la puerta a una mayor presión sobre los repartidores y a posibles penalizaciones encubiertas, vinculando de facto el salario y la estabilidad laboral al cumplimiento de objetivos comerciales ajenos a las condiciones reales del trabajo diario.
Reivindicación de condiciones dignas
Desde CCOO insisten en que durante toda la negociación han defendido la necesidad de un salario digno y unas condiciones laborales acordes con la dureza y responsabilidad del trabajo que realizan los repartidores de gas butano. La negativa a firmar el convenio, explican, es una consecuencia directa de la falta de avances en estos aspectos esenciales.
El secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en la Región de Murcia, Julio López Pujalte, ha reiterado que el sindicato no puede avalar un acuerdo que consolida la precariedad y debilita los derechos laborales del sector.
CCOO ha advertido de que continuará defendiendo mejoras reales para los trabajadores del GLP y no descarta seguir reclamando cambios que garanticen estabilidad, salarios justos y protección frente a prácticas empresariales que, a su juicio, desequilibran aún más la relación laboral en perjuicio de los repartidores.
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