«El PP sacrifica la protección del Mar Menor por un pacto con Vox, pese a la agonía de la laguna«
La nueva mayoría del Partido Popular en la Región de Murcia, apoyada por Vox, ha emprendido una contrarreforma de la Ley 3/2020 de protección del Mar Menor. Esta ley, aprobada tras repetidas crisis ecológicas en la laguna, estableció medidas estrictas para frenar su deterioro. Cinco años después, el Gobierno murciano planea desmantelar parte de esas protecciones en beneficio de ciertos intereses agrícolas y en cumplimiento de acuerdos políticos. El resultado es un grave retroceso ambiental justificado únicamente por cálculos electorales.
Rebajas en sanciones y ayudas a los infractores
El Grupo Parlamentario Popular registró el 23 de diciembre una proposición de ley para modificar la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor. La reforma extrae del texto legal el régimen sancionador específico sobre la contaminación por nitratos, remitiéndolo a un futuro Programa de actuación para zonas vulnerables en el Campo de Cartagena. En paralelo, se sustituye el sistema sancionador propio de la Ley 3/2020 por el marco general estatal establecido en la Ley 30/2022 (normativa de la PAC sobre uso sostenible de nutrientes). Esta “armonización” con la normativa nacional implica reducciones drásticas en las multas: por ejemplo, las infracciones leves, antes penadas con hasta 10.000 euros, pasarían a sancionarse solo con entre 600 y 1.000 euros. Asimismo, se debilita la pérdida de ayudas públicas a los infractores: donde la ley original estipulaba que la comisión de infracciones graves o muy graves “conllevará” la pérdida del derecho a obtener subvenciones de la Comunidad durante dos años, ahora la redacción pasa a “podrá conllevar”, haciendo esta sanción accesoria discrecional.
El Ejecutivo regional insiste en que con esta reforma “no se eliminan restricciones” y que la actividad agrícola en el entorno del Mar Menor seguirá “siendo la más controlada de Europa”, al afirmar que solo se adaptan las cuantías de las sanciones para equipararlas al resto del país. Sin embargo, este “ajuste” normativo supone en la práctica una amnistía encubierta para quienes contaminen. Al rebajar las multas y diluir la retirada de ayudas, se resta eficacia disuasoria a la ley y se envía un mensaje de impunidad. Las organizaciones ecologistas destacan que resulta muy significativo que se suprima precisamente el régimen sancionador en un asunto tan crítico como el control de nitratos, “eliminando un merecido castigo a los infractores” que antes perdían el acceso a fondos públicos por incumplir la normativa. Dicho de otro modo, la reforma favorece a quienes incumplen la ley frente al interés general: “Se premia al infractor, se castiga al ecosistema”.
Regresión medioambiental inadmisible en un ecosistema en crisis
Estudios científicos han determinado que la mayor parte de los nutrientes que provocan la eutrofización de este ecosistema proceden de la agricultura de regadío intensivo y otras actividades humanas en su cuenca vertiente. De hecho, se calcula que casi cinco toneladas diarias de compuestos nitrogenados llegan al Mar Menor arrastrados por las ramblas y acuíferos conectados al campo agrícola.
En este delicado contexto, cualquier paso atrás en la protección legal resulta inadmisible. El principio de no regresión en materia ambiental —fundamental en el Derecho ecológico— establece que no deben derogarse avances normativos en defensa del medio ambiente. Precisamente eso es lo que denuncian juristas y ecologistas ante la contrarreforma del PP: advierten que la medida podría vulnerar dicho principio y “se está conculcando directamente el derecho de la laguna”, ha señalado Eduardo Salazar, abogado ambientalista e impulsor de la personalidad jurídica del Mar Menor. De aprobarse definitivamente, anuncian posibles recursos legales para frenar este retroceso.
En lugar de reforzar la protección de un ecosistema moribundo, se le despoja de parte de su armadura jurídica punitiva. Mientras contaminar el Mar Menor seguirá saliendo aún más barato para quienes se benefician de prácticas irresponsables, el coste ambiental lo paga una laguna cuyo equilibrio ya está gravemente deteriorado. “Está claro que se trata de favorecer y proteger los intereses empresariales, y precisamente del sector con más responsabilidad en la eutrofización del Mar Menor. Es puro cinismo”, ha declarado Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción.
Un trámite opaco en plenas fiestas navideñas
No solo el contenido, también las formas de esta iniciativa han indignado a la sociedad civil. La propuesta de reforma fue presentada a última hora, el 23 de diciembre, aprovechando el inicio de las fiestas navideñas. Los colectivos en defensa del Mar Menor han criticado que se anunciara “a las puertas de la Navidad”, siguiendo el viejo truco de tramitar proyectos polémicos en periodos de vacaciones para minimizar la participación pública y las protestas. La maniobra evidencia una preocupante falta de transparencia: apenas se dio difusión previa a los cambios ni oportunidad real de debate social o técnico. La elección de estas fechas, según denuncian las ONG, refleja “el verdadero espíritu del Partido Popular en cuanto a la participación y la transparencia”. En definitiva, el Gobierno regional ha intentado esquivar el escrutinio público, confiando en el despiste general durante Nochebuena para allanar el camino a una norma tan controvertida.
PP y Vox: pactos políticos contra el Mar Menor
Lejos de obedecer a criterios técnicos o ambientales, esta reforma responde a una exigencia política de Vox. El Partido Popular la ha impulsado para cumplir el acuerdo de investidura y presupuestos que firmó con la ultraderecha en la Región de Murcia, donde Vox condicionó su apoyo a –entre otras concesiones– debilitar la Ley del Mar Menor. De hecho, la modificación legal era la última de las demandas de Vox para aprobar los presupuestos regionales de 2025. Aunque debía haberse tramitado antes de octubre, el Gobierno de López Miras la terminó presentando en diciembre in extremis para satisfacer a su socio.
El trasfondo es claro: el PP ha optado por anteponer su estabilidad en el poder a la protección ambiental de la laguna. Vox, fuerza negacionista de la crisis climática y afín a ciertos lobbies agrarios, ha celebrado la reforma como una victoria ideológica. Su presidente regional, José Ángel Antelo, reclamaba desde hace meses homologar las sanciones de la ley autonómica con las estatales, argumentando falsamente un “agravio” comparativo hacia los agricultores murcianos. Con ello pretenden eliminar las medidas especiales aplicadas en la cuenca del Mar Menor, cuando en realidad la Ley 3/2020 imponía restricciones proporcionales a la situación excepcional de este ecosistema. En nombre de una supuesta armonización, PP y Vox están desmantelando medidas de protección diferenciadas que eran absolutamente necesarias en un entorno único. Se ha pasado de la foto del apretón de manos por los presupuestos regionales a la lamentable imagen de unos legisladores que mercadean con la salud de un ecosistema a cambio de réditos electorales.
El Mar Menor no puede permitirse más traiciones disfrazadas de política. El retroceso normativo impulsado por el PP, en connivencia con Vox, es incompatible con la salvaguarda de un ecosistema en emergencia. Cada hectárea de cultivo intensivo drenando nitratos, cada sanción rebajada o perdonada, acerca a la laguna un paso más hacia el punto de no retorno. En lugar de reforzar el cumplimiento de la ley y promover una transición agrícola sostenible en el Campo de Cartagena, las autoridades regionales eligen mirar hacia otro lado y debilitar las herramientas legales existentes. Esta regresión medioambiental no solo resulta ética y científicamente injustificable, sino que podría ser incluso ilegal por violar principios básicos de protección de la naturaleza.
La situación límite del Mar Menor exige compromisos valientes y soluciones contundentes, no pactos opacos que anteponen intereses partidistas a la vida de la laguna. Un gobierno verdaderamente responsable no debería canjear votos por destrucción ambiental. Por el contrario, debería liderar la recuperación del Mar Menor con rigor, transparencia y respeto al clamor ciudadano por proteger este patrimonio natural irreemplazable. El tiempo de la complacencia y los cálculos electorales ha terminado: solo una acción decidida y con respaldo social podrá evitar que el Mar Menor se convierta en una tragedia ecológica irreversible.
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