«Durante décadas, la concertada ha disfrutado en la Región de Murcia de una protección política que la educación pública nunca ha tenido»
En la Región de Murcia no existe un sistema educativo equilibrado ni plural. Existe un modelo político consolidado tras más de treinta años de gobiernos del Partido Popular: favorecer de forma sistemática la enseñanza privada concertada, junto a la universidad privada, mientras se debilita la educación pública. No es una deriva accidental ni un fallo de gestión. Es una decisión ideológica sostenida en el tiempo.
Para sostenerla, lo primero ha sido construir un relato. Desde las instituciones se habla de “red educativa” para equiparar centros públicos y privados concertados, como si fueran variantes equivalentes de un mismo servicio. Pero no lo son. La concertada es de titularidad privada, en su mayoría religiosa, con proyectos propios, mecanismos de selección indirecta y cuotas encubiertas. Que reciba financiación pública no la convierte en pública. Presentarla como tal es una operación política destinada a legitimar la transferencia de recursos comunes a intereses privados.
Durante décadas, la concertada ha disfrutado en la Región de Murcia de una protección política que la educación pública nunca ha tenido. Se amplían conciertos, se blindan frente a cualquier revisión y se silencian prácticas que favorecen la segregación social. Mientras tanto, la pública asume casi en exclusiva la escolarización del alumnado más vulnerable, con ratios elevadas y recursos insuficientes. A eso se le llama “libertad de elección”, cuando en realidad es selección social financiada con dinero público.
El discurso oficial insiste en que la concertada “complementa” o “alivia” al sistema público. Es justo al revés. Cada plaza concertada consolidada es una plaza pública que no se crea o no se refuerza. Cada euro destinado a sostener una red privada es un euro que no se invierte en mejorar condiciones, infraestructuras o atención a la diversidad en la pública. Sin embargo, este debate rara vez se plantea en términos políticos; se presenta como una cuestión técnica, cuando es una decisión ideológica con consecuencias sociales profundas.
Este mismo modelo se está extendiendo con fuerza a la Formación Profesional. Mientras se celebra el crecimiento de la FP como un éxito de gestión, se oculta cómo y dónde crece. La oferta pública presencial no aumenta al ritmo de la demanda, especialmente en FP Básica y Grado Medio, y miles de jóvenes se encuentran cada año con un mensaje implícito pero muy claro: si no hay plaza pública, la alternativa es pagar.
La FP pública vuelve a concentrar al alumnado con menos recursos y trayectorias educativas más frágiles, mientras la concertada y la privada amplían su oferta. A esto se suma el crecimiento acelerado de la FP a distancia, presentada como modernización y flexibilidad. En la práctica, gran parte de esta oferta es privada, con precios elevados y una calidad educativa desigual, especialmente inadecuada para el alumnado más joven o vulnerable.
El resultado es un modelo profundamente injusto: si no obtienes plaza pública presencial, pagas, aunque sea por una formación a distancia, o te quedas un año en blanco. Ese año perdido no es neutro; es un factor de expulsión del sistema educativo.
Normalizar esta situación no es innovación educativa: es una forma de selección social encubierta y perfectamente consciente.
La universidad reproduce el mismo esquema a mayor escala. El crecimiento de universidades privadas se celebra como modernidad y competencia, mientras la universidad pública permanece infrafinanciada, con tasas elevadas, precariedad del personal docente e investigador y limitaciones estructurales. El mensaje es inequívoco: lo público debe ajustarse; lo privado debe expandirse, con el respaldo explícito de quienes gobiernan.
No se trata de negar la existencia de centros privados ni de cuestionar a quienes los eligen. Se trata de denunciar que el poder político ha tomado partido, y no por la igualdad de oportunidades. Durante más de treinta años se ha construido un ecosistema educativo donde lo privado recibe legitimidad, recursos y un relato amable, mientras lo público recibe exigencias constantes, recortes encubiertos y silencio.
Este modelo nunca se sometió a un debate social honesto ni se votó explícitamente. Se ha impuesto año tras año mediante presupuestos, decisiones administrativas y una narrativa que convierte la privatización en normalidad. Mientras se siga llamando “libertad educativa” al desmantelamiento progresivo de lo público, la educación seguirá siendo un espacio de desigualdad creciente.
La educación pública no se degrada sola. La degradan quienes gobiernan contra ella. Y solo se defenderá si la sociedad decide hacerlo.
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