Las claves de un año en el que la gestión pública, la sombra del abuso de poder y la transparencia estuvieron en el centro del debate
El año 2025 se inició con el sabor amargo de los viejos problemas. Apenas pasada la resaca de Año Nuevo, los sindicatos UGT y CCOO llamaban a la ciudadanía a ocupar las calles para defender derechos laborales y sociales amenazados por políticas que precarizaban el empleo y debilitaban la sanidad y la educación. Esas protestas serían la primera chispa de un año en el que, semana tras semana, LasNoticiasRM destaparía irregularidades en el gasto público, denuncias por mala gestión sanitaria y retrocesos en la protección del medio ambiente, entre otros.
Un comienzo turbulento: contratos menores y denuncias
Enero abrió con un dato que escandalizó a muchos: el Gobierno regional había incrementado un 139 % el gasto en contratos menores desde 2016, hasta superar los 61 millones de euros. La información era más que una cifra; ponía negro sobre blanco un sistema que se había convertido en la vía predilecta para eludir licitaciones y repartir trabajos a dedo. El reportaje recordaba que esta práctica estaba en el origen de la trama Púnica, cuyo juicio comenzaba ese mismo mes y juzgaba cómo contratos menores se usaron para financiar campañas de imagen de ex altos cargos.
Esa dinámica se replicó en el Ayuntamiento de Cartagena, donde la organización del festival La Mar de Arte 2024 dejó pruebas de proformas idénticas generadas con minutos de diferencia y facturas emitidas antes de terminar el evento. La denuncia presentada ante la Fiscalía por presunta prevaricación y fraude apuntaba directamente a la alcaldesa Noelia Arroyo y a su concejal de Cultura. Mientras tanto, un informe periodístico revelaba que la Consejería de Cultura había firmado 223 contratos menores con la empresa BenyTours para transporte del director general de Deportes, por valor de 59.749 euros, evidenciando un patrón de fraccionamiento para evitar concursos.
Febrero continuó la cadena de revelaciones con una denuncia del PSOE ante la Fiscalía Europea: la Consejería de Agricultura había dividido en cuatro contratos menores la reforma de una misma aula en el centro formativo CIFEA de Molina de Segura, adjudicándolos todos a la misma empresa. El partido acusaba a los responsables de fraccionar contratos para eludir los requisitos de publicidad y concurrencia, en violación de la ley de contratos. Ese mismo mes, las actas del consejo del Puerto de Cartagena seguían escondidas. Pese a las resoluciones del Consejo de Transparencia, la Autoridad Portuaria se negaba a entregarlas; el Defensor del Pueblo constató que las autoridades seguían incumpliendo su obligación. La opacidad empezaba a convertirse en el leitmotiv del año.
La crisis sanitaria se materializa
Mientras las irregularidades administrativas afloraban, la sanidad pública murciana mostraba su propio colapso. A finales de enero, LasNoticiasRM reveló que el gasto en conciertos sanitarios había crecido un 24 % desde 2020, hasta llegar a 173,1 millones de euros. Esa inversión no se traducía en mejoras: más de 34.000 personas estaban en lista de espera para cirugía y el 31 % de las operaciones se derivaban a clínicas privadas. Sindicatos y partidos denunciaron que el Gobierno regional ocultaba los datos de listas de espera y adjudicaba conciertos “al margen de la ley”. El déficit acumulado del Servicio Murciano de Salud superaba los 3.600 millones de euros y obligaba al cierre de plantas y servicios.
La realidad en los hospitales quedó reflejada en varios dictámenes del Consejo Jurídico. En marzo, un joven de 23 años murió en el hospital Virgen de la Arrixaca después de que los cirujanos ignoraran dos llamadas de las enfermeras para atenderlo. En julio, el mismo órgano determinó que el retraso de cinco meses de una operación prioritaria causó la muerte de una mujer de 71 años y fijó una indemnización de 191.099 €. Y en diciembre, otro dictamen confirmó que en el hospital Rafael Méndez dejaron una compresa dentro del abdomen de un paciente, obligándole a pasar por una tercera cirugía. Estos casos no eran aislados: en febrero, unos padres denunciaron públicamente que los médicos habían confundido los síntomas de su hija con sinusitis, retrasando el diagnóstico de un tumor y obligándoles a acudir a la sanidad privada.
La dependencia tampoco escapó a la tragedia. Un reportaje de agosto desveló que el 21,9 % de las personas que solicitaron ayudas seguía esperando y que el tiempo medio de resolución era de 564 días, tres veces por encima del plazo legal. La consecuencia de esta espera no es abstracta: personas fallecieron sin haber recibido la prestación que les correspondía.
Medio ambiente y lucha por el agua
En primavera, la atención se desplazó hacia el medio ambiente y el agua. El Gobierno regional invirtió 3,6 millones de euros en una campaña de promoción para el aeropuerto de Corvera, pese a los recortes en sanidad y educación. Críticos señalaron que el aeródromo operaba muy por debajo de su capacidad y que gastar en marketing sin mejorar la conectividad era ineficaz.
Mientras tanto, una noticia esperanzadora llegó desde Madrid: el Gobierno de España licitó dos desaladoras en Águilas y Torrevieja que aportarán 150 hm³ de agua. Esta inversión fue calificada de “hito determinante” para garantizar el suministro. El anuncio contrastaba con la decisión de PP y Vox en diciembre de aprobar una contrarreforma de la Ley del Mar Menor que redujo las sanciones por vertidos de nitratos de 10.000 € a 600–1.000 € y dejó a criterio de la administración la retirada de ayudas a los infractores. Ecologistas alertaron de que la medida vulneraba el principio de no regresión ambiental y podía agravar el deterioro de la laguna.
Junio trajo un jarro de agua fría desde la ciencia: un informe del programa CLIVAR advertía que Murcia perderá hasta un 20 % de precipitaciones, sufrirá veranos más largos y un aumento del riesgo de incendios, amenazando agricultura y turismo. Los investigadores reclamaban planes de adaptación y gestión sostenible del agua, pero la agenda política estaba más centrada en frenar proyectos como una planta de biogás en Mula, cuestionada por errores urbanísticos y falta de garantías medioambientales.
El final del año destapa una opacidad endémica
Si el inicio del año abrió el debate sobre contratos menores, el final lo cerró con una batería de informes devastadores. La Intervención General emitió tres dictámenes que desnudaban la gestión de fundaciones públicas. La Fundación Mariano Ruiz Funes carecía de plan de acción, tenía contabilidad incompleta y no aportaba información al Tribunal de Cuentas. La Fundación Orquesta Sinfónica acumulaba un déficit de 405.126 €, no tenía contrato-programa y se limitaba a usar facturas sin documentación de soporte. El Instituto Euromediterráneo del Agua había sobrevalorado su patrimonio y pagado salarios fuera de la ley. Estas tres fundaciones demostraban que la opacidad no era la excepción sino la norma.
A esa lista se sumó un escándalo en la gestión de las ayudas PAC. El Consejo Jurídico anuló la cancelación de derechos obtenidos mediante silencio administrativo porque la administración regional no siguió el procedimiento legal: no notificó correctamente a los beneficiarios ni les permitió presentar alegaciones. Este error obliga a rehacer el expediente y deja en vigor las ayudas obtenidas mediante fraude.
En la misma línea, el Consejo Jurídico dictaminó que la Consejería de Agricultura había troceado pagos de ayudas LEADER mediante resoluciones firmadas por un jefe de servicio sin competencia, otro ejemplo de abuso de contratos menores. Y a finales de diciembre salió a la luz que el Consejo Jurídico ordenó revisar el contrato de retirada de biomasa del Mar Menor por pagos ilegales y sin fiscalización; la fiscalía investiga si hubo prevaricación y malversación.
Compromiso de una redacción insaciable
A lo largo de 2025, cada revelación ha sido fruto de horas de investigación, acceso a documentos oficiales y testimonios de afectados. LasNoticiasRM ha demostrado que el periodismo de datos y la tenacidad pueden iluminar rincones donde la opacidad parecía inamovible. Esta labor no es un cierre, sino un punto de partida: en 2026 la redacción seguirá escarbando en expedientes, escuchando denuncias y cotejando cifras para dar voz a quienes exigen transparencia y justicia. Mantener viva la vigilancia sobre el poder no es una tarea ocasional, sino una responsabilidad permanente que este medio asume con convicción y que pese a los intentos de vetarnos y censurarnos vamos a seguir realizando.
¡Feliz año 2026!
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