La concejala no adscrita Lara Hernández llevará al Pleno una propuesta basada en la Ley de Memoria Democrática
El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla debatirá en el mes de enero una propuesta para retirar formalmente la Medalla de Oro de la Villa concedida en 1974 al dictador Francisco Franco. La iniciativa parte de la concejala no adscrita Lara Hernández, que fundamenta su propuesta en el cumplimiento estricto de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, actualmente en vigor y de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas.
La propuesta plantea no solo la retirada del honor concedido durante la dictadura franquista, sino también la declaración de nulidad del acuerdo plenario que lo aprobó, así como la revisión del conjunto de símbolos, reconocimientos y distinciones municipales que pudieran vulnerar la legislación vigente. Según expone la concejala, se trata de una actuación legal y democrática que no persigue reabrir debates del pasado, sino dar cumplimiento a una norma estatal que obliga expresamente a las instituciones a retirar cualquier elemento de exaltación de la dictadura o de sus responsables .
Una distinción incompatible con los valores democráticos actuales
En la nota remitida, Hernández recuerda que la Medalla de Oro fue concedida en plena dictadura, en un contexto político y social radicalmente distinto al actual, y subraya que mantener hoy ese reconocimiento resulta “radicalmente incompatible con los valores democráticos, constitucionales y de derechos humanos que deben regir una institución pública”. La concejala insiste en que no se trata de una cuestión simbólica menor, sino de una obligación legal derivada directamente de la Ley de Memoria Democrática.
Desde esta perspectiva, la edil sostiene que las administraciones locales no tienen margen para la inacción ni para la interpretación política interesada de la norma. La ley establece de forma clara la obligación de retirar honores, distinciones y reconocimientos que supongan exaltación de la dictadura franquista o de quienes participaron activamente en ella. En este sentido, mantener una medalla honorífica concedida a Franco no sería, según Hernández, una posición neutral, sino un incumplimiento legal con implicaciones institucionales y morales.
La propuesta que llegará al Pleno plantea además que la retirada de la distinción vaya acompañada de la nulidad formal del acuerdo plenario de 1974, de modo que quede constancia administrativa de la adecuación del Ayuntamiento al marco legal vigente. Este enfoque busca evitar soluciones parciales o meramente estéticas y situar el debate en el terreno jurídico e institucional.
Memoria democrática, legalidad y responsabilidad institucional
Uno de los ejes centrales del planteamiento de Lara Hernández es la idea de que la memoria democrática no debe entenderse como un ejercicio de confrontación política, sino como una herramienta de justicia, reparación y respeto institucional. “No estamos hablando de reescribir la historia ni de levantar ampollas”, señala la concejala en la nota, sino de “cumplir la ley y cerrar debidamente heridas que nunca debieron permanecer abiertas desde las instituciones” .
En este sentido, Hernández recalca que la democracia no se defiende desde el silencio ni desde la nostalgia autoritaria, sino mediante decisiones valientes y legales adoptadas desde las instituciones. La retirada de honores franquistas se enmarca, según su argumentación, en una política pública de memoria que busca reconocer a las víctimas y garantizar que los valores democráticos presidan la actuación institucional.
La edil también subraya el carácter reparador de la medida. Mantener reconocimientos oficiales a un dictador supone, a su juicio, una ofensa institucional a las víctimas del franquismo y a sus familias, además de proyectar una imagen de tolerancia hacia símbolos contrarios a los principios democráticos. Por ello, insiste en que Alcantarilla no puede seguir “mirando hacia otro lado” ante una obligación legal clara.
La propuesta incluye asimismo la revisión de otros posibles símbolos o distinciones municipales que pudieran contravenir la Ley de Memoria Democrática, con el objetivo de garantizar una adecuación integral del Ayuntamiento a la normativa. Este planteamiento apunta a una revisión más amplia del callejero, honores y reconocimientos, siempre desde el marco legal y con criterios de transparencia.
Alcantarilla ante un debate ya resuelto en otros municipios
La iniciativa llega en un contexto en el que numerosos municipios de la Región de Murcia y del conjunto del Estado ya han procedido a retirar distinciones similares concedidas durante la dictadura. Según señala Hernández, esta realidad evidencia que no existe ninguna excusa política, jurídica ni moral para que Alcantarilla continúe siendo una excepción en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática .
El debate que se abrirá en el Pleno municipal no es nuevo en el ámbito local ni estatal, pero sí relevante desde el punto de vista político e institucional. La decisión que adopte el Ayuntamiento marcará la posición de Alcantarilla respecto al cumplimiento de la legislación de memoria democrática y su compromiso con los valores constitucionales. La propuesta insta además a que el acuerdo que se adopte sea informado públicamente, garantizando la transparencia y el acceso ciudadano a las decisiones en materia de memoria democrática.
Este punto refuerza la idea de que la memoria no es solo una cuestión simbólica, sino un ámbito de actuación pública que debe regirse por criterios de legalidad, publicidad y rendición de cuentas. Informar a la ciudadanía sobre el acuerdo que se adopte y sobre las medidas derivadas de la revisión de símbolos y distinciones forma parte, según la concejala, de un ejercicio democrático necesario.
El Pleno de enero se perfila así como un espacio clave para medir la voluntad política del Ayuntamiento de Alcantarilla en relación con una ley estatal que no admite interpretaciones laxas. La propuesta de retirada de la Medalla de Oro a Franco sitúa el foco en la responsabilidad de las instituciones locales para adaptar sus acuerdos y símbolos a los principios democráticos actuales, cerrando una etapa heredada del pasado dictatorial y alineando la acción municipal con el marco legal vigente.
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