El Gobierno regional cerró los contratos el 30 de diciembre, con plazos que hacen improbable su cumplimiento a 1 de enero
La contratación de las balizas V16 conectadas para parte de los vehículos oficiales del Gobierno de la Región de Murcia se realizó de forma extremadamente tardía, apenas un día antes de finalizar el año y con plazos de ejecución que se extienden ya bien entrado 2026. Según lo publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, esta demora afecta directamente a las flotas de dos consejerías concretas, lo que hace muy improbable que esos vehículos cumplieran en plazo con la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), obligatoria desde el 1 de enero de 2026.
La normativa estatal establece la sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia por balizas V16 homologadas y conectadas, una obligación conocida desde hace tiempo y difundida de forma reiterada por la propia DGT. Sin embargo, los acuerdos de adjudicación de los contratos analizados se adoptaron el 30 de diciembre de 2025, dejando un margen material mínimo —o directamente inexistente— para que los dispositivos estuvieran disponibles e instalados en los vehículos afectados a tiempo.
Dos contratos, dos consejerías y plazos incompatibles con la normativa
Según consta en la Plataforma de Contratación del Estado, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital adjudicó el 30 de diciembre de 2025 un contrato menor para el suministro de balizas V16 conectadas destinadas a los vehículos oficiales de su parque móvil. El contrato fija un plazo de ejecución de dos meses, lo que sitúa la entrega efectiva de los dispositivos, como mínimo, a finales de febrero de 2026.
Ese mismo día, la Consejería de Salud adjudicó otro contrato menor para el suministro de 50 balizas V16 conectadas destinadas a sus vehículos oficiales. En este caso, el plazo de ejecución establecido es de un mes, lo que desplaza la finalización del contrato hasta finales de enero de 2026.
En ambos expedientes, según la información oficial publicada, los contratos se formalizan cuando la obligación legal ya estaba en vigor, lo que hace altamente improbable que los vehículos afectados dispusieran de las balizas exigidas desde el primer día de aplicación de la norma.
Vehículos especialmente sensibles en el caso de Sanidad
La situación resulta especialmente preocupante en el caso de la Consejería de Salud, ya que los 50 vehículos afectados no corresponden a un parque móvil cualquiera. Se trata previsiblemente de vehículos destinados a servicios esenciales, como ambulancias, transporte sanitario, traslado de pacientes o apoyo logístico sanitario, vehículos que circulan a diario por la red viaria regional y que están expuestos con mayor frecuencia a situaciones de emergencia en carretera.
Que este tipo de vehículos pueda haber circulado —aunque sea de forma temporal— sin el dispositivo de señalización exigido por la normativa de la DGT no es un detalle menor. No solo afecta a la seguridad vial de los propios profesionales y pacientes, sino que sitúa a la Administración regional en una posición difícil de justificar desde el punto de vista de la prevención y la ejemplaridad institucional.
Riesgo de sanciones con cargo al dinero público
Además, conviene recordar que los vehículos que no porten la baliza V16 conectada exigida por la normativa pueden ser susceptibles de sanción por parte de la DGT, al tratarse de un incumplimiento de las condiciones de seguridad obligatorias en caso de avería o accidente.
En el caso de los vehículos oficiales, cualquier sanción administrativa derivada de este incumplimiento no recaería sobre un particular, sino sobre la propia Administración autonómica. Es decir, serían las arcas públicas regionales —y, en última instancia, el dinero de todos los murcianos y murcianas— las que asumirían el coste de unas multas originadas por una planificación administrativa tardía.
Este elemento añade una dimensión adicional al problema, ya que el retraso no solo compromete el cumplimiento normativo y la seguridad vial, sino que puede traducirse en un perjuicio económico directo para el conjunto de la ciudadanía.
Un incumplimiento acotado, pero evitable
A diferencia de una lectura generalizada, los contratos analizados no permiten afirmar que toda la flota del Gobierno de la Región de Murcia estuviera en situación de incumplimiento, sino que el riesgo se limita a los vehículos dependientes de las dos consejerías mencionadas, únicas para las que constan adjudicaciones publicadas en esas fechas.
Sin embargo, según los plazos oficiales recogidos en la Plataforma de Contratación del Estado, ni siquiera una tramitación diligente posterior a la adjudicación habría permitido cumplir la obligación legal en tiempo y forma. Aunque los contratos estén formalmente en vigor, la realidad material es que los dispositivos no podían estar disponibles ni instalados antes del 1 de enero de 2026.
Ejemplaridad institucional en entredicho
Más allá del alcance concreto del posible incumplimiento, la contratación tardía de las balizas V16 vuelve a poner en cuestión la ejemplaridad institucional del Gobierno regional. La Administración no solo debe exigir el cumplimiento de la ley, sino anticiparse y garantizar que sus propios vehículos cumplen la normativa desde el primer momento.
Según reflejan los propios plazos contractuales publicados, durante semanas —y en algún caso meses— parte de la flota oficial no habría estado plenamente adaptada a una norma de seguridad vial básica, mientras esa misma Administración exige a la ciudadanía un cumplimiento estricto e inmediato.
En un ámbito tan sensible como la seguridad vial, y especialmente cuando afecta a vehículos sanitarios y servicios esenciales, este retraso administrativo no es un mero trámite mal resuelto. Es una muestra de cómo la gestión a última hora puede acabar generando riesgos innecesarios, posibles sanciones y un coste económico que, una vez más, terminaría pagando el conjunto de la ciudadanía de la Región de Murcia.
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