La concejala Lara Hernández lleva al Pleno una iniciativa para rechazar declaraciones que cuestionan la soberanía y la democracia
El Ayuntamiento de Alcantarilla debatirá en Pleno una propuesta para condenar de forma expresa declaraciones públicas que inciten, legitimen o normalicen una intervención extranjera contra España. La iniciativa ha sido registrada por la concejala no adscrita Lara Hernández, que reclama un posicionamiento institucional claro en defensa del orden constitucional, la soberanía nacional, la democracia y el respeto a los tratados internacionales, tras unas manifestaciones difundidas en redes sociales por el torero Francisco Rivera .
La propuesta, formulada como ruego al Pleno, surge después de que Rivera alabara una intervención extranjera en Venezuela y alentara al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a “mirar hacia España” y actuar de forma similar, insinuando actuaciones contra el Gobierno español. Para Hernández, este tipo de mensajes, emitidos desde posiciones de notoriedad pública, suponen una grave irresponsabilidad democrática y contribuyen a banalizar ataques al orden constitucional.
Una defensa de principios por encima de siglas
Hernández subraya que su iniciativa no responde a afinidades partidistas ni a estrategias de confrontación política local. Aunque ya no milita en el PSOE, sostiene que su compromiso con la democracia, los derechos humanos y el respeto al derecho internacional permanece intacto y debería ser compartido por todos los cargos públicos, con independencia de su adscripción. En este sentido, recalca que la defensa de la soberanía y del marco constitucional no puede quedar supeditada a cálculos políticos ni a posicionamientos coyunturales.
La concejala insiste en que su planteamiento se apoya en convicciones democráticas firmes y coherentes. Se declara contraria a todas las dictaduras y, al mismo tiempo, crítica con quienes “actúan como dictadores”, aludiendo a los antecedentes y a la forma de proceder del expresidente estadounidense. A su juicio, normalizar la injerencia extranjera, cuestionar la legitimidad de gobiernos elegidos en las urnas o trivializar el uso de la fuerza supone cruzar líneas rojas incompatibles con los valores democráticos.
Riesgos democráticos de la normalización del discurso
En el argumentario que acompaña al ruego, Hernández alerta del impacto que estos discursos pueden tener en la convivencia democrática. La difusión de mensajes que legitiman intervenciones externas no solo erosiona el respeto al derecho internacional, sino que también debilita la confianza en las instituciones y alimenta una cultura política de excepcionalidad que, en última instancia, socava el Estado de Derecho.
La concejala recuerda que la democracia no se defiende con injerencias ni con “secuestros de presidentes”, sino con urnas, leyes y garantías institucionales. Desde esta perspectiva, considera especialmente grave que figuras públicas utilicen su altavoz mediático para promover narrativas que relativizan la soberanía de los pueblos y presentan como aceptables soluciones de fuerza frente a conflictos políticos internos.
El ruego plantea que los ayuntamientos, como instituciones de proximidad y representación democrática, tienen la responsabilidad de fijar límites claros al discurso público cuando este entra en colisión con principios constitucionales básicos. Un pronunciamiento del Pleno, sostiene Hernández, contribuiría a reafirmar el compromiso institucional con la democracia y a marcar una línea nítida frente a mensajes que la cuestionan.
Ironía y reflexión sobre la banalización política
La iniciativa incorpora, además, una reflexión personal formulada con ironía para subrayar lo absurdo del planteamiento de fondo. Hernández apunta que quienes aplauden o justifican este tipo de declaraciones pueden estar tranquilos: España no reúne los intereses estratégicos —como recursos energéticos clave— que motivan intervenciones externas. Precisamente por ello, argumenta, resulta aún más irresponsable frivolizar con mensajes que, además de antidemocráticos, banalizan cuestiones de enorme gravedad como la soberanía, el derecho internacional y la convivencia democrática.
Esta reflexión, lejos de restar seriedad a la propuesta, pretende evidenciar el contraste entre la ligereza con la que se emiten ciertos mensajes y la magnitud de los principios que se ponen en juego. Para la concejala, normalizar estas narrativas supone abrir la puerta a un deterioro progresivo del debate público, donde se desdibujan los límites entre la crítica política legítima y la legitimación de soluciones antidemocráticas.
Contenido del ruego y alcance institucional
El ruego registrado solicita que el Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla adopte tres compromisos concretos: condenar explícitamente declaraciones que legitimen injerencias extranjeras; reafirmar el compromiso institucional con la democracia, la soberanía nacional y los derechos humanos; y rechazar discursos públicos que erosionen el respeto al derecho internacional y a las instituciones democráticas.
Hernández considera que un acuerdo plenario en este sentido enviaría un mensaje claro tanto a la ciudadanía como al conjunto del espacio público: la defensa de la democracia no admite ambigüedades. A su juicio, el silencio institucional ante este tipo de declaraciones puede interpretarse como tolerancia o indiferencia, algo incompatible con la responsabilidad democrática de las administraciones públicas.
El debate que se abre en el Pleno de Alcantarilla trasciende el ámbito local y conecta con una discusión más amplia sobre los límites del discurso público, la responsabilidad de las figuras con proyección mediática y el papel de las instituciones en la defensa activa del marco democrático. En un contexto de creciente polarización y circulación de mensajes extremos en redes sociales, la iniciativa pone sobre la mesa la necesidad de respuestas políticas claras y fundamentadas.
La concejala concluye que la democracia se sostiene tanto en las leyes como en los valores que las respaldan, y que corresponde a las instituciones reafirmarlos cuando se ven cuestionados. El posicionamiento que adopte el Pleno marcará, a su entender, el grado de compromiso del Ayuntamiento con esos principios y con una cultura política basada en el respeto al Estado de Derecho .
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