«El dinero público no solo compra espacios publicitarios: compra silencios, relatos y, cuando hace falta, ataques personales«
Esta semana se ha puesto negro sobre blanco algo que muchos intuían y pocos se atrevían a cuantificar. LasNoticiasRM ha publicado, con datos oficiales y contratos verificables, que el Gobierno de Fernando López Miras destinó casi 500.000 euros en 2025 a un puñado muy concreto de pseudomedios. No es una cifra menor. No es una anécdota. Es una radiografía incómoda del poder cuando utiliza el dinero de todos para construir un ecosistema informativo dócil.
Quien lea esos datos con honestidad entenderá rápido que no hablamos de campañas puntuales ni de decisiones aisladas. Hablamos de un patrón. De los mismos nombres repitiéndose contrato tras contrato. De adjudicaciones fragmentadas, repartidas entre consejerías y organismos como el ITREM, que solo cobran sentido cuando se suman. Y cuando se suman, la cifra abruma.
Durante años se nos ha vendido la idea de que la publicidad institucional es una herramienta neutra, casi técnica, destinada a informar a la ciudadanía. Pero cuando el grueso del dinero acaba siempre en los mismos bolsillos, esa coartada se cae. Lo que queda es otra cosa: una estrategia de poder. Un sistema de recompensas que explica por qué algunos medios miran hacia otro lado ante determinadas decisiones políticas y por qué otros, cuando el poder lo necesita, afinan la puntería contra quien molesta.
Como ejemplo palmario de lo que digo, revisen los casi 100.000 euros que el Gobierno de López Miras ha regalado a esos pseudomedios para una campaña contra la violencia machista, estando muchas de estas cabeceras abiertamente en contra de las políticas de igualdad e incluso algunas de ellas negando que exista la violencia machista, manejando tesis de la ultra derecha.
No es una acusación lanzada al aire. Son números, fechas, conceptos y beneficiarios. Son contratos menores adjudicados sin concurrencia real, sin debate público, sin control efectivo. Son campañas de “difusión”, “patrocinio” o “suscripción” que sirven para justificar una presencia constante del dinero público en redacciones muy concretas. Y cuando uno observa ese mapa, entiende que el dinero no es el final del camino, sino el principio.
Porque esa primera fase, la del reparto opaco y discrecional, es la antesala de algo mucho más profundo: la compra de voluntades encubierta. Nadie firma un contrato que diga “a cambio de este dinero, no me critiques” o “a cambio de este patrocinio, ataca a quien yo señale”. No hace falta. El sistema funciona solo. Quien recibe sabe lo que se espera de él. Y quien reparte sabe que, llegado el momento, pasará factura.
Ese es el verdadero problema de los contratos menores dados a dedo: no solo eluden controles administrativos, sino que distorsionan el ecosistema democrático. Crean una red de dependencias silenciosas. Instalan la idea de que la supervivencia económica de un medio pasa por no incomodar demasiado al poder que paga. Y convierten la crítica periodística en una actividad de riesgo.
Cuando ese sistema está engrasado, el resto viene solo. Basta con que aparezca un medio pequeño, regional, sin padrinos, un proyecto personal, que se dedique a fiscalizar con datos, a sumar cifras, a señalar contradicciones. Basta con que alguien rompa el pacto tácito del silencio. Entonces el mecanismo se activa.
Lo he vivido en primera persona. He visto cómo, tras varios años de la publicación de informaciones incómodas, empezaban a aparecer artículos en medios nacionales que nada sabían, ni querían saber, del contexto regional ni aguantaban el más mínimo contraste. Artículos construidos a partir de filtraciones interesadas y tergiversadas, de informes policiales utilizados de forma parcial, de insinuaciones que se presentan como hechos. He visto cómo se atribuían antecedentes penales de mi pareja cuando el certificado de penados demostraba lo contrario, cómo se omitían rectificaciones oficiales de la Guardia Civil ante lo que decían que fue un error al cotejar un nombre, cómo se inflaban relatos sin el más mínimo contraste.
Lo más perverso no es el ataque en sí. Es la asimetría. Cuando un medio con gran altavoz publica una acusación falsa o tergiversada, el daño es inmediato. Cuando esa acusación se desmiente después, si se desmiente (que no es el caso), el eco ya no es el mismo. La mancha queda. Y quienes la provocaron rara vez asumen responsabilidades, aunque en este caso la Justicia tomará cartas en el asunto.
En mi caso, las mentiras han sido especialmente graves. Se ha vinculado a mi pareja con delitos inexistentes. Se han construido relatos políticos que no constan en ningún atestado. Se ha insinuado una trama que nunca ha existido. Y todo ello mientras se ignoraban deliberadamente las aclaraciones y rectificaciones que desmontaban esas versiones y que les he hecho llegar en varias ocasiones. No por error, sino por interés.
Aquí es donde el círculo se cierra. Porque muchos de los medios que han participado en esa campaña de descrédito son, casualmente, los mismos que aparecen en la lista de beneficiarios del dinero público regional. Los mismos que han recibido decenas de miles de euros en publicidad institucional. Los mismos que, cuando el poder regional se siente acorralado por los datos, salen a defenderlo atacando al mensajero.
No creo en las casualidades cuando se repiten tantas veces. Creo en los incentivos. Y el incentivo es claro: no muerdas la mano que te da de comer. O peor aún: muerde a quien el que te da de comer te señala.
Por eso este texto no pretende dar lástima ni ajustar cuentas personales. Pretende algo más sencillo y más necesario: que quien lo lea entienda el contexto. Que comprenda que los ataques no surgen de la nada. Que vea la relación directa entre el dinero público repartido sin control y la degradación del debate público. Que se pregunte a quién beneficia este modelo y a quién perjudica.
Porque lo que está en juego no es mi nombre ni mi reputación, que también. Es el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz en un entorno mediático que no esté condicionado por contratos opacos. Es la posibilidad de que existan medios críticos sin miedo a represalias. Es la salud democrática de una región donde el poder ha confundido gobernar con controlar el relato.
A veces me preguntan por qué seguir. Por qué aguantar. La respuesta es sencilla: porque callar sería darles la razón. Porque aceptar este juego sería asumir que el periodismo solo puede existir bajo tutela. Porque alguien tiene que decir, con claridad, que esto no es normal.
Y por eso vuelvo al principio. A los datos. Al dinero. A los contratos. A esa cifra que esta semana ha salido a la luz y que explica tantas cosas. Porque cuando uno entiende cómo fluye el dinero público, entiende también por qué ciertos medios se comportan como se comportan.
Porque cuando uno une los puntos, la imagen resulta perturbadora. Y porque, al final, todo se resume en una frase tan antigua como vigente: quien paga, manda.
¿Ahora entienden por qué El Confidencial, The Objective, EDA TV, El Debate y La Razón publicaron noticias falsas, tergiversadas y sin contrastar contra LasNoticiasRM y contra mí?
¿Quieres contactar con el autor de esta noticia?
Si has visto algún error en esta noticia o tal vez puedes aportar alguna información extra, puedes contactar directamente con nuestra redacción mandando un email a news@lasnoticiasrm.es o escribiendo un mensaje por Whatsapp en el teléfono 641387053. Estaremos encantados de atenderte.
Esta y otras noticias puedes tenerlas al instante subscribiéndote a nuestro canal de Telegram
Puedes subscribirte a nuestro nuevo canal en Telegram, y disponer de todas las noticias importantes de la web en tiempo real.
Recuerda, pincha en t.me/lasnoticiasrm y dale a subscribir al canal en tu aplicación Telegram.
!!Te esperamos en LasNoticiasRM¡¡
Tabla de Contenidos
Datos del autor
- LasNoticiasRM
- Email: news@lasnoticiasrm.es
- Teléfono y Whatsapp: 641387053
