El 62% de los menores no acompañados en edad de trabajar y jóvenes ex tutelados cotizaba a la Seguridad Social a septiembre de 2025
La inserción laboral de los menores no acompañados y jóvenes ex tutelados ha experimentado un avance significativo en los últimos años como consecuencia directa de la reforma normativa aprobada en 2021. Según los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones, el 62% de las personas de entre 16 y 23 años pertenecientes a este colectivo y con autorización de residencia en vigor cotizaban a la Seguridad Social a 30 de septiembre de 2025.
El informe constata una tendencia sostenida de crecimiento en la afiliación desde la entrada en vigor del Real Decreto 903/2021, que permitió que los menores no acompañados pudieran acceder legalmente al mercado laboral a partir de los 16 años. Una medida que ha tenido un impacto directo y cuantificable en los niveles de ocupación y en los procesos de inclusión social y económica de este colectivo.
Un salto histórico tras la reforma de 2021
Los datos recogidos por el OPI reflejan un cambio estructural respecto a la situación previa a la reforma. A 30 de junio de 2021, solo el 27% de los menores no acompañados en edad de trabajar y jóvenes ex tutelados con residencia en vigor estaban afiliados a la Seguridad Social, lo que suponía 2.110 personas.
Cuatro años después, en junio de 2025, esa cifra se elevó hasta el 62%, con 12.559 personas afiliadas, lo que representa 10.449 personas más y un incremento de 35 puntos porcentuales. Este crecimiento evidencia, según el informe, que la posibilidad de acceder legalmente al empleo ha sido un factor clave para romper dinámicas de exclusión y precariedad.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se subraya que esta evolución demuestra que las políticas de regularización y acceso temprano al mercado laboral no solo benefician a las personas directamente afectadas, sino que también contribuyen al sistema productivo y a la sostenibilidad del propio sistema de Seguridad Social.
Mayor avance entre los jóvenes ex tutelados
El crecimiento resulta aún más acusado si se analiza de forma específica el grupo de jóvenes ex tutelados de entre 18 y 23 años con autorización de residencia en vigor. En junio de 2021, el 34% de este colectivo —1.972 jóvenes— estaba afiliado a la Seguridad Social.
A 30 de septiembre de 2025, ese porcentaje se incrementó hasta el 72%, con 11.943 personas afiliadas, lo que supone un aumento de más de 38 puntos porcentuales. El OPI destaca que esta evolución está directamente relacionada con la estabilidad administrativa que aporta la reforma de 2021 y con el acceso a itinerarios de inserción sociolaboral una vez finalizada la tutela.
Estos datos desmontan, según fuentes del propio Ministerio, los discursos que cuestionan la capacidad de integración laboral de estos jóvenes y ponen de relieve su aportación real al mercado de trabajo cuando se eliminan las barreras legales.
Crecimiento en todos los sectores económicos
El informe del Observatorio Permanente de la Inmigración destaca que el aumento de la inserción laboral se ha producido en todos los sectores económicos en los que trabajan menores no acompañados y jóvenes ex tutelados con residencia en vigor.
Entre septiembre de 2022 y septiembre de 2025, la afiliación de este colectivo creció un 85% en el sector de la hostelería, un 100% en la industria manufacturera y un 76% en el comercio y la reparación de vehículos. Estas cifras reflejan una diversificación progresiva de los ámbitos laborales, más allá de los sectores tradicionalmente asociados a este tipo de empleo.
Pese a esa diversificación, la hostelería continúa siendo la principal actividad económica, concentrando al 30% de las personas ocupadas de este colectivo. Le siguen las actividades administrativas y los servicios auxiliares, con un 15%.
Diferencias por edad en la inserción laboral
El informe también analiza la inserción laboral en función de los distintos tramos de edad. En el caso de los menores de 16 y 17 años, aproximadamente la mitad trabaja en el sector de la hostelería, un dato que el OPI vincula a la facilidad de acceso a empleos de entrada y a la compatibilidad con procesos formativos.
Entre los jóvenes ex tutelados, la distribución sectorial es más equilibrada. El 29% trabaja en hostelería, el 15% en actividades administrativas y servicios auxiliares y el 12% en el sector de la construcción. En conjunto, estos tres sectores concentran el 56% del empleo de este grupo de edad, mientras el resto se reparte entre otros ámbitos productivos.
Esta mayor diversificación, según el informe, responde a una mayor estabilidad administrativa y a la posibilidad de acceder a contratos de mayor duración una vez alcanzada la mayoría de edad.
Más población regularizada y cambios en la composición
El Observatorio Permanente de la Inmigración contabiliza a 20.116 personas como menores no acompañados o jóvenes ex tutelados de entre 16 y 23 años con autorización de residencia en vigor a 30 de septiembre de 2025. Esta cifra supone una variación interanual del 19,4% y un crecimiento absoluto de 12.238 personas (155,3%) respecto a los datos existentes cuatro años después de la entrada en vigor de la reforma de 2021.
En cuanto a la distribución por sexo, el informe señala que no se han producido cambios significativos en los últimos trimestres. Las mujeres siguen representando un porcentaje muy reducido del total, apenas el 6%, un dato que sigue planteando retos específicos en materia de protección y acompañamiento.
Por nacionalidades, se observa una evolución relevante. A 30 de junio de 2021, las personas de nacionalidad marroquí representaban el 76% del total. Cuatro años después, a septiembre de 2025, ese porcentaje ha descendido hasta el 54% (10.921 personas). Tras Marruecos, los principales países de origen son Gambia, con 2.567 personas (13%), y Argelia, con 2.063 (10%).
Un impacto directo en inclusión y cohesión social
Desde el Gobierno de España se valora este balance como una evidencia del impacto positivo de la reforma de 2021, tanto en términos de empleo como de inclusión social. La posibilidad de trabajar legalmente desde los 16 años ha permitido a miles de menores y jóvenes ex tutelados iniciar proyectos de vida autónomos, reducir su dependencia de los sistemas de protección y contribuir activamente a la economía.
El informe del OPI subraya que la afiliación a la Seguridad Social no solo refleja empleo, sino también derechos laborales, cotización, protección social y estabilidad, elementos clave para evitar situaciones de exclusión.
Cuatro años después de la reforma, los datos confirman que el acceso al trabajo ha sido un factor determinante para mejorar la integración de uno de los colectivos más vulnerables del sistema de protección, desmontando estigmas y aportando evidencia empírica frente a discursos basados en el miedo o la desinformación.
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