UGT y el propio Consistorio respaldan la legalidad del empadronamiento excepcional tras las acusaciones públicas de un edil del equipo de gobierno
La gestión del padrón municipal en Las Torres de Cotillas ha estallado en el centro del debate político local después de que el concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad, Pablo Alberto Ruiz Sánchez, realizara acusaciones públicas en redes sociales y en un vídeo difundido desde su perfil, en las que cuestionaba la legalidad de empadronamientos realizados en edificios municipales y sugería un uso indebido de ayudas sociales. Las declaraciones, efectuadas por un miembro del equipo de gobierno, han provocado una respuesta institucional inmediata del Ayuntamiento, el respaldo del sindicato UGT a los trabajadores municipales y un cruce público de mensajes dentro del propio Ejecutivo local.
En sus intervenciones, Ruiz Sánchez aseguró que más de 120 personas figuran empadronadas en instalaciones municipales, entre ellas el edificio de la Policía Local, y planteó que “la mayoría” no residiría realmente en esos inmuebles, lo que —según afirmó— facilitaría el acceso a ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital. Las publicaciones, difundidas por el perfil local de Vox y posteriormente eliminadas, se acompañaron de exigencias de bajas automáticas en el padrón y de la revisión de la actuación de Servicios Sociales y del Negociado de Estadística.
Respuesta institucional: legalidad y empadronamiento excepcional
Ante la repercusión de las acusaciones, el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas emitió un comunicado oficial en el que recordó el marco legal vigente del padrón municipal. El Consistorio subrayó que, conforme a la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, toda persona residente en España debe empadronarse en el municipio donde reside habitualmente y que, de forma extraordinaria, los ayuntamientos pueden aplicar el empadronamiento excepcional.
Este mecanismo, explicó el Ayuntamiento, está previsto para personas que viven en infraviviendas o carecen de domicilio, y permite el empadronamiento en instalaciones municipales con fines administrativos, principalmente para notificaciones y el acceso a derechos básicos. El comunicado añadió que todos los empadronamientos excepcionales en el municipio están supervisados por técnicos municipales y se realizan conforme a la ley.
El alcalde, Pedro José Noguera, defendió que la premisa del servicio público es ayudar a las personas más vulnerables, especialmente a los menores, y agradeció la labor del personal municipal, insistiendo en que las actuaciones se ajustan a la normativa.
UGT respalda a los trabajadores y pide una reunión urgente
A la respuesta institucional se sumó un comunicado formal de UGT Servicios Públicos Región de Murcia, firmado por su secretario general, Antonio Martínez Peñaranda. El sindicato denunció que las acusaciones vertidas por el concejal carecen de fundamento jurídico, cuestionan injustamente la labor de los trabajadores de Servicios Sociales y del Negociado de Estadística, y resultan impropias de un cargo público que debe defender el Estado de Derecho y no enfrentar a la ciudadanía con los funcionarios.
UGT recordó que el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, actualizado por el Real Decreto 141/2024, regula expresamente el empadronamiento de personas sin domicilio estable siempre que residan habitualmente en el municipio y dispongan de una dirección válida a efectos de notificaciones. El sindicato subrayó que este instrumento no está diseñado para facilitar fraudes, sino para garantizar derechos básicos y reflejar la realidad demográfica. Además, solicitó una reunión urgente con el alcalde, la concejala de Servicios Sociales, la Secretaría, los servicios jurídicos, los sindicatos y representantes de los colectivos afectados.
Tensión interna y cruce de mensajes en el gobierno local
La polémica trascendió el ámbito institucional y se trasladó a las redes sociales, donde la concejala de Cultura, María Gloria Fernández Dólera, expresó públicamente su apoyo a los trabajadores municipales y afirmó que estos han actuado conforme a la ley, reclamando al concejal de Vox que reconozca su error y pida disculpas. En el mismo hilo, Ruiz Sánchez respondió con nuevos mensajes en los que reiteró sus críticas y volvió a poner en duda la eficacia de las notificaciones administrativas, elevando el tono del debate.
El hecho de que las acusaciones procedan del concejal responsable de Seguridad Ciudadana —área especialmente sensible por su relación con la Policía Local, la convivencia y la coordinación administrativa— ha intensificado la controversia. Las declaraciones han sido interpretadas como una desautorización pública del funcionamiento de servicios que dependen del propio Ayuntamiento y con los que su concejalía debe coordinarse.
Un conflicto con alcance político e institucional
Más allá del cruce de declaraciones, el episodio ha abierto preguntas de calado sobre la gestión interna del equipo de gobierno, la canalización de discrepancias y la responsabilidad institucional de los cargos públicos cuando formulan acusaciones de irregularidades. La eliminación posterior de la publicación de Vox ha añadido un elemento más al debate sobre transparencia y rendición de cuentas.
Mientras el Ayuntamiento y UGT sostienen que el empadronamiento excepcional es legal y está controlado, las afirmaciones del concejal han situado en el foco a un instrumento administrativo habitual en muchos municipios para proteger a personas en situación de vulnerabilidad. El caso, con documentos y comunicados oficiales sobre la mesa, trasciende la polémica en redes y se consolida como un asunto de interés público que afecta a la credibilidad del gobierno municipal, al clima laboral de los servicios públicos y a la confianza ciudadana en la administración local.
Por el momento, el Ayuntamiento mantiene su defensa de la legalidad del padrón y de la actuación de sus técnicos, mientras el sindicato exige una reunión urgente para reconducir el conflicto. El desenlace marcará el alcance político de una crisis que, iniciada por declaraciones en redes, ha derivado en un choque institucional dentro del propio equipo de gobierno.
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