La asociación presenta alegaciones al documento autonómico y advierte de que no garantiza una ordenación eficaz de la cuenca vertiente ni la recuperación real del ecosistema
La Asociación para la Protección de Cabo de Palos (PROCABO) ha presentado alegaciones formales al Documento de Avance y al Documento Inicial Estratégico de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor (DyPOT-CVMM), actualmente en fase de exposición pública, al considerar que el texto impulsado por el Gobierno regional no ofrece una respuesta suficiente ni proporcionada a la gravedad de la crisis ambiental que sufre la laguna. Según la entidad, el Plan adolece de carencias estructurales que comprometen su eficacia como herramienta clave para la recuperación del Mar Menor y la ordenación sostenible de su entorno.
Desde PROCABO reconocen el esfuerzo técnico realizado en la recopilación de información, pero consideran que el documento se queda en un ejercicio descriptivo y no asume el papel regulador que debería corresponderle. A juicio de la asociación, el Avance se apoya de forma mayoritaria en datos elaborados entre 2020 y 2022 y no incorpora de manera adecuada actuaciones, planes y marcos estratégicos desarrollados en los últimos años por la Administración General del Estado, especialmente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), lo que resta coherencia y actualidad al planteamiento territorial.
Un plan desconectado de las actuaciones estatales en la cuenca vertiente
Una de las principales críticas recogidas en las alegaciones se centra en la falta de integración del Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor, así como de los programas y proyectos de transformación agraria financiados a través de la Fundación Biodiversidad. PROCABO subraya que estos instrumentos están interviniendo de forma directa sobre la cuenca vertiente mediante actuaciones de restauración ambiental, soluciones basadas en la naturaleza y medidas orientadas a la reducción de presiones sobre el ecosistema.
La asociación considera que la ausencia de estos planes estratégicos en el documento autonómico supone una oportunidad perdida para coordinar políticas públicas y avanzar hacia una ordenación territorial coherente con los objetivos ambientales ya en marcha. En su opinión, un plan que aspira a ser determinante para el futuro del Mar Menor no puede ignorar ni relegar actuaciones que están siendo ejecutadas con financiación estatal y europea y que inciden directamente en los factores que han provocado la degradación de la laguna.
PROCABO recuerda que la crisis del Mar Menor no es un fenómeno puntual, sino el resultado de decisiones territoriales acumuladas durante décadas, vinculadas principalmente a la intensificación agraria y a un urbanismo poco controlado en la cuenca vertiente. Por ello, sostiene que el Plan debe asumir un liderazgo público claro frente a intereses privados que han condicionado históricamente el uso del suelo, estableciendo límites y criterios firmes que permitan revertir las dinámicas que han llevado al colapso ambiental del ecosistema.
Protección del suelo agrario y límites a la expansión fotovoltaica
Otro de los ejes centrales de las alegaciones presentadas por PROCABO es la protección del suelo agrario de alto valor, que la asociación define como un recurso estratégico para la cuenca vertiente y uno de los factores clave en la crisis ambiental del Mar Menor. A juicio de la entidad, el documento no afronta esta cuestión con la contundencia necesaria y carece de una delimitación clara de estos suelos, así como de un régimen de protección efectivo que evite su degradación o transformación irreversible.
En este sentido, las alegaciones reclaman que el Plan incorpore medidas alineadas con la normativa europea en materia de vigilancia y resiliencia del suelo, actualmente en proceso de implantación, y que se traduzcan en criterios claros y vinculantes para la ordenación del territorio. Para PROCABO, proteger el suelo agrario no es solo una cuestión productiva, sino una condición indispensable para reducir las presiones difusas que afectan a la laguna.
De manera específica, la asociación alerta sobre la falta de criterios territoriales claros para la implantación de instalaciones fotovoltaicas. En los últimos años, este tipo de infraestructuras ha proliferado en suelos agrícolas fértiles y en espacios no urbanizables considerados estratégicos, generando una creciente fragmentación del territorio. PROCABO considera imprescindible que el Plan establezca zonas compatibles y zonas excluidas para estos usos, evitando que la transición energética se realice a costa de la pérdida irreversible de suelo productivo y del deterioro del paisaje y los valores ambientales de la cuenca vertiente.
Exigencia de objetivos vinculantes y seguimiento efectivo
Más allá de las carencias concretas, PROCABO cuestiona el enfoque general del documento, al que reprocha un carácter excesivamente declarativo. Entre las demandas recogidas en las alegaciones figuran la actualización del diagnóstico territorial y ambiental, la integración efectiva de los planes y actuaciones del MITECO, la protección estricta del suelo agrario de alto valor, la regulación clara y territorialmente justificada de las instalaciones fotovoltaicas y la incorporación de objetivos cuantificados, indicadores y mecanismos de seguimiento con carácter vinculante.
Desde la asociación advierten de que la ordenación del territorio no puede reducirse a un trámite administrativo ni a un compendio de buenas intenciones sin capacidad real de transformación. En este sentido, subrayan que lo que está en juego es la posibilidad efectiva de proteger el Mar Menor y de ordenar su cuenca vertiente con criterios de interés general, sostenibilidad y responsabilidad intergeneracional.
PROCABO confía en que las alegaciones presentadas sean tenidas en cuenta durante la tramitación del Plan y permitan que el documento final se convierta en una herramienta eficaz de planificación territorial. Para la asociación, el principal reto ambiental de la Región de Murcia exige instrumentos sólidos, actualizados y coherentes, capaces de afrontar con rigor las causas estructurales de la degradación del Mar Menor y de evitar que los errores del pasado vuelvan a repetirse.
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