La organización denuncia el uso indebido de la tarifa plana por plataformas digitales y alerta del impacto en la Seguridad Social
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España ha denunciado que el fraude asociado al uso indebido de la tarifa plana de cotización en el sector del reparto supera los 120 millones de euros anuales, una práctica que afecta directamente a miles de personas trabajadoras y debilita la sostenibilidad del sistema público de Seguridad Social. Según la organización, grandes plataformas digitales de reparto han utilizado de forma sistemática este mecanismo para declarar como autónomos a trabajadores que, en realidad, desempeñan su labor en condiciones propias de una relación laboral.
UPTA advierte de que esta situación no puede calificarse como un error administrativo, sino como un fraude estructural que se ha prolongado durante años. La denuncia se produce en un contexto en el que el Ministerio de Trabajo y Economía Social estima que la regularización de este modelo afectará a unos 50.000 falsos autónomos, principalmente vinculados a empresas de reparto a domicilio.
Un fraude que perjudica a trabajadores y al sistema público
Desde UPTA sostienen que el uso fraudulento de la tarifa plana ha permitido a estas plataformas beneficiarse económicamente a costa de los derechos laborales de las personas trabajadoras y de los recursos de la Seguridad Social. La organización subraya que esta práctica reduce de forma significativa las cotizaciones ingresadas en el sistema, mermando fondos que deberían destinarse a mejorar las prestaciones sociales de los trabajadores autónomos y a garantizar pensiones dignas, especialmente para quienes perciben las cuantías más bajas.
La tarifa plana fue concebida como una herramienta para facilitar el inicio de una actividad económica real y viable, pero, según denuncia UPTA, ha sido utilizada de manera masiva para encubrir relaciones laborales en sectores altamente precarizados. “No estamos ante un uso puntual o residual, sino ante un modelo de negocio basado en el fraude”, alertan desde la organización.
Exigencias de mayor control y devolución de ayudas
Ante esta situación, UPTA reclama que la solicitud de la tarifa plana en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) vaya acompañada obligatoriamente de documentación que acredite una actividad económica planificada, real y viable. A juicio de la organización, este requisito permitiría evitar que la bonificación se utilice para encubrir situaciones de falsa autonomía.
Asimismo, UPTA exige al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que obligue a las empresas que han incurrido en estas prácticas a abonar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) las diferencias de cotización generadas por la aplicación indebida de la tarifa plana. La organización considera imprescindible que se recuperen los recursos públicos que se han dejado de ingresar como consecuencia del fraude.
En paralelo, UPTA reclama a las comunidades autónomas que exijan la devolución de las ayudas públicas asociadas, como la denominada “cuota cero”, cuando estas se hayan concedido de forma improcedente. Según defienden, estas bonificaciones deben destinarse exclusivamente a quienes realmente las necesitan y pueden justificar una actividad económica real.
Críticas al modelo de plataformas digitales
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha sido contundente al valorar las consecuencias de estas prácticas. Según ha señalado, “con estas conductas no solo se explota al trabajador, sino que también se socava la protección social de todos”. Abad ha insistido en que las plataformas digitales deben asumir su responsabilidad y cumplir con la legislación laboral y de Seguridad Social vigente.
Desde la organización advierten de que la generalización de este modelo pone en riesgo el equilibrio del sistema y normaliza la precariedad como base del negocio en el sector del reparto. En su opinión, permitir que estas prácticas continúen supone trasladar el coste real del servicio a los propios trabajadores y al conjunto de la sociedad.
Regularización pendiente y debate abierto
La denuncia de UPTA se suma al debate abierto sobre el modelo laboral de las plataformas digitales y la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar el fraude en la cotización. La regularización anunciada por el Ministerio de Trabajo, que podría afectar a decenas de miles de personas, abre un escenario de ajustes que, según la organización, debe ir acompañado de sanciones ejemplares y de la recuperación de los fondos públicos indebidamente utilizados.
Para UPTA, la lucha contra el fraude en la tarifa plana no es solo una cuestión de legalidad, sino de justicia social y de sostenibilidad del sistema. “La protección social de las personas trabajadoras y el futuro de la Seguridad Social no pueden seguir siendo víctimas de estas prácticas”, ha concluido Eduardo Abad, reclamando una actuación firme de las administraciones para poner fin a un modelo que consideran claramente lesivo para el interés general.
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