El edil Pedro Contreras alerta de camas en pasillos de Urgencias y reprocha que el Rosell siga infrautilizado mientras el Área 2 de Salud arrastra obras pendientes
Las filtraciones de agua que aparecen con cada episodio de lluvias en el Hospital Universitario de Santa Lucía han vuelto al centro del debate político en Cartagena. El Grupo Municipal Socialista asegura que el hospital sufre una falta de mantenimiento y conservación que se hace visible, de forma recurrente, cuando llueve: goteras, zonas afectadas y molestias para profesionales y pacientes. La denuncia, formulada por el concejal Pedro Contreras, apunta directamente a la gestión del Servicio Murciano de Salud (SMS) y reclama un incremento de inversiones para acometer las obras de conservación y mejora que, según el PSOE, se acumulan desde hace tiempo.
La cuestión no es menor por la relevancia asistencial del centro. Santa Lucía es, en la práctica, el hospital de referencia del Área 2 de Salud, con un volumen de actividad que soporta buena parte de la presión asistencial del entorno de Cartagena y su comarca. En ese contexto, los socialistas sostienen que la repetición de filtraciones “con cada episodio de lluvias” evidencia un problema estructural de mantenimiento y planificación, más allá de incidentes puntuales. El PSOE insiste en que los efectos los sufren tanto el personal sanitario como los pacientes, en un escenario que añade incomodidad a un entorno que debería estar protegido frente a este tipo de incidencias.
Filtraciones, incendios y una lista de obras que no se agota
El PSOE vincula las goteras y la falta de conservación con una necesidad “urgente” de elevar las inversiones destinadas al hospital. Contreras sostiene que el centro requiere actuaciones que van desde el mantenimiento ordinario hasta obras de mayor calado. En su enumeración, el edil socialista recuerda la reforma de la fachada tras un incendio ocurrido en diciembre, la habilitación de un nuevo acceso rodado para reforzar la seguridad de usuarios y trabajadores y, en general, la ejecución de “una larga y costosa lista” de intervenciones pendientes, a la que —subraya— se suman los trabajos de mantenimiento que permitirían evitar que las filtraciones reaparezcan de forma cíclica.
El enfoque que plantea el PSOE es doble: por un lado, la necesidad de poner al día el edificio y sus infraestructuras; por otro, la obligación de que la gestión sanitaria priorice el cuidado de un hospital que consideran esencial para el área. La crítica se centra en el SMS, al que responsabilizan de no haber abordado con la suficiente anticipación las actuaciones necesarias, pese a que, según el PSOE, los episodios se repiten y no pueden atribuirse a un fenómeno excepcional.
Desde el punto de vista de la calidad asistencial, la cuestión del mantenimiento no es solo estética o de confort. En cualquier hospital, las filtraciones pueden afectar a circuitos, zonas de tránsito, condiciones de trabajo y a la percepción de seguridad del paciente, especialmente en momentos de alta presión asistencial. El PSOE no entra en detalles técnicos sobre daños concretos en instalaciones, pero sí subraya el impacto cotidiano y el carácter reiterado del problema.
Camas en pasillos y el Rosell como “consultorio”: el choque por el modelo del Área 2
La denuncia socialista no se limita a las goteras. Contreras coloca el foco en la presión asistencial de Urgencias y en lo que califica como un uso ineficiente de recursos hospitalarios en Cartagena. Según el concejal, la pasada semana se contabilizaron más de treinta camas en los pasillos de Urgencias de Santa Lucía, una imagen que el PSOE utiliza para ilustrar el colapso y la falta de planificación. En paralelo, señala que el Hospital Santa María del Rosell estaría “infrautilizado” porque el SMS habría transformado plantas de hospitalización en consultas médicas, reduciendo así la capacidad para absorber ingresos y aliviar la presión del principal hospital del área.
El PSOE insiste en que la situación genera un perjuicio directo para los pacientes: estar atendidos en pasillos, con menor intimidad y, según la denuncia, con condiciones inadecuadas para afrontar una enfermedad. En su argumentario, Contreras añade un elemento especialmente llamativo: asegura que se ha llegado a habilitar una “Unidad de Pasillos” en Santa Lucía y que esa unidad estaría ya “colapsada”, obligando a instalar camas en el resto de pasillos del área de Urgencias. Con ese retrato, el concejal califica de “despropósito” la normalización de espacios improvisados para hospitalización y eleva el tono al hablar de “negligencia” si, mientras tanto, existe un segundo hospital sin aprovechar plenamente su capacidad.
La crítica socialista incorpora además un componente normativo: Contreras afirma que “la Ley exige” que el Rosell esté abierto al cien por cien como segundo hospital del Área 2 y no como un “consultorio de grandes dimensiones”. Dado que el PSOE no concreta en la nota a qué norma se refiere ni aporta un extracto legal, esta afirmación queda, por ahora, en el terreno de la acusación política y de la interpretación que realiza el edil sobre las obligaciones del sistema sanitario en la zona.
En términos políticos, el conflicto vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en Cartagena: qué papel debe jugar el Rosell y cómo se organiza la red asistencial para evitar que Santa Lucía absorba, en solitario, la mayor parte de la carga hospitalaria. Para los socialistas, la combinación de filtraciones, obras pendientes y camas en pasillos describe un modelo que falla por arriba (mantenimiento e inversión) y por abajo (gestión de recursos y camas disponibles). Para el Gobierno regional y el SMS, si deciden responder, el debate suele pivotar sobre planificación sanitaria, reorganización de servicios y criterios de eficiencia, aunque en este caso esa posición no aparece recogida en el material difundido por el PSOE.
Transparencia y versión del SMS: una respuesta que no figura en la denuncia
El PSOE pide, de forma implícita, responsabilidades y un giro en las prioridades: más inversión en Santa Lucía y reapertura o refuerzo de la hospitalización en el Rosell para evitar escenas de pasillos saturados. Sin embargo, la nota difundida por el Grupo Municipal Socialista no incorpora una valoración del Servicio Murciano de Salud ni de la dirección del hospital sobre el estado real de las instalaciones, el alcance de las filtraciones o las actuaciones previstas. Tampoco detalla si existe un plan de mantenimiento específico, una partida presupuestaria comprometida o un calendario de obras para la fachada, los accesos u otras reformas mencionadas.
Para completar la información, resulta clave que el SMS aclare si considera estas filtraciones un problema recurrente de estructura, qué medidas correctoras se han aplicado o se van a aplicar, y si existe relación con actuaciones pendientes tras el incendio al que alude el PSOE. También sería determinante conocer si el Rosell puede recuperar capacidad de hospitalización en el corto plazo, qué previsiones maneja la administración para aliviar la presión de Urgencias y si la cifra de camas en pasillos que denuncia el PSOE se corresponde con los registros internos de ocupación.
Mientras esas explicaciones no se hagan públicas, la polémica queda planteada en términos de denuncia política y presión social, con un elemento difícil de ignorar: la imagen de pacientes en pasillos se ha convertido en un símbolo especialmente sensible para medir la calidad del sistema sanitario y la capacidad de respuesta ante picos de demanda. En Cartagena, esa sensibilidad se amplifica por la existencia de dos hospitales y por la percepción, extendida en distintos momentos, de que el equilibrio entre ambos no termina de resolverse.
El fondo del asunto —más allá del cruce de reproches— es si la red sanitaria del Área 2 está preparada para atender con dignidad y seguridad cuando el sistema se tensiona. En ese debate, las filtraciones y las obras pendientes funcionan como metáfora incómoda: cuando un hospital “se moja” por dentro, la pregunta que queda en el aire es si también se está dejando que se deteriore por fuera la garantía más básica del servicio público.
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