Torres exige reunión urgente de Casco Antiguo y denuncia irregularidades en una parcela con materiales contaminados
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena ha elevado el tono contra el Gobierno local al denunciar supuestas irregularidades en el proceso de limpieza de una parcela en Los Mateos señalada como contaminada. El portavoz socialista, Manolo Torres, reclama la convocatoria de una reunión extraordinaria y urgente del Consejo de Administración de la sociedad municipal Casco Antiguo para que el Ejecutivo explique cómo se están ejecutando los trabajos y, mientras tanto, plantea una petición directa: paralizar las obras hasta que se garantice, según su versión, el derecho a la salud de vecinos y trabajadores y se cumpla “de forma estricta” el pliego de condiciones técnicas.
La nota difundida por el PSOE sitúa la cuestión en el terreno de la seguridad pública y laboral. Torres sostiene que se estarían movilizando “materiales contaminados y peligrosos” y que, por tanto, el procedimiento debería ejecutarse “de forma rigurosa y estricta” para evitar exposición y dispersión. El portavoz socialista enmarca su exigencia como una reacción a las quejas vecinales y asegura haberse desplazado a la parcela para comprobar personalmente el estado de los trabajos.
El conflicto añade un elemento político de fondo: el papel de Casco Antiguo como sociedad municipal, la gestión del Gobierno de Noelia Arroyo y el precedente de una parcela sobre la que el PSOE asegura que ya se tomaron decisiones controvertidas en el pasado. En su comunicado, Torres dibuja un relato de acumulación de “despropósitos” que arranca con la compra del solar y desemboca ahora en una limpieza que, a su juicio, se estaría realizando sin las garantías mínimas.
Qué denuncia el PSOE sobre la ejecución de los trabajos
La parte más concreta del comunicado socialista es el listado de hechos que Torres atribuye a una ejecución incorrecta del proceso de retirada de materiales. Según explica, la zona no estaría vallada y tampoco habría carteles informativos que adviertan de la peligrosidad del lugar, algo que, en un entorno con residuos potencialmente peligrosos, tendría impacto directo en la exposición de terceros y en el control de accesos.
El PSOE añade que se habría acumulado material tóxico pese a que, siempre según el comunicado, el pliego técnico establecía que no se podía hacer. En ese punto introduce un factor ambiental inmediato: el viento registrado en el municipio habría contribuido a dispersar ese material, lo que, en la lectura de Torres, agrava el riesgo al extender la posible contaminación más allá del perímetro de trabajo.
El comunicado incorpora también una crítica vinculada a la información preventiva: sostiene que los vecinos de las inmediaciones no han sido informados de las medidas de seguridad que deberían adoptar. Esa ausencia de comunicación, según el PSOE, sería especialmente preocupante si el trabajo implica movimiento de tierras o residuos con peligrosidad, ya que impediría a residentes adoptar precauciones mínimas.
En cuanto al transporte de materiales, la denuncia es igualmente directa. Torres afirma que la tierra no se está trasladando en camiones estancos, lo que en la práctica supondría, según su planteamiento, un riesgo de liberación de partículas o arrastre de residuos durante el trayecto. Y añade un dato que apunta a la trazabilidad del residuo: según su versión, la tierra se estaría llevando a Molinos Marfagones en lugar de a “una planta autorizada para tratar residuos peligrosos”. El PSOE utiliza esta afirmación para reforzar su petición de paralización hasta que se acredite el cumplimiento normativo y del pliego técnico.
Riesgos y petición de paralización por salud pública y laboral
Torres sostiene que lo que está en juego no es un trámite administrativo, sino la salud. En el comunicado insiste en que se están movilizando materiales contaminados y peligrosos, y que esa circunstancia exige un cumplimiento “riguroso y estricto” de la normativa y de las condiciones técnicas. Con esa base, pide frenar los trabajos hasta que se garanticen medidas de control, señalización, transporte y destino final adecuados para el tipo de material que se estaría retirando.
La exigencia de una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de Casco Antiguo se presenta como la vía para forzar explicaciones públicas del Gobierno municipal sobre cómo se está actuando, qué controles se han establecido y quién supervisa la correcta ejecución. El PSOE vincula esa reunión a dos decisiones inmediatas: aclarar las irregularidades denunciadas por vecinos y verificadas, según Torres, sobre el terreno; y ordenar la paralización de las obras hasta garantizar el cumplimiento estricto de lo previsto en el pliego.
El enfoque que utiliza el portavoz socialista es, además, político en el sentido más clásico: contrapone la obligación municipal de proteger un derecho “fundamental” como la salud con una supuesta dejadez institucional. La nota no aporta documentación técnica adicional (actas, informes de inspección o resoluciones) más allá de la descripción de Torres, pero sí formula una acusación de máxima gravedad: que la manera en que se estaría ejecutando la limpieza pondría en riesgo tanto a residentes como a trabajadores.
En la información facilitada por el PSOE no consta la versión del Gobierno municipal ni de Casco Antiguo sobre estas denuncias, ni se incluye una respuesta oficial que confirme o desmienta los hechos descritos. Tampoco se detalla, en el propio texto de la nota, si se han realizado actuaciones de inspección o si existen informes técnicos municipales que avalen el procedimiento seguido.
El choque político con el Gobierno de Arroyo y el precedente de subvenciones devueltas
El comunicado socialista aprovecha el episodio para cargar contra la gestión del Ejecutivo de Noelia Arroyo y dibujar un hilo de decisiones que, en su opinión, explican la situación actual. Torres afirma que el Gobierno local compró una parcela que califica como contaminada y que, además, “eximió al propietario” de su obligación de limpiarla. Añade que se devolvieron “más de 1,6 millones de euros” en subvenciones destinadas a construir allí viviendas sociales, y que ahora se estaría consintiendo una limpieza “descontrolada”. Todas estas afirmaciones aparecen como acusaciones políticas del PSOE en su nota de prensa.
El portavoz socialista introduce también un componente de desigualdad territorial que busca ampliar el impacto del caso: plantea si la dejadez denunciada sería la misma si la parcela estuviera en otra zona del municipio, sugiriendo que no. Con esa pregunta, Torres intenta situar Los Mateos no solo como escenario de un problema técnico, sino como ejemplo de un tratamiento institucional que, según su insinuación, sería distinto dependiendo del barrio.
Como cierre, el PSOE anuncia que seguirá “muy de cerca” todo el proceso para garantizar que se cumple la normativa y que exigirá explicaciones al Gobierno municipal. La estrategia es clara: trasladar el conflicto a un órgano formal —el Consejo de Administración de Casco Antiguo— y convertir una denuncia vecinal en un debate político sobre seguridad, gestión pública y transparencia. Mientras no se conozca una respuesta oficial del Ejecutivo local a las irregularidades descritas, el asunto queda planteado en los términos del PSOE: una limpieza de materiales potencialmente peligrosos que, según su versión, se está ejecutando sin garantías suficientes y que debería detenerse antes de que el problema sea irreversible.
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