Un contrato publicado por el propio ITREM justifica el pago a la empresa dueña del restaurante y figura con el concepto de “acciones institucionales”
El Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) abonó un servicio vinculado al restaurante SLVJ (Salvaje) de Madrid con cargo a fondos públicos, según consta en su propio portal de contratación y gasto, en la misma jornada en la que el Gobierno regional comunicó la suspensión de un acto promocional previsto en la capital “por respeto y solidaridad” con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). La contradicción, más allá del importe, abre una pregunta incómoda: si la Región invocó el duelo para aplazar un evento público, ¿por qué no se aplicó el mismo criterio a una cena institucional sufragada con dinero público?
La publicación del contrato muestra como adjudicataria a SALVAJE MAD LAB S.L. por 1.600,01 euros, con el concepto “FITUR 2026: Acciones institucionales”, dentro de los registros económicos del organismo. La información disponible en ese listado no detalla el motivo concreto de la comida o cena, el número de comensales, el objetivo institucional de la reunión, ni la identidad de los asistentes.
Este medio ha solicitado en varias ocasiones al ITREM aclaraciones para conocer el motivo de la cena y la relación de asistentes, así como para preguntar por qué no se anuló pese a que el Gobierno regional sí suspendió un acto público en Madrid por el accidente ferroviario. Hasta el cierre de esta edición, el organismo no ha respondido ni ha facilitado la información requerida.
Un contrato público por “acciones institucionales” sin explicación de finalidad ni asistentes
En la documentación visible del ITREM, el gasto aparece vinculado a una empresa asociada a la marca SLVJ (Salvaje), ampliamente identificada en el sector como una propuesta de restauración de alto perfil en Madrid. El registro económico señala el concepto genérico “acciones institucionales” en el marco de FITUR 2026, pero no ofrece un desglose mínimo que permita evaluar el interés público del gasto: qué se negoció o presentó, qué resultado se buscaba, qué interlocutores participaron o por qué esa reunión debía celebrarse en un restaurante de este tipo.
La ausencia de detalles no es un matiz burocrático. En un organismo que gestiona promoción turística con presupuesto público, la frontera entre una acción institucional justificable y un gasto opaco depende precisamente de la transparencia. Cuando la etiqueta es tan amplia como “acciones institucionales”, la rendición de cuentas debería ser más precisa, no menos: objetivo, agenda, participantes y razón de la elección del proveedor.
El contexto añade presión política y reputacional. La Región de Murcia comunicó el aplazamiento del acto promocional de la marca ‘Festivales Región de Murcia’ previsto para este jueves 22 de enero en El Cielo de Las Ventas “por respeto y solidaridad” con las víctimas del accidente de Adamuz. Esa decisión se difundió de forma pública, con un tono de duelo institucional, y tuvo eco en medios nacionales y regionales. En paralelo, el accidente ferroviario se convirtió en una tragedia de alcance estatal, con decenas de víctimas mortales y una investigación en marcha.
En ese marco, resulta difícil sostener que el criterio del “respeto” solo aplica a los actos de cara al público, pero no a compromisos privados —y sufragados con dinero público— celebrados en la misma ciudad y en una ventana temporal equivalente.
SLVJ (Salvaje), una propuesta “experiencial” en pleno Madrid y con ticket medio alto
SLVJ (Salvaje) no es un restaurante cualquiera. Forma parte de una marca que se presenta como “experiencia” gastronómica y de ocio, con un relato asociado al espectáculo, la coctelería y el ambiente de club. En su propia descripción corporativa, el establecimiento vinculado a BLESS Hotel Madrid invita a “descubrir el lado salvaje de la gastronomía japonesa”, con shows en vivo, cócteles y acceso a un “club clandestino” (Fetén), además de promocionar incluso una bolera en el centro de Madrid.
La marca también enfatiza su dimensión internacional, con presencia en múltiples países y ciudades, reforzando su posicionamiento como producto de lujo y tendencia. En portales de reservas, SLVJ Velázquez aparece identificado como restaurante japonés en la calle Velázquez, y se publicita con un precio medio en torno a los 50 euros por comensal, cifra que puede variar según consumo, bebidas y formato de menú.
La carta disponible públicamente muestra una oferta claramente orientada a un consumo elevado: selecciones de sushi y propuestas premium que, de nuevo, sitúan el gasto lejos de una reunión discreta de trabajo en formato estándar. Y guías institucionales de turismo en Madrid lo presentan como una propuesta de gastronomía japonesa “de autor” dentro de un hotel emblemático, asociada a “diseño” y “estilo de vida”, reforzando el carácter aspiracional del lugar.
Este perfil no convierte automáticamente la elección en irregular, pero sí eleva el listón de la explicación pública: si la acción institucional exigía un entorno de ese tipo, el ITREM debería poder justificarlo con claridad. Y si no puede, la elección se podría interpretar como lo que a menudo acaba siendo en la práctica: una cena pagada con fondos públicos sin la trazabilidad mínima.
El “luto” como argumento público y la cena que no se anuló
El Gobierno regional comunicó el aplazamiento del acto ‘Festivales Región de Murcia’ en Madrid con un mensaje explícito de solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. El accidente, que ha provocado 45 fallecidos, desencadenó una respuesta institucional y mediática inmediata. En ese clima, la suspensión de actos festivos o promocionales se entiende como un gesto de respeto colectivo.
Pero el problema aparece cuando ese criterio se aplica de forma selectiva. Si el mensaje oficial era que no correspondía celebrar un acto promocional en Madrid esa semana por el impacto del siniestro, la pregunta lógica es por qué una cena sufragada con dinero público —y vinculada además a FITUR, un escaparate con mucha carga simbólica— siguió adelante.
En términos de ética pública, no es solo una cuestión de oportunidad, sino de coherencia. El luto institucional no es una campaña de imagen; debería ser una decisión transversal. Y cuando no lo es, el gesto se degrada: pasa de ser solidaridad a ser simple comunicación. De puertas afuera se suspende el acto visible; de puertas adentro se mantiene la agenda privada, aunque la pague el contribuyente.
A esa incoherencia se suma un elemento especialmente corrosivo: la falta de transparencia posterior. El ITREM no ha aclarado el motivo de la cena ni la identidad de los asistentes pese a las solicitudes de información. Tampoco ha ofrecido una explicación sobre por qué no se anuló por el mismo motivo invocado para aplazar el acto en El Cielo de Las Ventas. En un organismo público, el silencio no es neutral: alimenta la sospecha y convierte un gasto relativamente pequeño en un problema grande.
La cuestión, por tanto, no es solo el importe de 1.600,01 euros, sino lo que representa: la normalización de gastos bajo etiquetas genéricas, sin información verificable, y la sensación de que la “solidaridad” se usa como argumento cuando conviene, mientras los compromisos institucionales —o lo que se presenta como tales— continúan sin rendir cuentas. En una Región de Murcia donde la promoción turística se financia con dinero público y donde la ciudadanía exige cada vez más claridad en el uso de recursos, el ITREM tiene en su mano disipar dudas con datos. De momento, su respuesta ha sido el silencio.
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