En tres décadas y más de lo mismo

En tres décadas y más de lo mismo

«Mientras el Gobierno regional insiste en presentar a Murcia como “la mejor tierra del mundo”, miles de personas trabajan y siguen siendo pobres»

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La Región de Murcia lleva más de treinta años gobernada por la derecha. Tres décadas de poder casi absoluto, de mayorías parlamentarias, presupuestos propios y discursos triunfalistas. Tiempo más que suficiente para transformar una región. Y, sin embargo, hoy más de 320.000 personas viven en exclusión social, según Cáritas y la Fundación FOESSA. Uno de cada cinco murcianos.

Este dato es el resultado de un modelo político sostenido durante décadas. Un modelo que ha priorizado el crecimiento económico sin preocuparse seriamente por cómo se distribuye.

Mientras el Gobierno regional insiste en presentar a Murcia como “la mejor tierra del mundo”, miles de personas trabajan y siguen siendo pobres. Tienen empleo, pero no de calidad. Tienen contrato, pero no seguridad. Tienen nómina, pero no una vida digna.

La economía murciana se ha construido en gran medida sobre salarios bajos, temporalidad y precariedad. Agricultura intensiva, hostelería, logística y servicios sostienen buena parte del crecimiento regional, pero lo hacen a costa de quienes trabajan en ellos. No se trata de un fallo del sistema: es el sistema.

Durante años se ha apostado por competir reduciendo costes laborales en lugar de invertir decididamente en industria, innovación y empleo de calidad. El resultado es una economía frágil, dependiente, estacionaria y con escasas oportunidades reales de progreso. Muchos jóvenes formados se marchan. Los que se quedan, aceptan condiciones por debajo de su cualificación.

A esta precariedad estructural se suma un problema cada vez más grave: el acceso a la vivienda. Tras décadas sin una política pública ambiciosa, los alquileres se han disparado y la vivienda social sigue siendo ridícula por insuficiente. La especulación avanza y miles de familias destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar un techo.

Cuando una persona cae en dificultades, tampoco encuentra una red pública sólida que la sostenga. La Región continúa situándose entre las comunidades que menos invierten en políticas sociales. Ayudas limitadas, servicios saturados, dependencia infradotada y escasa vivienda pública forman parte de un patrón persistente.

La derechona murciana ha gobernado con una lógica clara: menor inversión social, confianza casi exclusiva en el mercado y prioridad a los intereses empresariales. Pero el mercado no protege a quienes parten en desventaja. Solo amplía las desigualdades existentes.

Treinta años después, el resultado es una pobreza que se hace crónica. Barrios olvidados, familias atrapadas en la precariedad, trabajadores pobres y generaciones que crecen con menos oportunidades que sus padres. Personas que viven siempre al límite, sin margen para afrontar imprevistos.

Y, aun así, el discurso oficial apenas cambia. Siempre hay una excusa: la crisis, la culpa del Gobierno central, Europa, el contexto internacional o el clima.

La ciudadanía retrasó la exigencia real de responsabilidades. Pero gobernar durante tres décadas implica algo elemental: los resultados también son propios.

Si tras tanto tiempo la Región de Murcia sigue liderando indicadores de pobreza y desigualdad, no es fruto del azar. Es consecuencia de decisiones políticas concretas. Es el reflejo de un modelo que ha fracasado socialmente, aunque se maquille con campañas institucionales.

Reconocer esta realidad debería obligar a cambiar de rumbo: apostar por salarios dignos, diversificación productiva, vivienda pública y servicios sociales fuertes.

Obligarían a cuestionar intereses económicos consolidados. Y eso no parece estar entre las prioridades del Gobierno regional.

Es más cómodo seguir vendiendo eslóganes.

Pero no se puede gobernar indefinidamente desde el marketing. No se puede llamar progreso a un sistema que necesita pobres para funcionar. No se puede hablar de éxito mientras cientos de miles de personas viven en exclusión.

Después de tres décadas, ya no hay excusas. La pobreza no es inevitable. Tiene responsables políticos. Y ya va siendo hora del cambio.

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