Los socialistas piden detallar el destino de más de 20 millones y cargan contra el retraso del Bono Alquiler Joven
La diputada socialista Irene Jódar ha reclamado este viernes explicaciones públicas al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, sobre el uso de los fondos transferidos por el Gobierno de España para facilitar el acceso a la vivienda en la Región de Murcia. Según ha denunciado, la Comunidad Autónoma recibió financiación vinculada a la construcción de 566 viviendas de promoción pública, pero “solo hay 5 en ejecución”, una diferencia que —ha advertido— puede acabar obligando a devolver el dinero si no se cumplen los plazos previstos.
Jódar ha realizado estas declaraciones en una comparecencia ante los medios, acompañada por los diputados Joaquín Martínez y Caridad Rives y las senadoras Inma Sánchez y Mariló Flores. En esa intervención, ha dibujado un escenario que califica de “dejadez, abandono y desidia” en materia de vivienda por parte del Ejecutivo autonómico, y ha situado el foco en la falta de resultados en políticas públicas mientras, sostiene, aumentan los precios del alquiler y de la compra.
La parlamentaria ha insistido en que lo que está en juego no es solo un debate político, sino el impacto directo sobre los jóvenes y las familias que buscan alquilar o comprar. En su mensaje, ha contrapuesto la llegada de fondos estatales y europeos con la ausencia de medidas eficaces desde la Administración regional, a la que responsabiliza de no haber desplegado actuaciones suficientes en vivienda pública durante los últimos años.
La obra pública pendiente y el riesgo de devolver fondos europeos
Uno de los puntos centrales de la denuncia socialista gira en torno a los fondos europeos de recuperación destinados a vivienda pública. Jódar ha afirmado que el Gobierno de España asignó a la Comunidad Autónoma el importe necesario para construir 566 viviendas, dentro de los programas financiados con fondos europeos orientados a la promoción del parque público. Según sus palabras, esas viviendas deberían estar finalizadas en junio, pero el grado de ejecución actual estaría muy lejos del objetivo, con solo cinco viviendas en marcha.
A partir de ese dato, la diputada ha deslizado la posibilidad de que la Región de Murcia acabe devolviendo fondos por no cumplir los plazos, y ha puesto cifras al debate al referirse a “más de 20 millones de euros” que, según su exposición, no se habrían invertido en vivienda pese a la necesidad existente. En ese marco, ha planteado una exigencia explícita: detallar “en qué se han gastado” esos recursos y aclarar, partida por partida, el destino del dinero vinculado a vivienda pública.
La crítica socialista apunta también al diseño presupuestario del área. Jódar ha asegurado que el 90% del presupuesto de la Dirección General de Vivienda procede de fondos estatales y europeos, y ha reclamado saber si la Comunidad Autónoma está aportando fondos propios de forma significativa. La diputada ha vinculado esa pregunta a una conclusión política: si el grueso de la financiación llega de fuera y, aun así, no se construye vivienda pública en términos apreciables, el problema —según su interpretación— estaría en la ejecución y la gestión, no en la falta de recursos transferidos.
En el mismo hilo, ha insistido en que “no ha construido ni una vivienda de promoción pública” en los años de gobierno del PP, una afirmación que utiliza para reforzar su reclamación de transparencia. El mensaje, en suma, apunta a un doble frente: resultados tangibles (vivienda pública en marcha) y rendición de cuentas sobre los fondos ya recibidos.
Bono Alquiler Joven y Aval Joven: el choque por las ayudas a la juventud
La comparecencia ha dedicado también un bloque importante al Bono Alquiler Joven y al Aval Joven. Jódar ha denunciado que el Gobierno regional “no reparte las ayudas del Bono Alquiler Joven, subvencionadas por el Gobierno de España”, y ha pedido aclarar qué se ha hecho con el dinero destinado a esa línea. El argumento socialista se apoya en una idea recurrente: mientras el acceso a la vivienda se complica por la subida de precios, la Administración regional estaría retrasando o bloqueando instrumentos diseñados para aliviar el coste del alquiler entre la población joven.
Sobre el Aval Joven, la diputada ha sido especialmente crítica al sostener que la medida “apenas ha llegado al 5% de los jóvenes” a los que, según su valoración, debería haber beneficiado. Además, ha cuestionado la definición de “asequible” que atribuye al Ejecutivo autonómico, al citar como ejemplo un piso de 90 metros cuadrados por 180.000 euros. Ese dato ha sido utilizado para reforzar la tesis socialista de que las políticas del Gobierno regional no están alineadas con la realidad salarial y de precios que afronta la juventud.
La dirigente socialista ha extendido el reproche al terreno normativo al acusar al Ejecutivo autonómico de incumplir la Ley estatal de vivienda, al “negarse a poner límite a los alquileres en las zonas tensionadas”. Con esa referencia, el PSRM-PSOE sitúa el debate en una dimensión más amplia: no solo la ejecución de programas o ayudas, sino también la voluntad política de aplicar herramientas previstas en la legislación nacional para contener precios en áreas con presión de demanda.
Jódar ha rematado este bloque con una valoración general: “El Partido Popular no tiene política de vivienda”, una frase que resume la crítica y coloca el foco en las consecuencias sociales, particularmente para quienes buscan emanciparse. La diputada ha insistido en que, mientras el Gobierno regional no actúa, “suben los precios del alquiler” y “suben los precios de los pisos en venta”, y ha planteado su exigencia de explicaciones “con la mayor claridad y concreción posible” sobre el uso de los fondos y la falta de ayudas efectivas.
El decálogo de Francisco Lucas y el pulso por una Ley de Vivienda Asequible
En paralelo a la denuncia, el PSRM-PSOE ha querido proyectar un paquete de propuestas propias. Jódar ha recordado que esta misma semana el secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, Francisco Lucas, presentó un decálogo de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, descritas como “viables, reales y consensuadas”. El planteamiento, según el relato trasladado, busca abaratar el precio tanto de la compra como del alquiler.
Entre las medidas citadas en la comparecencia figura una ayuda directa de hasta 36.000 euros para que jóvenes y familias puedan afrontar la entrada de su primera vivienda. También se incluyen compromisos sobre el carácter público de la vivienda y del suelo público, la declaración de zonas tensionadas para aplicar topes al alquiler, incentivos fiscales tanto para inquilinos como para propietarios, y un aval joven al alquiler para cubrir el precio de la fianza.
La diputada ha enmarcado estas propuestas en el anuncio de que el Gobierno regional prepara un Proyecto de Ley de Vivienda Asequible. En ese contexto, ha ofrecido el apoyo del PSRM-PSOE a medidas que considere útiles, con una condición política implícita: que no se adopten enfoques que supongan, según su expresión, “retrocesos” en políticas públicas. La intervención, así, ha intentado combinar crítica a la gestión actual con una oferta de medidas concretas vinculadas al debate legislativo que se avecina.
Jódar también ha introducido una comparación al afirmar que piden explicaciones “por si” el Ejecutivo regional pretende copiar modelos de otras administraciones, en alusión a la polémica ocurrida en Alicante por adjudicaciones de viviendas públicas a cargos y funcionarios municipales. En su intervención, esa referencia aparece como advertencia y como justificación para solicitar información detallada, insistiendo en que desde el PSOE regional han presentado “decenas de peticiones de información” sobre vivienda.
Con esta comparecencia, el PSRM-PSOE eleva la presión política sobre el Gobierno regional en un asunto especialmente sensible para la población joven y para quienes dependen del alquiler. La exigencia central que plantea el partido es doble: transparencia sobre el destino de los fondos transferidos para vivienda y ejecución real de políticas públicas que se traduzcan en vivienda pública y ayudas efectivas, especialmente cuando, según la denuncia, la Región de Murcia afronta un escenario de encarecimiento sostenido que está dejando fuera a miles de potenciales inquilinos y compradores.
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