Los socialistas piden que no se permitan nuevas construcciones o usos que pongan en riesgo la laguna y reclaman vivienda protegida en todo el suelo municipal
El Grupo Municipal Socialista en Cartagena ha reclamado que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya aprobación definitiva llegará al próximo Pleno del Ayuntamiento, incluya garantías explícitas para la protección integral del Mar Menor y una hoja de ruta concreta para la descontaminación y renaturalización de varios enclaves industriales históricos que arrastran contaminación desde hace décadas. El portavoz municipal, Manolo Torres, ha defendido que el documento urbanístico “va a determinar el futuro del municipio” y, por ello, debe impedir “nuevas construcciones ni usos que pongan en peligro la laguna salada” y priorizar un modelo de desarrollo sostenible.
Torres ha comparecido en rueda de prensa junto al concejal Pedro Contreras para fijar posición ante el texto del PGOU, al que el PSOE exige incorporar un Plan Integral de Descontaminación de los suelos de Zincsa, Potasas y Peñarroya. La reclamación no se limita a una declaración genérica: los socialistas piden que el planeamiento fomente la regeneración y renaturalización de estos espacios y que el coste sea asumido “por quienes han contaminado”, una fórmula con la que sitúan el foco en el principio de “quien contamina paga” aplicado al urbanismo y a la ordenación territorial.
El planteamiento socialista enlaza dos debates que suelen ir por separado en Cartagena: el modelo urbanístico y el modelo ambiental. En su discurso, el PGOU no puede ser solo un catálogo de suelos y usos, sino una herramienta con capacidad real para evitar que el Mar Menor vuelva a quedar en segundo plano ante presiones urbanísticas o proyectos que, directa o indirectamente, aumenten su vulnerabilidad.
Mar Menor: “ni nuevas construcciones ni usos” que incrementen el riesgo
El PSOE centra su exigencia principal en el entorno del Mar Menor. Torres ha insistido en que el nuevo Plan General no debe permitir “nuevas construcciones ni usos” que puedan poner en peligro la laguna salada. La frase tiene una lectura política evidente: el urbanismo como frontera preventiva frente a un ecosistema que ha sufrido episodios críticos y cuya recuperación depende también de la presión que soporte el territorio. En esa línea, los socialistas buscan que el planeamiento incorpore restricciones claras y no se limite a fórmulas interpretables.
La reclamación se enmarca en un debate recurrente en la comarca: el peso de las decisiones urbanísticas en la salud ambiental del Mar Menor. En la práctica, el PSOE pretende que el PGOU actúe como un “cinturón” normativo que reduzca el margen para futuros desarrollos o implantaciones que aumenten la carga sobre la laguna, ya sea por ocupación del suelo, por intensificación de usos o por efectos asociados a nuevas transformaciones del territorio.
La nota de prensa no concreta qué usos o ámbitos serían los más sensibles, pero sí fija el criterio que los socialistas quieren introducir en el texto: prioridad absoluta a la protección, con un enfoque de prevención, no solo de corrección. El mensaje intenta situar el PGOU como un documento “de futuro”, precisamente para evitar que el Mar Menor vuelva a depender de decisiones a corto plazo, de excepciones o de interpretaciones laxas del planeamiento.
Suelos contaminados: Zincsa, Potasas y Peñarroya como prueba de credibilidad
Junto al Mar Menor, el PSOE exige que el PGOU incorpore un Plan Integral de Descontaminación de suelos contaminados vinculados a antiguas actividades industriales: Zincsa, Potasas y Peñarroya. Para Torres, el Plan General debe fomentar la “regeneración y renaturalización” de esas áreas y establecer que esa descontaminación sea sufragada por los responsables de la contaminación. Con esa propuesta, el PSOE intenta que la planificación urbana no eluda la herencia industrial y que el PGOU fije compromisos de intervención en espacios que condicionan usos futuros, calidad ambiental y seguridad para la población.
La petición no es menor porque, si el PGOU define usos futuros de esos suelos sin abordar su estado, el riesgo es doble: consolidar la inacción o abrir la puerta a transformaciones que no resuelvan el problema de base. Al plantear la renaturalización, el PSOE sugiere un giro de modelo: recuperar suelos dañados como espacios ambientalmente compatibles, en lugar de tratarlos como simples “reservas” urbanizables o de oportunidad.
En términos políticos, los socialistas buscan que la descontaminación figure como exigencia estructural, no como una medida complementaria que pueda posponerse. La mención explícita a Zincsa, Potasas y Peñarroya funciona como un listado de lugares reconocibles en el debate público local y como una forma de medir, en su opinión, la ambición real del Plan General.
Vivienda protegida, arqueología y fotovoltaicas: las condiciones urbanísticas del PSOE
Además del bloque ambiental, el PSOE introduce en su propuesta un enfoque social ligado al acceso a la vivienda. Los socialistas reclaman que “todo el suelo de propiedad municipal” se destine a la construcción de vivienda protegida, con el objetivo de contener precios y facilitar el acceso a jóvenes y personas vulnerables. Contreras ha añadido que se debe dar prioridad al “alquiler asequible”, planteándolo como la vía “real” para responder a un problema que, sostienen, afecta especialmente a los colectivos con menos capacidad económica.
En paralelo, el PSOE fija otras exigencias técnicas. Una de ellas afecta a parcelas con restos arqueológicos: piden que el incremento de edificabilidad solo se traslade a otras parcelas cuando sea “inviable” ejecutarlo en la misma, un matiz con implicaciones directas en el equilibrio entre conservación patrimonial e intereses urbanísticos. La propuesta busca evitar que el patrimonio se convierta en un “comodín” para redistribuir edificabilidad de forma automática, y exige que la excepción esté justificada.
También plantean una banda de protección de 600 metros respecto a los límites de suelo urbano, residencial y urbanizable para la instalación de plantas fotovoltaicas. Con ello, el PSOE pretende fijar un criterio de distancia y compatibilidad territorial que reduzca conflictos de implantación y limite la proximidad de grandes instalaciones a zonas habitadas o con previsión de crecimiento residencial.
El PSOE reclama asimismo que el PGOU reconozca núcleos rurales tradicionales y detalla un listado de asentamientos a incorporar como tales, incluyendo, entre otros, Los Díaz de Canteras, Los Roses, Los Corteses, Las Casas del Pino, Las Casas de Belmonte, Los Puertos de Arriba y de Abajo, La Manchica, El Palmero, Los Sánchez y Los Navarro de la Aljorra, Escarihuelas, Las Matildes en El Algar, Las Barracas en Los Belones, la Era de la Torre y las Casas de Charo en Galifa. El objetivo, según la nota, es dar encaje urbanístico a realidades poblacionales que consideran “singularizadas” y diferenciadas.
En el litoral, el PSOE solicita que el Plan General garantice la conservación del palmeral y la pinada de La Azohía e, igualmente, plantea incrementar la edificabilidad en el Llano del Beal para garantizar su desarrollo urbanístico. Este último punto introduce una tensión evidente entre conservación y crecimiento, que los socialistas integran en su paquete de propuestas como parte del equilibrio territorial que desean para el municipio.
Con todas estas exigencias, el PSOE resume su objetivo político: que el PGOU quede alineado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsando un modelo de municipio “sostenible, inclusivo y socialmente justo”. La aprobación definitiva del Plan General en el Pleno marcará, por tanto, un momento clave de confrontación política sobre qué Cartagena se proyecta para los próximos años y, sobre todo, qué papel juega el Mar Menor y la descontaminación de suelos en esa hoja de ruta urbanística.
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