Dos comisiones de la Asamblea Regional concentran el choque: agua, pacto regional incumplido y un “error contable” que el Tribunal de Cuentas cifra en miles de millones
El Grupo Parlamentario Socialista llevó este lunes a dos comisiones de la Asamblea Regional una doble ofensiva política: por un lado, reclamar que la política hídrica se saque de la confrontación y vuelva al terreno del consenso técnico; por otro, denunciar lo que califica como un “agujero contable” de 4.621,6 millones de euros en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente a 2022. En ambos debates, los socialistas situaron al Gobierno regional del Partido Popular como destinatario directo de sus exigencias, apelando a compromisos previos firmados y a advertencias técnicas ya plasmadas en informes oficiales.
En la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, el diputado socialista Fernando Moreno defendió que “el agua debe estar siempre por encima del ruido político” y advirtió del “grave error” de convertir la política hídrica en un arma electoral. El socialista insistió en que el agua es “un recurso limitado” que debe gestionarse con “consenso, datos y solidaridad entre territorios”, rechazando que se utilice como herramienta de confrontación.
En paralelo, en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, el diputado Alfonso Martínez Baños centró su intervención en la Cuenta General de 2022 y en las conclusiones del Tribunal de Cuentas que, según expuso, detectan un remanente de tesorería “inflado” en 4.621,6 millones de euros y un remanente negativo superior a 2.793,2 millones. El socialista sostuvo que se aprobaron modificaciones con cargo a ese remanente pese a su signo negativo, y calificó el volumen de ajustes presupuestarios del ejercicio como un síntoma de “falta de rigor” en la planificación económica.
Trasvase Tajo-Segura: “diálogo” y un Pacto Regional del Agua sin convocar desde 2018
La intervención de Fernando Moreno se produjo durante la comparecencia de José Salvador Fuentes Zorita —expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura y exconsejero regional—, quien, según la nota difundida por el PSRM, repasó hitos históricos del Trasvase Tajo-Segura y defendió la necesidad de abandonar la confrontación. Entre esos hitos, mencionó el establecimiento de caudales ecológicos en la cabecera del Tajo y el incremento de determinados umbrales vinculados al Memorándum del Tajo, enmarcando el debate en la evolución normativa y política de las últimas décadas.
Fuentes Zorita, siempre según lo recogido en la nota, invitó a los diputados a “el camino del diálogo” y alertó de que la confrontación “no se consigue nada”, reclamando “unidad” y un pacto interno previo que permita defender una posición común. Ese planteamiento fue asumido por Moreno para cargar contra la utilización partidista del agua: el diputado señaló como “práctica repetida” que el Partido Popular “agite el conflicto territorial” y simplifique “el debate técnico con fines puramente partidistas”.
En ese marco, el PSOE puso el foco en un compromiso concreto: la convocatoria del Pacto Regional del Agua. Moreno reclamó al Gobierno regional que lo convoque “de inmediato”, recordando que el acuerdo se firmó en junio de 2018 y que, según la versión socialista, no se ha convocado “ni una sola vez” desde entonces. También añadió que existe un mandato de la Asamblea Regional instando a su convocatoria en marzo de 2024, reclamando al Ejecutivo que “cumpla lo que firma”.
El diputado cerró su intervención agradeciendo la comparecencia de Fuentes Zorita y subrayando que su exposición fue “serena” y basada en la necesidad de acuerdos duraderos y planificación a largo plazo, reivindicando que el enfoque del PSRM en agua pasa por la “seriedad” y los “datos”. En la nota, el PSOE enmarca esas ideas como una “hoja de ruta” para su acción en materia hídrica en la Asamblea Regional.
Cuenta General 2022: 843 modificaciones presupuestarias y un “error contable” de 4.621,6 millones
El segundo eje del día para el Grupo Socialista se desplegó en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, en la que compareció el interventor general, David Rodríguez, para dar detalles sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2022. En ese contexto, Alfonso Martínez Baños afirmó que el Tribunal de Cuentas detecta un “error en la contabilidad” cifrado en 4.621,6 millones de euros, describiéndolo como un “auténtico disparate” por su magnitud.
Martínez Baños vinculó el problema a decisiones presupuestarias adoptadas durante el ejercicio: aseguró que se aprobaron modificaciones con cargo al remanente de tesorería pese a que este era negativo en más de 2.793,2 millones de euros, y señaló que el remanente aparece “inflado” en 4.621,6 millones conforme al Tribunal de Cuentas. Además, destacó que en 2022 se realizaron 843 modificaciones presupuestarias, un volumen que, a su juicio, evidencia que el presupuesto nació sin el rigor necesario, especialmente cuando los cambios afectan a gastos “tan previsibles” como el personal, extremo que atribuyó a lo señalado por el propio Tribunal.
El diputado socialista remarcó que, según su exposición, no se trata de un episodio aislado: sostuvo que este tipo de observaciones aparecen “todos los años” en los informes del Tribunal de Cuentas, y que las irregularidades más graves señaladas por ese organismo —según su versión— se relacionan con el Servicio Murciano de Salud y con la desaladora de Escombreras. En el caso del Servicio Murciano de Salud, afirmó que a 31 de diciembre de 2022 el déficit ascendía a 3.023,7 millones, con una desviación de gasto de 798,3 millones (un 32,5%). Sobre la desaladora, señaló que su situación financiera “cada año es peor” y situó en 20,9 millones la deuda vencida y exigible con acreedores en 2022, incluyendo intereses de demora acumulados por retrasos desde 2014.
En su diagnóstico global, Martínez Baños añadió que en 2022 el déficit alcanzó los 1.060 millones (el 3% del PIB) y que la deuda pública llegó a 11.395 millones. Asimismo, afirmó que la deuda habría continuado creciendo “exponencialmente” hasta alcanzar los 14.000 millones en 2025. Todo ello lo utilizó para sostener que queda en evidencia una “mala praxis” en la gestión financiera del Gobierno regional del Partido Popular y que el problema se arrastra, según sus palabras, desde 2013.
Un hilo común: compromisos pendientes, gestión y el papel del Parlamento
Las dos intervenciones socialistas se apoyan en un mismo argumento de fondo: la necesidad de que el Gobierno regional atienda compromisos y adopte medidas concretas ante problemas estructurales, tanto en el ámbito hídrico como en el económico. En agua, el PSOE exige reactivar un Pacto Regional del Agua firmado en 2018 y que, según denuncia, sigue sin convocarse pese a existir un mandato de la Asamblea. En cuentas, sitúa el debate en la exigencia de explicaciones técnicas ante un descuadre que atribuye al Tribunal de Cuentas y que eleva a miles de millones, además de reclamar correcciones ante irregularidades recurrentes.
En la Comisión de Economía, Martínez Baños recordó además que la Asamblea Regional ya rechazó la Cuenta General del periodo 2015-2021 a instancias del Grupo Socialista, lo que describió como un “varapalo” a la gestión financiera del Ejecutivo. Señaló que, transcurridos seis meses desde ese acuerdo, “desconocemos qué medidas se han puesto en marcha” y sostuvo que su grupo seguirá denunciando las irregularidades detectadas y planteando soluciones para evitar que la ciudadanía “pague los platos rotos” por la inacción y la mala gestión que atribuye al Partido Popular.
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