Padres trasladan su temor por la falta de protección junto a un paso de cebra con gran afluencia escolar
La caída de varios metros de barandilla en la rambla de Benipila, en un punto próximo al Colegio San Vicente de Paúl de Cartagena, ha abierto una nueva polémica sobre el estado de la vía pública y la seguridad en el entorno de uno de los centros educativos con mayor volumen de alumnado del municipio. Según denuncia el Partido Cantonal de Cartagena (PCAN), faltan alrededor de doce metros de vallas junto al paso de cebra de la rotonda situada al inicio de la Avenida Nueva Cartagena, un tramo que —siempre de acuerdo con el comunicado— es transitado cada día por cientos de estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato y concentra aglomeraciones a la salida de clase.
El partido cantonal sostiene que el riesgo no es hipotético, sino inmediato, porque el hueco sin protección se ubica en un punto de paso masivo y junto a un cauce con “importante altura y pendiente”. En su comunicado, el PCAN advierte de que “a punto de que ocurra una desgracia” y asegura que algunos padres han trasladado su preocupación por el peligro de caída al cauce, especialmente en el momento de mayor concentración de alumnado, en torno a las dos y cuarto de la tarde, cuando el flujo de salida se intensifica.
El mensaje no se limita a una queja genérica: el PCAN dibuja una escena concreta, con adolescentes pasando por un paso de cebra cercano, con concentración de gente y un tramo sin barrera que, según afirma, deja desprotegido el borde del cauce. La denuncia introduce, además, un elemento de urgencia: si existe un punto crítico en el entorno escolar, la actuación municipal debería ser prioritaria y rápida, porque el margen de error en una zona de tránsito infantil y juvenil es mínimo.
Doce metros sin barandilla en un punto de paso masivo
El comunicado del PCAN sitúa el problema junto al paso de cebra de la rotonda del colegio, en un tramo en el que, según expone, confluyen varios factores de riesgo: presencia de alumnado numeroso, aglomeraciones en la salida, tráfico rodado y proximidad al cauce. El partido remarca que el Colegio San Vicente de Paúl es el “centro escolar más grande del municipio” y que por ese punto pasan “cientos de estudiantes” a diario, lo que, en su interpretación, multiplica el peligro si no existe una valla que haga de quitamiedos.
El PCAN también identifica a los estudiantes que regresan a casa a pie como los más expuestos a esa situación. En concreto, menciona a quienes viven en la Urbanización Mediterráneo y en Nueva Cartagena, barrios desde los que el recorrido peatonal les obliga a atravesar ese punto. En la lógica de la denuncia, no se trata solo de un problema de mantenimiento, sino de un fallo de protección en un itinerario diario y previsible: un lugar que, por su uso continuado, debería contar con medidas de seguridad reforzadas y en buen estado.
La gravedad, según el partido, aumenta por la propia naturaleza del riesgo: una caída al cauce no implicaría un tropiezo menor, sino un accidente potencialmente serio por la altura y la pendiente. El PCAN sugiere que, en un momento de aglomeración, “cualquier descuido” podría terminar en una caída, subrayando el componente de imprevisibilidad propio de un entorno escolar: empujones involuntarios, prisas, acumulación de gente en un espacio reducido o simples distracciones.
Dos meses sin reposición y críticas por prioridades municipales
En su escrito, el PCAN afirma que el tramo sin valla permanece así “más de dos meses” y que, según los progenitores, se habría notificado la incidencia al Ayuntamiento sin que, hasta el momento de la denuncia, se hubiera solucionado. El partido introduce esta referencia temporal para sostener que no se trata de una avería reciente pendiente de reparación inmediata, sino de un problema prolongado que se ha mantenido pese a las advertencias vecinales.
La crítica política se intensifica con una referencia directa a la agenda municipal: el comunicado llama la atención sobre una visita “anteayer” de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, a la Avenida Nueva Cartagena, donde, según el PCAN, realizó anuncios para la zona que no incluían la reposición de estas barandillas. El partido cantonal contrapone así dos planos: el de la comunicación pública y el de la intervención urgente en seguridad. Su tesis es que la reposición de los quitamiedos debería estar por encima de cualquier otro anuncio porque afecta a un riesgo directo en un entorno escolar.
En términos estrictos, el comunicado plantea una jerarquía de prioridades: se puede discutir sobre mejoras urbanas, inversiones o planes de avenida, pero cuando existe una ausencia de protección junto a un cauce en una zona de tránsito masivo de menores y jóvenes, la primera obligación es restituir la barrera. De hecho, el PCAN califica esa intervención como “auténtica prioridad” por el peligro que, según denuncia, supone la “desprotección del cauce” para el alumnado.
En el trasfondo de la denuncia aparece otra idea recurrente en la política municipal: el mantenimiento. El partido no describe el episodio como un fenómeno aislado, sino como una muestra de falta de atención, llegando a denunciar “absoluto desprecio” hacia la comarca, aunque el núcleo del comunicado se centra en la seguridad de los estudiantes del centro educativo y en el tramo concreto donde falta la barandilla.
Vallas oxidadas, vandalismo y petición de renovación completa
Además de la reposición del tramo caído, el PCAN amplía la demanda a una actuación de mayor alcance. El comunicado sostiene que los quitamiedos de esa rotonda han sufrido actos vandálicos en otros momentos y zonas y que la intervención municipal sí se ha producido en ocasiones anteriores. En ese sentido, el partido señala que las vallas presentan “mal estado”, “oxidadas” y con síntomas de falta de mantenimiento.
Con esa descripción, la reclamación cambia de escala: no se trataría únicamente de colocar una barandilla en el tramo desaparecido, sino de renovar el conjunto con materiales más adecuados y seguros. El PCAN considera que la actuación “más recomendable” sería una renovación completa “con un material más acorde y seguro en relación al actual”, una petición que, en su argumentación, se justifica por el desgaste visible y por la repetición de episodios de vandalismo.
El comunicado, firmado por el secretario de organización del Partido Cantonal de Cartagena, Antonio Conesa Meroño, se plantea como una llamada de atención ante un problema que, según sus autores, no debería depender de la presión pública para resolverse. La denuncia pone el foco en un riesgo tangible y en un punto concreto del mapa urbano donde, por la afluencia diaria de estudiantes, el margen para la improvisación es prácticamente nulo.
La petición final, en síntesis, es clara: restituir la protección ausente y abordar una renovación que evite que la situación se repita. Mientras no se actúe, el partido cantonal advierte de que el tramo seguirá siendo un punto vulnerable en el itinerario diario de cientos de estudiantes, en una zona donde un fallo de mantenimiento puede tener consecuencias serias.
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