La asociación y varios colectivos denuncian troceo de 115 MW para eludir control estatal y alertan de riesgos hidrológicos, afección a dominio público hidráulico y a la cuenca del Mar Menor
La Asociación Mar Menor Sur, con el apoyo de ACCOIF, Por Un Algar Vivo, la plataforma Alborada y la plataforma Historia y Progreso, ha presentado recursos administrativos contra las autorizaciones y la evaluación ambiental vinculadas al conjunto fotovoltaico “FV Islas Menores I, II, III, IV y V” y sus infraestructuras de evacuación, proyectadas en los términos municipales de Cartagena y La Unión. El núcleo de la denuncia es que, pese a tramitarse como cinco plantas distintas, en realidad se trataría de un único complejo funcional de 115 MW nominales (cinco instalaciones de 23 MWn), con evacuación común hasta muy alta tensión, lo que —según sostienen— habría permitido rebajar el estándar de control ambiental y desplazar el foco competencial hacia la administración autonómica.
Los recursos se articulan como recursos de alzada frente a resoluciones administrativas de autorización de construcción. En uno de ellos, por ejemplo, se impugna la autorización de la planta “FV Islas Menores IV” y su evacuación subterránea a 30 kV hasta la subestación colectora, al entender que el proyecto es “contrario a Derecho y lesivo” para los intereses ambientales defendidos por la asociación. La entidad subraya, además, su legitimación para actuar “en representación del ecosistema Mar Menor”, invocando el marco de participación y acceso a la justicia ambiental y la Ley 19/2022, que reconoce derechos propios a la laguna y su cuenca y habilita una legitimación abierta para su defensa.
El escrito presentado por la asociación sostiene que la fragmentación “en cinco menores” tendría como finalidad evitar una evaluación unitaria más exigente. “Este defecto es insubsanable y no cejaremos hasta garantizar la legalidad y protección del Mar Menor, agotando todas las vías judiciales”, afirma José García Madrid, representante de la Asociación Mar Menor Sur.
Un complejo de 115 MW y una evacuación común hasta 400 kV
El informe técnico que respalda los recursos —elaborado por el graduado en Ingeniería Minera Luis Rubiños Saturno (RUSA Ingenieros)— analiza resoluciones y documentación administrativa del conjunto “FV Islas Menores I–V” y concluye que las cinco plantas presentan un esquema técnico homogéneo, con potencia nominal prácticamente idéntica por instalación y magnitudes agregadas que alcanzan 115 MWn y en torno a 139,6 MWp.
El mismo informe describe que el proyecto incluye infraestructuras comunes de evacuación que conectan el conjunto mediante una subestación 30/132 kV, una línea a 132 kV y otra infraestructura de transformación 132/400 kV, además de una línea a 400 kV hasta otra subestación. En la documentación analizada se llega a concretar la conexión a una subestación “Fausita” a 400 kV mediante una línea subterránea, con detalle de longitudes y características técnicas.
El trazado territorial de estas infraestructuras también aparece descrito: la subestación colectora se situaría en el entorno de El Algar, en Cartagena, y la evacuación a 132 kV y la transformación 132/400 kV se ubicarían hacia el Valle de Escombreras, con el enlace final a la subestación de 400 kV.
Para los recurrentes, este diseño “común” es precisamente la prueba de que no se está ante cinco iniciativas independientes, sino ante un único complejo que debería evaluarse y autorizarse de forma integrada por sus impactos acumulados y sinérgicos y por el alcance real de la evacuación. En los escritos de recurso se insiste en que la segmentación “devalúa” la evaluación ambiental porque atomiza alternativas, medidas y el examen real de los efectos del conjunto, particularmente en una zona vinculada a la cuenca del Mar Menor.
Riesgos hidrológicos, dominio público hidráulico y paisaje en la cuenca del Mar Menor
Uno de los ejes más sensibles del conflicto es el componente hidrológico. El informe técnico incorpora referencias a afecciones en zonas de policía de cauces y a la necesidad de estudios específicos en ramblas del ámbito. En un fragmento reproducido en la documentación analizada, se señala la presencia de la instalación en la zona de policía de un “cauce innominado” y de la Rambla de los Matildes, advirtiéndose de que no constaban estudios de inundabilidad para esta rambla y reclamando un estudio hidrológico-hidráulico para delimitar zonas inundables y de flujo preferente.
En los recursos, la asociación sostiene que no consta una modelización hidrológica integrada del conjunto I–V —esto es, del proyecto completo de 115 MWn— pese a advertencias técnicas, y vincula esa ausencia a un “déficit de motivación” sobre los riesgos agregados de escorrentías, erosión y aportes hacia la cuenca vertiente del Mar Menor.
El informe técnico añade un elemento clave para el debate regional: denuncia que, pese a localizarse en la cuenca vertiente, ni en las DIAs ni en las resoluciones publicadas se haría un análisis específico de la Ley 19/2022, a la que atribuye un estándar reforzado de prevención y precaución y un mandato de no autorizar actividades que supongan un riesgo para el ecosistema. En esa misma lógica, el documento enfatiza que, tratándose de una actuación intensiva en ocupación de suelo, movimientos de tierra e infraestructuras lineales, el análisis debería abordarse desde un enfoque de cuenca, por su potencial para incrementar escorrentías, aportes de sedimentos y concentraciones de flujo hacia cauces y ramblas.
A esos riesgos se suman, según los recurrentes, impactos paisajísticos acumulados. En los recursos se argumenta que la Administración habría aceptado un “análisis parcelado” que no se correspondería con la realidad física del macrocomplejo, y que la continuidad espacial de las plantas y la “repetición seriada” de estructuras generaría una “malla” industrial con alteración del carácter del paisaje, reclamando estudios de intervisibilidad y cuenca visual del conjunto.
El informe técnico, además, incluye entre sus apartados de auditoría la afección al patrimonio minero inventariado en el ámbito de la Sierra Minera (Cartagena–La Unión), junto con otras vulneraciones normativas que la consultora considera relevantes en la tramitación.
Con este paquete de recursos e informes, la Asociación Mar Menor Sur y los colectivos que la acompañan sitúan el foco en un debate que trasciende el caso concreto: cómo se evalúan y autorizan los grandes complejos energéticos cuando aparecen fraccionados en expedientes menores, y qué garantías adicionales deben operar en territorios especialmente sensibles por su relación con el Mar Menor y su cuenca. Mientras la administración resuelve los recursos, la controversia deja sobre la mesa una cuestión de fondo: si el modelo de tramitación elegido ha permitido —o no— que un proyecto de escala supralocal pase por el filtro ambiental como si fueran cinco piezas aisladas, pese a compartir infraestructura y efectos sobre el territorio.
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