La organización propone bonificaciones mínimas del 50% en tasas e impuestos locales y advierte de caídas de facturación de hasta el 30% durante las obras
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) llevará a los plenos municipales de los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia una batería de mociones para reclamar compensaciones económicas a los autónomos y pequeños negocios afectados por obras de humanización urbana. La organización pretende que los grupos políticos que lo deseen registren y voten en sus municipios un “plan de compensación municipal” que, según defiende UPTA, permita amortiguar el impacto real que las obras públicas —aunque necesarias— provocan sobre el comercio de proximidad cuando reducen el tránsito peatonal, dificultan el acceso o restan visibilidad a los establecimientos.
UPTA sostiene que ese impacto se traduce en pérdidas “directas y demostrables” y pone cifras sobre la mesa: en los casos de afección intensa, con restricciones prolongadas que inciden en el acceso y la visibilidad del negocio, la caída de facturación puede alcanzar de media hasta el 30% mientras duran las obras. La organización subraya que no se trata de episodios puntuales de unos días, sino de actuaciones que suelen tener una duración media de alrededor de seis meses, un periodo en el que los autónomos mantienen costes fijos —alquileres, suministros, impuestos, tasas— pese al descenso de ingresos.
El planteamiento llega en un contexto en el que muchos municipios han intensificado proyectos de peatonalización, renovación de calles, remodelación de plazas o reordenación del tráfico bajo el paraguas de la mejora del espacio público. UPTA no discute la necesidad de esas intervenciones, pero exige que la modernización urbana no se haga “a costa” del pequeño comercio y los servicios de barrio, que son precisamente los que sostienen la vida cotidiana en muchas zonas.
Bonificaciones del 50%, devoluciones y compensación por comparación de facturación
El núcleo del plan propuesto por UPTA es un paquete de medidas fiscales y de devolución de importes orientadas a una compensación “directa” por establecimiento afectado. En concreto, la organización plantea bonificaciones mínimas del 50% en impuestos y tasas municipales, además de la devolución de importes ya abonados. La idea es que la respuesta municipal no se limite a “ayudas genéricas”, sino a una fórmula cuantificable y aplicable tras el fin de las obras: comparar la facturación de los meses afectados con los mismos periodos de años anteriores para calcular el impacto y activar la compensación.
UPTA estima que estas bonificaciones permitirían una compensación económica de entre 500 y 1.000 euros por establecimiento en función de su situación fiscal y de los tributos locales afectados. Para justificar el rango, la organización recuerda que un negocio a pie de calle soporta habitualmente una media de 1.500 euros anuales en impuestos y tasas municipales, incluyendo conceptos como el IBI del local, la tasa de recogida de residuos comerciales, licencias, vados o tasas de ocupación pública. En un escenario de caída de ingresos durante meses, ese conjunto de obligaciones se convierte, según UPTA, en una losa que amenaza la viabilidad de muchos negocios.
La propuesta también insiste en la necesidad de que las medidas se apliquen “de forma inmediata” tras la finalización de las obras. El argumento es que las pérdidas se producen durante la ejecución y que, si la compensación se demora, el daño ya puede ser irreversible: cierres, endeudamiento o abandono del local por falta de capacidad para sostener gastos estructurales.
“Política local útil”: el aviso de UPTA a los consistorios
El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, reclama que los ayuntamientos asuman su responsabilidad. En el comunicado, Abad sostiene que “los ayuntamientos deben ser plenamente conscientes del impacto real” que estas obras tienen sobre el tejido económico local y advierte de que no se pueden realizar mejoras urbanas que supongan un perjuicio para los pequeños negocios sin articular mecanismos de compensación. La organización presenta la iniciativa como una medida de “política local útil, cercana y pensada para quienes mantienen vivos nuestros barrios”.
El movimiento de UPTA busca, en la práctica, abrir un debate municipal que a menudo se queda en un choque entre dos relatos: la ciudad que se moderniza y la economía local que se resiente durante el proceso. La organización intenta introducir un tercer elemento: si la obra es pública y beneficia al conjunto, el coste no puede recaer de forma desproporcionada sobre quienes tienen menos margen financiero para aguantar seis meses de caída de ventas.
Con las 45 mociones, la pelota pasa ahora a los grupos políticos locales. El resultado no dependerá de un único pleno, sino de 45 decisiones distintas, con realidades urbanas muy diferentes, pero con un problema común: cómo ejecutar obras de transformación del espacio público sin arrasar —por el camino— el comercio de proximidad que da vida a calles y barrios.
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