«El cierre de SABIC sería un golpe para la comarca de Cartagena que podría hacer recordar tiempos pasados«
Hay noticias que se leen con la cabeza y otras que te entran por el estómago. Lo de SABIC en La Aljorra pertenece a la segunda categoría. Porque detrás de cada titular hay una vida con horarios, una hipoteca, una libreta de ahorros cada vez más delgada y un miedo muy concreto: el de mirar al futuro y no ver nada estable. En Cartagena y su comarca, la industria no es un decorado; es el latido que sostiene barrios enteros, contratas, pequeños negocios y una cadena de empleo que no se ve desde fuera, pero que lo explica casi todo cuando se apaga.
La plantilla lleva semanas avisando de que esto no va de “un ajuste” o de un “cambio estratégico”. Va de la posibilidad real de perder actividad industrial, de que se cierre una unidad clave y de que el golpe se extienda como una onda: primero a los empleos directos, luego a la industria auxiliar, después a los comercios de alrededor y finalmente al ánimo colectivo, ese que tarda años en recomponerse cuando una gran fábrica se apaga. La radiografía social que ya se está contando en Cartagena es dura y muy humana: gente que no habla de cifras macro, habla de si podrá pagar la hipoteca el mes que viene.
Y conviene decirlo claro desde el principio, sin eufemismos. El cierre de SABIC sería un golpe. Un golpe para quienes entran a trabajar cada mañana, para quienes viven de una contrata que depende de la planta, para quienes han montado su vida alrededor de un empleo industrial digno. Y también para la propia idea de futuro de la comarca, que no puede sostenerse únicamente con turismo estacional y promesas vagas de “nuevas oportunidades” mientras se desmantela lo que hoy da trabajo estable.
Si además añadimos el ingrediente de la compraventa y la incertidumbre, el miedo se vuelve más tangible. La plantilla ha cambiado estrategias, ha pasado de acampadas a huelgas para presionar en un contexto en el que los trabajadores intentan conseguir algo tan básico como información y garantías. Porque cuando se habla de fondos, operaciones y reordenaciones, el territorio aprende a desconfiar: demasiadas veces esas palabras han acabado significando cierres y despidos.
La política útil: PSOE y Francisco Lucas
En esta historia hay una diferencia importante entre “estar” y “hacer”. Y aquí es donde conviene poner en valor, con hechos, lo que se ha movido desde el PSOE de Cartagena y desde la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.
Francisco Lucas, como delegado del Gobierno, ha convertido SABIC en un asunto que no se queda en el lamento local. Ha recibido al comité de empresa, ha trasladado apoyo explícito y ha defendido la necesidad de mantener empleo y actividad, situando el conflicto donde se toman decisiones: en la interlocución directa con el Ministerio de Industria y en la exigencia de compromisos empresariales.
Esa línea no es retórica cuando desemboca en agenda concreta. Lucas anunció la reunión del ministro Jordi Hereu con la dirección de SABIC en Madrid con el objetivo declarado de intentar evitar el cierre y el despido masivo, y lo hizo tras reunirse en Cartagena con representantes de la plantilla y sindicatos. Este movimiento tiene un valor político real: pone al Gobierno de España como actor implicado, no como espectador, y abre una vía para condicionar la operación y exigir responsabilidades.
Además, el planteamiento de una mesa de diálogo —con agentes sociales, con el comisionado para la reindustrialización y con el foco en alternativas reales— introduce algo que suele faltar en la Región de Murcia: planificación y presión institucional sostenida, no solo declaraciones sueltas. La reindustrialización, cuando se menciona en serio, no es un titular bonito; es una última red de seguridad para una comarca que no puede permitirse quedarse sin motor productivo.
Y en lo municipal, aunque no todo el protagonismo sea del PSOE, sí se ha reforzado el “frente” institucional: el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó una declaración de apoyo a la plantilla y de rechazo al cierre, recordando incluso el contexto de beneficios y condiciones de implantación. Ese marco político —unidad, exigencia de garantías, y presión a la empresa— es imprescindible para no normalizar el desmantelamiento como si fuera meteorología.
En paralelo, la Asamblea Regional aprobó por unanimidad una declaración institucional reclamando responsabilidad, diálogo, transparencia, garantías para el mantenimiento de puestos de trabajo y actividad, e inversiones para modernizar instalaciones. Esa unanimidad no resuelve el problema, pero marca una línea: no se puede mirar hacia otro lado mientras se desangra empleo industrial.
Lo progresista aquí no es ponerse una medalla: es entender que cuando el mercado amenaza con romper vidas, la política debe servir para protegerlas. Lo que se valora de estas acciones no es el color del carnet, sino el sentido: presencia junto a la plantilla, llamadas arriba, reuniones con capacidad real de presión y el intento de evitar que la historia acabe en un “plan social” que suele traducirse en: “apáñense como puedan”.
La empresa, el fondo y el coste de irse
A SABIC se le puede exigir algo más que un comunicado y una salida ordenada. Porque una gran multinacional no aterriza en un territorio como si fuera una isla. Se beneficia de un ecosistema: infraestructuras, logística, mano de obra cualificada, servicios auxiliares, estabilidad institucional y, a menudo, condiciones de implantación ventajosas que las administraciones justifican precisamente por el empleo que generan. Cuando esa empresa decide cerrar o trocear actividad, no está tomando una decisión neutral: está trasladando el coste a familias enteras y a un territorio que luego tiene que recomponerse como puede.
El debate se ha ensuciado a veces con una falsa dicotomía: “la empresa es privada”. Sí. Pero el daño no es privado. El daño es social. Y cuando el daño es social, la exigencia de responsabilidad también lo es. No se trata de “criminalizar” por deporte, se trata de pedir transparencia y garantías, y de denunciar la lógica de la operación cuando huele a manual: reordenar, vender, recortar, cerrar lo que no encaja en la rentabilidad del corto plazo.
La plantilla, por cierto, no está actuando por capricho. El paso de la acampada a la huelga para presionar al comprador y la espera de reuniones clave se explican por la desconfianza. Porque cuando se teme que el desenlace sea el cierre, cada día sin información es un día de angustia añadido. Y esa angustia, cuando se alarga, rompe por dentro: no puedes planificar, no puedes decidir, no puedes ni respirar con normalidad.
Algunos medios han puesto cifras y nombres al golpe: miles de historias detrás del posible cierre, un impacto que no se limita a “varios cientos” de empleos directos y que se proyecta sobre miles de indirectos y sobre toda la economía auxiliar. No es una exageración: en la industria, cuando cae un pilar, caen muchas vigas. Y en Cartagena eso lo sabe cualquiera que haya tenido un familiar en una contrata o un vecino que vive “de la refinería”, “de la química” o “de lo que salga” alrededor del complejo industrial.
Por eso también ha habido movilización social y sindical en la calle, con un mensaje simple: aquí no se está defendiendo una fábrica, se está defendiendo una forma de vida. Y esa defensa, por una vez, debería tomarse como un aviso a navegantes: o se protege industria con derechos o la Región de Murcia seguirá condenada a la precariedad estacional, a los sueldos bajos y a la emigración juvenil como válvula de escape.
López Miras: resignación como modelo
Y luego está lo que no se hace. El Gobierno regional y Fernando López Miras han aparecido en el relato con una palabra que, en un conflicto así, suena a derrota anticipada: resignación. No lo digo yo; lo han señalado públicamente desde la Delegación del Gobierno al comparar la implicación del Ejecutivo central con la actitud del presidente autonómico. Cuando tu postura se percibe como “pedir un plan de recolocación” en vez de pelear por mantener actividad, estás asumiendo que el cierre es una fase del proceso, no un problema a evitar.
Y ojo: exigir un plan social no es malo en sí mismo. Lo malo es que sea lo único. Porque un plan social suele llegar cuando ya está decidido que la actividad se recorta o se va. Es el paraguas cuando ya estás empapado. Y en una comarca como Cartagena, con memoria industrial y con dependencia de grandes instalaciones, esa estrategia es peligrosísima: normaliza que el territorio siempre pierde y que el papel de la administración es amortiguar el golpe, no impedirlo.
Si el presidente regional quiere liderar algo, este es el momento. No cuando haya que cortar cintas. Ahora. Porque si la planta se apaga, el daño será estructural y la recuperación no la arregla un par de titulares ni una campaña de “atracción de inversiones”. La industria no se improvisa. Se protege, se moderniza, se planifica y se defiende con uñas y dientes cuando la amenazan.
Lo que se percibe, sin embargo, es un inmovilismo cómodo: esperar a ver qué pasa, repetir que se “está encima”, pedir reuniones, y confiar en que el ruido se apague solo. Pero aquí el ruido no es un problema de comunicación: es el sonido real de una comarca que sabe lo que significa perder empleo industrial. Y esa es una diferencia esencial. En otros territorios, cuando se juega un pilar productivo, se moviliza todo el aparato institucional. Aquí, demasiadas veces, se llega tarde o se llega para la foto.
Porque esto no va solo de macroeconomía. Va de la mujer que limpia en una contrata y que ya está haciendo cuentas. Va del chaval que entró hace poco y que pensaba que por fin tendría algo estable. Va del padre que no quiere decir en casa que igual se queda sin trabajo. Va de esa sensación de tortura lenta que describen quienes están dentro, esperando noticias como quien espera un diagnóstico.
Y también va de dignidad colectiva. Cartagena no puede acostumbrarse a que le cierren industria como quien baja una persiana. No puede seguir aceptando que el “desastre social” se gestione con frases vacías. Si SABIC se va o se recorta hasta quedar irreconocible, la comarca lo pagará en empleos, en consumo, en oportunidades y en autoestima. Y no es una metáfora: es la vida de miles de personas.
La pregunta final, la que debería perseguir a cualquier responsable público, es sencilla: ¿para qué sirve un Gobierno si no es para defender a su gente cuando de verdad tiembla el suelo? Aquí hay quienes han activado reuniones, presión y agenda. Y hay quienes parecen esperar. En una crisis industrial, esperar es elegir bando. Y en Cartagena, esperar suele acabar significando lo mismo: que el golpe lo encaja la comarca y el beneficio se lo lleva otro.
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