La Junta de Personal alerta de una “situación crítica” en parques y flota, y advierte que mantendrá las protestas hasta ver los compromisos publicados oficialmente
La Junta de Personal y los delegados del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia han hecho pública una denuncia contundente contra el Gobierno regional que preside Fernando López Miras y contra el consejero Marcos Ortuño, a quienes atribuyen un “incumplimiento continuado y deliberado” de los compromisos adquiridos con la plantilla. El comunicado, difundido como nota pública, sitúa el conflicto en una escalada que viene de años y que ahora se proyecta, además, en los propios vehículos y parques del servicio, donde han aparecido pancartas y pintadas con mensajes directos contra el Ejecutivo autonómico.
Según el relato de los representantes de los trabajadores, el origen inmediato del choque se remonta a las movilizaciones de 2021 y 2022, cuando los bomberos realizaron protestas y dejaron de hacer horas extraordinarias para evidenciar lo que consideran una “falta estructural de personal” y un “riesgo real” para los municipios de la Región de Murcia. Aquella presión desembocó —siempre según el comunicado— en un acuerdo firmado en 2022 con tres compromisos centrales: la creación de 120 plazas estructurales, la negociación de un nuevo marco de condiciones laborales antes de finalizar ese mismo año y la garantía de que ningún trabajador cobrara por debajo del valor de la hora ordinaria.
La Junta de Personal sostiene que esos puntos no se han cumplido “en su totalidad” y que, lejos de reconducirse, los incumplimientos se habrían repetido en 2023. El texto añade que en 2025 se entregó un borrador de acuerdo marco que, a día de hoy, continúa “sin respuesta”, y que los compromisos más recientes, adoptados por escrito en mesa general, tampoco habrían sido respetados en la práctica.
Un conflicto arrastrado desde 2022: plazas prometidas, acuerdos firmados y un cuadrante “impuesto”
La nota de la representación sindical insiste en que la plantilla no discute “promesas”, sino condiciones que vinculan directamente la seguridad del servicio con la seguridad pública. En ese marco, señala dos cuestiones concretas que, a su juicio, ilustran el patrón de compromisos que no llegan a materializarse: la implantación de la jornada de 35 horas y el factor reductor por nocturnidad y profesión de riesgo.
Los delegados afirman que el Gobierno regional se comprometió por escrito a aplicar esas medidas, pero que el cuadrante finalmente implantado “ignora lo firmado”. Es una acusación que, de confirmarse, tendría una doble lectura: una, laboral, por el posible impacto en derechos y organización del trabajo; y otra operativa, por cómo la planificación de turnos se relaciona con la cobertura real de los parques y con la dotación mínima para intervenir con seguridad.
El comunicado también refleja un estado de ánimo de hartazgo dentro del servicio. “La plantilla está harta”, afirman los representantes, que aseguran haber trasladado un mensaje interno sin matices: las reivindicaciones continuarán “hasta que los acuerdos no se cumplan y se publiquen oficialmente”. En esa frase hay un elemento clave: la exigencia de publicación, es decir, de formalización y de garantías frente a anuncios o compromisos que la plantilla considera que se quedan en papel mojado.
En paralelo, el texto sitúa al Gobierno regional ante lo que denomina una responsabilidad “legal y moral” de garantizar un servicio de emergencias “digno, seguro y dimensionado a la realidad” de la Región de Murcia. La formulación no es neutra: enmarca el conflicto como un problema de gestión pública y no como una mera negociación laboral, y pone el foco en la capacidad real de respuesta en incendios, rescates y emergencias.
“Situación crítica” en parques y medios: personal mínimo, flota envejecida y equipos caducados
La parte más detallada de la denuncia enumera una batería de carencias que, según la Junta de Personal, dibujan un servicio al límite. En su comunicado sostienen que “más de diez parques” no cuentan con el mínimo de personal exigible para intervenir con seguridad. También alertan de un problema de medios materiales: aseguran que solo un 10% de los municipios dispone de vehículos de altura adecuados y que existen vehículos operativos con más de 25 años de antigüedad.
La denuncia incluye además referencias directas a la prevención y a la protección individual. Los representantes afirman que, “en la mayoría de los casos”, no se cumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y añaden un catálogo de déficits: falta de uniformidad suficiente para la reposición de trajes de intervención; equipos de protección con deficiencias; trajes y cascos “caducados”; y ausencia de garantías adecuadas de descontaminación tras intervenciones con agentes peligrosos.
En la nota, estas carencias no se presentan como un problema interno, sino como un riesgo para la ciudadanía. “Esta situación no solo compromete la seguridad de los profesionales, sino también la de la ciudadanía”, sostienen, conectando el debate laboral con la prestación del servicio público. Es una idea que, además, aparece reforzada por las imágenes difundidas junto a la denuncia: vehículos del servicio con mensajes pintados que apuntan directamente a los máximos responsables políticos.
En esas fotografías se ven camiones y vehículos con pintadas en grandes letras. En uno de los laterales puede leerse “L. Miras y Ortuño no + mentiras”, junto a un “SOS” y un “PP culpable”. En otra imagen aparece el mensaje “L. Miras Ortuño – promesas + acuerdos”. También se aprecia, en distintos planos, la crítica a la antigüedad de los medios, con una referencia visible a “más de 20 años” en un vehículo, en línea con lo que denuncia la Junta de Personal sobre flota envejecida. En otro camión, el mensaje se dirige a terceros actores políticos y contiene alusiones a “engaño”, en un tono que evidencia el nivel de tensión y la intención de hacer el conflicto visible fuera de los cauces internos.
La propia nota subraya esa estrategia: “Esta situación se evidencia en las pancartas en los parques y las pintadas en los camiones”. Y añade un elemento especialmente sensible, que eleva la gravedad del contexto: según los representantes, “ante esta situación, se han recibido amenazas personalizadas en los responsables de las guardias”. El comunicado no concreta el origen, el contenido exacto ni la vía de esas amenazas, pero sí las vincula al clima generado por las protestas y la visibilización del conflicto.
Esta redacción intentó recabar la versión del ejecutivo regional sin que hasta la fecha de la publicación de esta información haya recibido respuesta alguna a sus preguntas.
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