El PSOE sostiene que la CARM lleva más de siete años frenando el convenio con CASA47 y el Ayuntamiento y acusa al PP de “silencio cómplice” en Cartagena
La senadora socialista por la Región de Murcia, Mariló Flores, ha denunciado que el Gobierno regional está paralizando desde hace más de siete años el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Cartagena por su negativa a firmar un convenio de colaboración con CASA47 —la antigua SEPES— y con el Ayuntamiento de Cartagena. Según la información trasladada por el PSOE, esa negativa se traduce, en la práctica, en un bloqueo del proyecto al impedir la adquisición de los terrenos ofertados por la entidad estatal, condición necesaria para formalizar el acuerdo entre las tres partes implicadas.
La denuncia llega en un contexto en el que la logística y el suelo industrial se han convertido en piezas estratégicas para el tejido productivo de Cartagena y su área de influencia, especialmente por el peso del puerto, de la industria y de la actividad de transporte asociada. En ese marco, la ZAL aparece planteada como un nodo para concentrar servicios, facilitar la implantación de empresas y dar soporte a la actividad industrial. Sin embargo, el PSOE sostiene que el proyecto sigue atascado por una decisión política del Ejecutivo autonómico: no comprometer recursos para adquirir el suelo y no firmar el convenio que desbloquearía la tramitación.
El comunicado socialista enlaza directamente esa negativa con el argumento del endeudamiento. Flores afirma que la administración autonómica ha rehusado formalizar el convenio “excusándose en el elevado endeudamiento” de la Comunidad, y añade una crítica política adicional: por un lado, el PP rechaza una quita de deuda propuesta por el Gobierno de España y, por otro, frena —según su versión— el desarrollo económico e industrial de Cartagena por “su nefasta gestión económica”. “Es intolerable”, sostiene la senadora en la nota difundida por el PSOE regional.
En su planteamiento, el bloqueo de la ZAL no sería un episodio puntual, sino un síntoma de una política regional que, a juicio del PSOE, utiliza el endeudamiento como coartada para no asumir compromisos de inversión, incluso cuando el proyecto se presenta públicamente como estratégico. La senadora también introduce un elemento de confrontación local: acusa de “silencio cómplice” a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, al considerar que no estaría presionando al Gobierno regional para que cumpla con el convenio y aporte financiación.
Terrenos de CASA47 y un convenio que no llega: el origen del bloqueo
Según la nota, el suelo sobre el que se plantea el desarrollo de la ZAL de Cartagena es propiedad de CASA47, entidad que adquirió los terrenos y realizó actuaciones previas de carácter técnico y de infraestructuras. En concreto, el comunicado atribuye a la antigua SEPES —ahora CASA47— haber llevado a cabo estudios técnicos, ejecutar obras de infraestructura viaria y de saneamiento y redactar el Plan Parcial para ordenar la zona de forma pormenorizada.
El texto añade un antecedente urbanístico relevante para entender por qué la operación necesita un nuevo marco: el Plan General de 2012 fue anulado por los tribunales, lo que afectó a la tramitación del plan parcial mencionado. En ese contexto, sostiene el PSOE, el desarrollo de la ZAL debía ir ligado a la firma de un nuevo convenio entre el Gobierno regional, el Ayuntamiento de Cartagena y la entidad estatal propietaria del suelo. Ese convenio, sin embargo, sería precisamente lo que la administración autonómica se niega a firmar.
La senadora sitúa una fecha concreta como hito: el 14 de diciembre de 2018, el Consejo de Administración de SEPES aprobó la firma del convenio que establecía la disposición de la entidad para facilitar el suelo de Los Camachos. Para el PSOE, ese acuerdo evidencia que el problema no estaría en la disponibilidad del suelo por parte de la entidad estatal, sino en la falta de compromiso económico del Gobierno regional para cerrar la operación.
El comunicado asegura también que en 2024 se retomaron las conversaciones con el Gobierno regional para impulsar el desarrollo de la ZAL y que CASA47 habría realizado “múltiples ofertas”, todas ellas rechazadas por la Comunidad con el argumento del endeudamiento. La senadora utiliza esa secuencia para reforzar su idea de que la Región de Murcia no estaría moviendo ficha para convertir el proyecto en realidad, pese a llevar años sobre la mesa y pese a que el propietario del suelo habría mostrado disposición a acordar condiciones.
Crítica al “Plan Industrial” y foco en Cartagena: “No aportará ni un euro”
La nota incorpora una segunda línea de crítica, vinculada a la comunicación política del Gobierno regional. Flores afirma que el Plan Industrial que el Ejecutivo autonómico presentó a principios de febrero asegura que la ZAL de Cartagena “avanza como nudo logístico y estratégico”, pero considera que ese documento no explica “de qué forma” ni detalla la implicación real de la administración regional para que el proyecto avance.
La acusación más directa llega al final del comunicado: según la senadora, el Gobierno regional “no tiene previsto aportar ni un euro” para que la ZAL sea una realidad. Con esa frase, el PSOE busca poner el foco en la distancia entre los discursos sobre estrategia industrial y logística y el compromiso presupuestario efectivo para materializar proyectos sobre el terreno.
El texto socialista plantea, en definitiva, que la ZAL de Cartagena acumula años de retraso por la falta de un acuerdo institucional que requiere la implicación económica del Gobierno regional. Y lo presenta como un bloqueo con consecuencias para el desarrollo industrial y logístico de Cartagena: sin convenio y sin adquisición del suelo, el proyecto no despega.
La denuncia también evidencia la dimensión política del asunto: mientras el Gobierno regional defiende un relato de avance en planificación industrial, la oposición intenta fijar otro, centrado en la parálisis y la falta de financiación. En medio, la ZAL continúa sin convertirse en la infraestructura logística que se anuncia desde hace años, con un debate público que vuelve a girar alrededor del mismo nudo: quién firma, quién paga y quién asume el coste político de seguir dejando el proyecto en punto muerto.
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